La Mesa de Enlace que integran CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria está siendo jaqueada en distintos frentes: uno de ellos es el INTA, donde hay sectores ligados al kirchnerismo que buscan reemplazarlos en sus sillas en el Consejo Directivo del organismo. Ahora se les abre un nuevo frente de conflicto más grave todavía: la Uatre, el gremio de trabajadores rurales, quiere revisar la participación de los ruralistas en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre).
Lo planteó con todas las letras el nuevo secretario general de la Uatre, José Voytenco, a quien le toca ejercer este año además la presidencia rotativa del Renatre. “Para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias”, escribió el sindicalista.
Esto, en los hechos, significaría revisar la actual estructura del Renatre, un ente mixto que se puso en marcha en 2002, con la sanción de la Ley 25.191, que estableció la obligatoriedad de la Libreta del Trabajador Rural. En esa ley, impulsada por el histórico líder del gremio rural, Gerónimo Momo Venegas, se dispuso crear un registro de administración compartida entre el sindicato y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Hay cuatro directores por lado.
Voytenco, que está tomando una visible distancia de sus antecesores en el cargo, planteó la necesidad de revisar esta convivencia con argumentos de mucho peso: Afirmó que veinte años después el Renatre no cumplió con sus objetivos de registrar a la masa de trabajadores rurales porque justamente “el zorro está cuidando el gallinero”. Es decir, culpó a la parte empresaria de retrasar esta tarea.
“Existen en la actualidad alrededor de 350 mil trabajadores y trabajadoras rurales registrados, pero no menos de 500 mil todavía trabajan sin estar registrados, sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud ni aportes al sistema previsional, muchos de ellos padeciendo situaciones de explotación laboral o trata de personas, a los que hay que sumar un número aún indeterminado de niños y niñas que trabajan en el campo cuando tendrían que estar jugando y educándose”, enfatizó el dirigente chaqueño.
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Luego Voytenco evaluó que los resultados de la aplicación de la Ley 25.191 “no se compadecen con los altos objetivos que le dieron origen a esta institución (en referencia al Renatre)”.
“Todos estos años se produjeron muchos e innegables logros, pero, sin embargo, el problema de fondo no fue solucionado. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Para nosotros, hay un motivo principal y es el natural conflicto de intereses entre el sector patronal y el sector obrero”, se explayó.
Luego de atribuir a la Uatre ser la única autora intelectual de este modelo mixto de gestión del registro de trabajadores rurales, el nuevo secretario general del gremio explicó: “Lo hicimos porque entendemos que los trabajadores rurales necesitamos más y mejores emprendimientos, más y mejores puestos de trabajo, y para eso tenemos que trabajar mancomunadamente con el sector patronal”. Recordó que así nació la consigna “Somos el Campo”, que es característica del Renatre compartido con las patronales del agro.
Pero luego aclaró que “cuando pasamos a la gran tarea de la registración laboral o, dicho claramente, a la lucha contra el trabajo no registrado y la explotación laboral, ahí ha aparecido siempre el conflicto de interés”.
“Es casi una obviedad recordar la fábula del zorro en el gallinero, pero lo cierto es que los patrones no son zorros y los trabajadores no somos gallinas, lo que sí es cierto y concreto es que la vocación por terminar definitivamente con la situación de indignidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras rurales está en el pensamiento y en la acción de la UATRE, entidad gremial que los representa, y no en las entidades que representan a los patrones”, remarcó.
Entrando en el territorio de las propuestas, Voytenco señaló que “para poder terminar en un plazo cierto con el trabajo no registrado, y por lo tanto ilegal, en el sector agropecuario, el poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias”.
Y reclamó, abriendo un nuevo frente de conflicto para la Mesa de Enlace: “Es
imprescindible la actuación de los legisladores nacionales para modificar la Ley y hacer del RENATRE una institución fuerte y con las herramientas necesarias para concretar la misión para la cual fue creado”.
Bichos de Campo entrevistó hace pocas semanas al nuevo secretariod e la Uatre:
Desde su asunción en la Uatre, el dirigente chaqueño tomó distancia no solo de Venegas sino de Ramón Ayala, el ex secretario general que murió de covid a fines de 2020. Esos dos dirigentes habían mantenido siempre una relación amistosa con las entidades agropecuarias tradicionales. Venegas, incluso, salió de la CGT y del partido justicialista (fundó su propio partido FE) en momentos en que el gobierno de Cristina Kichner mantenía un duro conflicto con la Mesa de Enlace por las retenciones móviles.
Esto le costó al gremio Uatre y a la Mesa de Enlace la estatización del Renatre en 2011. Por unos años se convirtió en el Renatea y fue dirigido por el Estado, sin consulta ni al gremio ni a los empleadores. Este proceso duró hasta que en 2016 la Corte Suprema ordenó reestablecer el Renatre para dar cumplimiento a la ley de 2002.En ese lapso en manos del estado, hay que decirlo, los números de empleados registrados tampoco mejoraron.
Voytenco, quien viene acercándose al oficialismo y hasta ha manifestado querer participar de la nueva conducción de una CGT unificada, empezó a colisionar duro con las entidades agropecuarias cuando reclamó a fin de año un bono especial de 15 mil pesos para los trabajadores rurales. Como las patronales se negaron,m finalmente se impuso un adicional especial de 10 mil pesos, con apoyo de los representantes del Estado en la comisión paritaria.
Para la Uatre, en ese episodio quedó en evidencia “la existencia de una posición profundamente anti obrera de buena parte de la corporación empresarial”.
“Seguimos creyendo en la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector obrero, el empresariado y el estado para generar políticas públicas que permitan un auténtico desarrollo de este sector estratégico de nuestra economía y que tiene un enorme potencial. Pero en la gran tarea de poner fin a la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil en el sector agropecuario, tenemos que ser los trabajadores, en conjunto con los organismos pertinentes del Estado, los que aseguremos llegar al fondo de esta cuestión, para concretar como realidad efectiva que todo el peso de la ley caiga sobre los delincuentes explotadores y negreros, cuya existencia es una vergüenza nacional que no merece nuestro sector y que no podemos ni debemos seguir soportando”, finalizó el dirigente sindical.
