Si bien la noticia central de la semana fue la prohibición de registrar embarques de harina y aceite de soja, existe otro producto –con menos prensa– que también están en los planes del gobierno.
Se trata del biodiésel, el cual, gracias a la escalada alcista del valor internacional del petróleo y los programas de descarbonización presente en muchas naciones europeas, viene registrando una demanda creciente.
En la actualidad el biodiésel, que en la Argentina se elabora en un 100% con aceite de soja, tiene un derecho de exportación del 29% del valor FOB y el equipo económico del gobierno nacional tiene planes para llevar esa alícuota al 33%.
En 2021 las exportaciones argentinas de biodiésel sumaron 1259,5 millones de dólares FOB, mientras en enero de este año, según el último dato oficial disponible, sumaron 232 millones de dólares.
La suba de la alícuota en biodiésel permitiría generar una recaudación adicional de 8 a 10 millones de dólares mensuales a costa de restar capacidad de pago a las industrias aceiteras, que son las mayores elaboradoras y exportadoras del biocombustible.
El mayor perjudicado por la medida será (de hecho está siendo ya) el productor agrícola, dado que la menor capacidad de pago de la industria se refleja en menores precios FAS de la soja en el mercado argentino.
Los mayores elaboradores de biodiésel argentino son T6 Industrial (integrada por AGD y Bunge), Renova (Viterra), LDC Argentina, Cofco y Cargill.
