Los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo acaban de crear un registro de exportaciones para todas las carnes con dos argumentos: que necesitan monitorear que el producto no falte y que se busca además evitar maniobras de subfacturación que se habrían detectado por parte de un grupo de operadores. Al menos el segundo de esos argumentos es bastante falaz.
La Aduana, que es el organismo que entiende en materia de controles del comercio exterior, no solo ya tiene su registro de empresas exportadoras e importadoras sino que además en los últimos tiempos viene estableciendo precios de referencia para ciertos productos exportables. Los acaba de hacer de nuevo, para los ajos.
Estos valores de referencia tienen justamente el objetivo de desalentar maniobras de subfacturación. Esto es declarar un valor menor por un productor exportado para tributar menos y liquidar a la vez menos divisas, dejando parte de los dólares fuera del país.
En las últimas horas, la Aduana publicó la Resolución General 4969 y determinó el valor de referencia de carácter preventivo para distintos tipos de ajo con destino a 14 países. La Argentina es uno de los grandes jugadores en el comercio de esa especie. Su producción se concentra en Mendoza.
La norma establece para la exportación de distintos tipos de ajo valores que van desde los 0,50 dólares por kilo hasta los 1,84 dólares por kilo, según cada una de las clasificaciones. Estos precios de referencia rigen para embarques hacia China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Japón, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
“Con los valores referenciales, la Aduana encabezada por Silvia Traverso cuenta con una herramienta para detectar desvíos respecto de los valores de exportación usuales para mercaderías idénticas o similares. Estos precios de referencia constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal”, explicó el organismo, dejando en offside, al menos en uno de sus argumentos, a los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas.
Ambos funcionarios firmaron el martes una resolución conjunta en la que se crean las Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), para las especias vacuna, aviar, porcina, caprina y ovina. Esto implica que, además de ser autorizados por la Aduana (que verifica la situación de cada empresa) y el Senasa (que certifica la sanidad de cada embarque), los exportadores de carne deberán atravesar un nuevo filtro oficial. Al presentar su Declaración Jurada deberán declarar el precio de venta de la mercadería.
Pero en su gacetilla, la Aduana insiste en que eso no sería necesario. “El organismo dependiente de la AFIP establece precios testigo como instrumentos para detectar la subfacturación en las exportaciones. Se busca identificar posibles maniobras abusivas en el comercio exterior que impactan en el plano fiscal y también en el mercado cambiario”, se explicó.
Y lo peor de todo es que ya hace algunos meses la propia Aduana estableció valores de referencia a las exportaciones de carne vacuna destinadas a China (el principal mercado nacional, con 75% de los envíos) y otros países.
Los valores referenciales también se fijaron para la carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, los arándanos, la leche en polvo, la cebolla, la papa, las pasas de uva y la corvina. También se buscó evitar la sobrefacturación en operaciones de importación (a la inversa) para auriculares y radiadores para calefacción central, los clavijeros para instrumentos musicales, los textiles de poliéster y dientes artificiales.
