El Ministerio de Agroindustria cumplió este jueves con su promesa de derogar (o “abrogar”, como le gusta decir a los burócratas) varias decenas de resoluciones inservibles o que quedaron obsoletas.
Este proceso de revisión de la legislación vigente se había iniciado a fines de noviembre de 2017, ni bien asumió el cargo Luis Miguel Etchevehere, con el dictado de la Resolución 381/2017. En total, luego de cuatro meses de trabajo y y un mes más de revisión, se anularon la módica suma de 612 normas.
“Esto permitirá agilizar y ahorrar tiempo a la actividad agroindustrial”, destacaron desde la cartera agropecuaria.
Lo importante es que esta misma semana comenzaron a conocerse los listados de resoluciones que ya no tienen sentido, y que muestran que muchas veces los proyectos oficiales son debatidos y escritos, y que se dictan normativas que luego, o por el cambio de contexto o por el cambio de ministros, nunca se aplican.
La Resolución 126 que se publicó en el Boletín Oficial incluye un anexo con nueve páginas de resoluciones derogadas que corresponden directamente al Ministerio de Agroindustria. Allí podemos encontrar varios ejemplos de resoluciones “abrogadas”: 1) La 120 de marzo de 2011 que creaba el Programa Agricultura Inteligente (AI). 2) La 570 de julio de 2011, que creaba el Programa Nacional de Prácticas. 3) La 421 de agosto de 1990 que creaba la “Comisión Nacional Asesora de Cosecha Gruesa”. 4) La 70 de diciembre de 2005 que creaba el “Programa Nacional de soja” 5) La 90 de marzo de 2006 que creaba la Mesa Nacional de Papa. 6) La 496 de noviembre de 2008 que creaba el Programa de Desarrollo de Economías Regionales. 7) La 334 de mayo de 2012 que creaba el Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER). 8) La 460 de noviembre de 2010 que creaba el Programa para Elaboradores de Vinos.
Y así podríamos seguir. Pero los ejemplos dan cuenta efectiva de la gran cantidad de tinta que se gasta en el Estado escribiendo resoluciones que luego no llegan a aplicarse.
Este jueves también se publican los listados de normas viciadas que encontraron los funcionarios del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dos organismos descentralizados.
Según informó Agroindustria, “la derogación normativa comprende registros estatales existentes, comisiones nacionales y asesoras, diversos programas, foros que han sido remplazados por las mesas de competitividad y otras normas, que ya no debían aplicarse a la agricultura, pesca, ganadería y a la actividad vitivinícola”.
Lo más interesante, luego de la limpieza, es que la nueva resolución firmada por Etchevehere establece que las nuevas normas que dicte de aquí en adelante el Ministerio y que impongan cargas a los productores y ciudadanos, tendrán fecha de vencimiento de no más de cuatro años. “Al llegar a este período y luego de una instancia de evaluación, podrán ser prorrogadas por otros cuatro”, se indicó.
Es decir, que se obliga a un mecanismo de revisión que dura lo mismo que un gobierno, de modo de no seguir acumulando tanta basura burocrática bajo la alfombra.
