Productor ganadero en Bahía Blanca, Jorge Grimberg asumió como presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) en marzo de 2023 en representación de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), dentro del esquema de rotación de la presidencia entre las cuatro organizaciones de la Mesa de Enlace. Curiosamente, fue en el propio seno de CRA donde se escucharon cuestionamientos hacia el rol de ese instituto mixto creado por ley nacional en 2001, donde productores, frigoríficos y el Estado deben trabajar en conjunto para promover mercados para la carne.
Días atrás, en el consejo directivo de CRA, estos cuestionamientos volvieron a debatirse: es que varias sociedades rurales de base, algunas de Córdoba, otras del norte de Santa Fe, y finalmente algunas otras del Chaco, pedían explicaciones sobre el destino de los fondos que el IPCVA recauda por cada cabeza faenada, en una proporción de 70% por el productor y 30% por el frigorífico.
“No tenemos nada que esconder ni problemas para ir a hablar con cualquiera que requiera explicaciones”, dice ahora Grimberg ante una consulta de Bichos de Campo, ya que hubo algunos dirigentes cordobeses, básicamente de la rural de Río Cuarto, que se negaron a viajar a Buenos Aires y reclaman la presencia delos directivos en la provincia. Con otra de las rurales de la zona, la de Jesús María, las cosas comenzaron a encaminarse cuando sus dirigentes visitaron la sede porteña del instituto y zanjaron los temas pendientes.
Estas polémicas nacieron cuando a fin de 2023 el IPCVA anunció una suba de los aportes obligatorios (definidos en la ley) de ganaderos y faenadores del 23% para enero pasado. Grimberg explicó que resultaba imposible evitar esa corrección, por cuanto el Instituto tuvo que afrontar gastos suba mucho mayores tanto en el interior del país, como por el efecto de la devaluación sobre el peso de los servicios que contrata en el exterior, que antes cotizaban a dólar oficial y ahora quedaron en Contado con Liquidación.
Frente a este aumento, que fue inferior al del valor de la hacienda, hubo varias rurales de base que pidieron explicaciones sobre los gastos del Instituto. Grimberg, frente a este planteo, dijo que por pedido de CRA concurrió a una reunión en Buenos Aires, pero que no tiene problemas en viajar a las provincias si se puede explicar qué hace el IPCVA a los productores en un marco amigable.
En ese sentido, recordó que cualquier puede consultar el balance correspondiente al ejercicio 2022 porque el mismo, así como todos los anteriores, son de acceso libre en la web institucional. Y recordó que ni bien suceda la asamblea anual, en marzo próximo, será publicada la memoria y balance correspondiente a 2023. “No hay ninguna animosidad de esconder nada. El balance está siempre disponible y es público. Allí cualquiera puede saber como se gastaron los recursos”.
“Algunos, por ejemplo, nos preguntan por qué participamos de una feria internacional. La ley de creación dice que uno de los objetivos fundamentales del IPVCA es tratar de buscar y abrir nuevos mercados. A esas exposiciones van Irlanda, Australia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay o Paraguay, todos los países que venden carne como la Argentina. ¿Cómo no vamos a estar? No se puede no estar”, indicó.
Grimberg consideró que muchas veces los interrogantes que se hacen los productores son lógicos y razonables, en especial en el contexto político actual, donde se han puesto en revisión muchos gastos superfluos. Pero reivindicó la tarea del IPCVA tanto en el exterior como dentro del país, con capacitaciones constantes a miles de productores y apoyando trabajos de investigación, que finalmente se ponen al servicio de toda la cadena. Citó como ejemplos una beca actual a científicos del Conicet para estudiar modelos que permitan enfrentar la amenaza europea de dejar de comprar carne desde zonas que hayan sido deforestadas. U otro estudio junto al INTA para medir la huella de carbono de frigoríficos y campos ganaderos, para poder así demostrar que la carne argentina es sustentable.
También relativizó que el impacto del aporte obligatorio, que con el aumento se ubicó en 834 pesos por cabeza para los productores, más otros 375 pesos a cargo de la industria frigorífica, no pone en riesgo la continuidad de ninguna explotación ganadera. “El aporte del productor equivale a medio kilo vivo pro animal faenado. O dicho de otro modo, una jaula de haciende tiene actualmente un valor de 25 millones de pesos, pero el productor paga 30 mil pesos para el Instituto”, definió.
Le pedimos a este señor publique gastos de sueldos, viáticos y otras yerbas dilapidados por este nefasto organismo