Contábamos en una crónica del pasado 5 de diciembre pasado que el pretendido “secretario de Bioeconomía”, Fernando Vilella, se presentaba en sociedad junto a su equipo en una vieja casona de San Telmo, frente a un auditorio que poca gente podría llegar a reunir: un centenar de importantes empresarios del sector agropecuario, la elite de las pampas que había sido convocada por la empresa de inversiones AdBlick.
Vilella, que finalmente dejó a varios de aquel equipo en el camino y tuvo que aceptar asumir como un simple y tradicional “secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca”, fue presentado ante los grandes empresarios pampeanos entonces nada menos que por Héctor Huergo, el histórico editor de Clarín Rural, que siempre resume bien los intereses de esa elite productiva. Todos los que estuvieron allí lo recuerdan: El comunicador del agro-establishment se desvivió en elogios frente a la oportunidad histórica que se abría con la llegada de Javier Milei y de Vilella al gobierno.
Pasó menos de un mes y hasta Huergo, frente a las decisiones que viene tomando el gobierno libertario, está viviendo una metamorfosis, que ha producido un visible giro en sus tonos. En su última nota editorial, critica la persistencia de las retenciones solo a los fines recaudatorios, y carga en especial contra la eliminación del diferencial de 2 puntos entre la soja y sus derivados, que perjudican sobre todo a la poderosa industria aceitera. “El gobierno insiste en que esto es transitorio. Los actores económicos saben que es muy difícil desandar el camino de los impuestos. El mayor desafío en la era de la libertad y la desregulación, es terminar con los gravámenes contra natura. Ojalá no sea este el primer paso en falso de la era Milei”, criticó el escriba de la segunda revolución de las pampas.
¿Qué pasó en menos de un mes? ¿Por qué quien se ilusionaba tanto e incluso contagiaba a los empresarios con una etapa histórica ahora critica los primeros movimientos del nuevo gobierno?
La situación es confusa, sobre todo cuando se cruzan noticias como una encuesta de la Universidad Austral, el AgBarometer, que da cuenta de que “el 95% de los productores agropecuarios piensa que las políticas económicas de Milei mejorarán su rentabilidad” y por eso ese “índice de confianza” rural se ubicaba en 117 puntos, con una suba de 17% con respecto a la medición anterior (de septiembre pasado) y del 74% en términos si se lo compara con noviembre 2022.
Ese trabajo mostró una confianza excesivamente alta de los productores líderes en torno a Milei. Pero luego, yendo a la letra chica, se entiende que la medición se hizo en noviembre y los primeros días de diciembre, justo en el mismo tiempo en que Huergo presentaba a Vilella como la gran solución del agro argentino y se ilusionaba con el salto virtuoso hacia la bioeconomía. A muchos productores les sucedía lo mismo.
Luego sucedieron los primeros anuncios de Luis Caputo: la fuerte corrección cambiaria pero también la novedad de que el gobierno mantendría las retenciones y que incluso pensaba en subirlas. Más tarde vino el DNU y su avanzaba liberalizadora, incluso sobre sectores que no lo reclamaban. Y finalmente el mega proyecto de ley que todavía debe discutirse en el Congreso y que sigue dividiendo aguas, básicamente porque parece escrito en muchos de sus capítulos por chicos que jamás cruzaron la General Paz y desconocen las reglas de muchas actividades productivas, a punto tal de poner bajo amenaza la continuidad de varias de ellas.
Hoy -a menos de un mes de su asunción- casi no hay sector dentro del agro que no sostenga un frente de conflicto o quiera mantener una negociación con las nuevas autoridades. Las notas de Bichos de Campo que dan cuenta del creciente malhumor sectorial se multiplican casi tan rápido como se va achicharrando el globo que algunos inflaron aquella nochecita de San Telmo.
Cuando los productores respondieron como se sentían en el AgBarometer, todavía no habían llegado muchos de los anuncios en materia económica de la nueva gestión, y reinaba en el aire al hastío de todo el arco productivo contra el gobierno saliente. La enorme ilusión se alimentaba quemando los recuerdos ingratos de veinte años de kirchnerismo.
Revisemos:
La industria aceitera, principal soporte financiero de los gobiernos por su inyección constante de divisas al Banco Central, está a las puteadas porque Caputo -para lograr su objetivo de obtener una recaudación adicional de 1.200 millones de dólares del campo- eliminó el diferencial histórico de retenciones a favor del aceite y la harina de soja, colocando todas las alícuotas en el tope máximo de 33%. Son 400 millones de dólares que, aunque Pablo Adreani y el propio Huergo insisten serán pagados por los productores, se quitan de esa cadena de valor.
Prima hermana de la primera en el caso del biodiésel, que se hace a partir de aceite de soja, las reformas que propone Milei sobre el negocio de los Biocombustibles, alterando una ley que había sido revisaba en 2001, ha puesto en pie de guerra no solo a las fábricas Pymes que atienden el corte del gasoil con ese renovable sino también al nuevo gobierno provincial de Santa Fe, que teme la desaparición de esa industria y la pérdida de miles de puestos de trabajo cuando la industria petrolera avance sin freno sobre los intereses de ese sector.
También en ese rubro, la poderosa industria azucarera desplegada en Tucumán, Jujuy y Salta se ha manifestado absolutamente en contra de la desregulación total del negocio del bioetanol, que se elabora a partir de caña de azúcar pero también de maíz. En este caso y el de las fábricas de bioetanol de Córdoba, que procesan el grano e incluso han prestado a alguno de sus hombres al equipo de Vilella, se quiere revisar la liberalización total del mercado que propone la cruzada libertaria. Para esta industria, el porcentaje de corte de hidrocarburos con biocombustibles debería crecer y no reducirse, que es el escenario que se plantea.
Al menos ocho provincias del norte, las que producen tabaco, están preparando sus armas para exigir que esa economía regional exportadora sea incorporada al listado de excepciones a la suba de retenciones al 15%, ya que luego de varios años habían sido eximidas por el ex ministro Sergio Massa. Pero sobre todo este bloque está a la espera de un presumible zarpazo estatal sobre el Fondo Especial del Tabaco, que subsidia a esa cadena productiva con parte de lo que pagan a los fumadores.
Hay otras actividades poderosas y de buen lobby, como la del Maní enclavada en Córdoba, que no aceptan ser eliminadas de la lista de economías regionales que seguirán tributando 0% de derechos de exportación, como les prometió Massa en campaña. Y lo mismo sucede con la cadena forestal, con vasta presencia sobre todo en Misiones y Corrientes, que de golpe habían logrado dejar de pagar ese tributo pero disfrutaron de ese beneficio apenas por un par de meses.
La vitivinicultura sería “beneficiada” con una retención especial y antojadiza del 8%, que tampoco está siendo de fácil digestión por los bodegueros, que esta misma semana iniciaron gestiones ante Vilella para ser nivelados en cero como otras economías regionales, en especial con su prima hermana, la olivicultura, que quedó en 0%.
Esperando la letra chica de la reglamentación del proyecto de ley (para ver si efectivamente el gobierno no le aplica el peaje a la exportación) hay muchas otra economías regionales en situación de tensión, como la producción de frutas, legumbres, arroz, lana, y alguna otra. Allí lo que se duda es que finalmente el listado de posiciones arancelarias que queden es cero sea únicamente el de productos con mayor valor agregado. También se teme que, como en el caso de la leche, al cumplir su promesa de mantener las retenciones a cero, el gobierno arrase con los reintegros a la exportación, que no son más que la devolución de una serie de impuestos cobrados a los productos exportables.
Es lo que sucedió en el caso de la cadena láctea, con fuerte presencia en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. El gobierno anunció en las últimas horas la prórroga de la retención 0% hasta mitad de año (a la espera de la ley ómnibus) para las exportaciones de quesos, leche en polvo y otras especialidades, pero a la vez arrasó con los reintegros que podían llegar al caso del 5%. Lo hizo argumentando que así todas las industrias iban a competir parejo con la compra de leche al productor. Pero desató críticas de inmediato del Centro de la Industria Lechera (CIL), porque en resumidas cuentas el gobierno resignará 86 millones de dólares en retenciones, pero recuperará 30 millones que gastaba hasta aquí en reintegros.
Ni que hablar de la pesca, donde todo el sector sin fisuras y con apoyo de las cinco provincias con litoral marítimo se han puesto en campaña para frenar el capítulo de la ley que da por tierra con la Ley de Pesca sancionada en los años 90, que estableció un sistema de capturas por cuotas que debería ser revisado pero no demolido, como propuso Milei. La peor amenaza que percibe el sector de la avanzada liberalizadora es que cualquier potencia extranjera podría ingresar fácilmente a pescar en la zona económica exclusiva, incluyendo la enorme flota asiática que, muchas veces con licencias de los kelpers, se instala todos los veranos al borde de la Milla 200 para dedicarse a la captura del calamar.
En el caso de la industria frigorífica, ha habido hasta aquí muestras de apoyo por dos definiciones del gobierno favorables a las empresas que exportan carne: la liberalización por completo de las restricciones al comercio desde el 1 de enero y la promesa, dentro de la ley ómnibus, de crear un estándar sanitario único que nivele la cancha hacia arriba, eliminando la competencia desleal de mataderos municipales y cooperativas en la faena. De todos modos, las carnes (en todos sus tipos) serán alcanzadas por la alícuota de retenciones del 15% y sufrirán el mayor incremento, pues actualmente tributan 6%. Habrá que ver como esa ecuación impacta en la competitividad exportadora del sector, sobre todo si la inflación va licuando la mejora provocada por la última devaluación.
El girasol también será muy afectado por al anunciada suba de retenciones, que en menor medida I(con una suba de tres puntos, de 12 a 15%) alcanzará a trigo y el maíz. Eso explica la tensión que se vivió en la reunión entre funcionarios de Vilella y las Cuatro Cadenas de Cultivos, que pese a comulgar con el esfuerzo del gobierno en muchos aspectos marcaron .como Huergo- que es de difícil digestión la continuidad de este tributo antinatura, que limita las posibilidades exportadoras de esos complejos.
Mientras tanto todos estos complejos agroindustriales se afilan las uñas, los chacareros de a pie se han lanzado a sembrar todo lo posible, envalentonados por los mejores precios que les promete la devaluación y con muchas ganas de comenzar a saldar las deudas que les dejó la sequía a la mayoría de ellos. Este es por ahora el principal soporte de apoyo que tiene la gestión de Milei, pero también ha comenzado a sentir el impacto de algunas medidas, como el encarecimiento de las importaciones por la aplicación del Impuesto PAIS, a un dólar hasta 300 pesos más caro de lo que ellos cobran por sus granos, y sobre todo por las fortísimas subas del costo de los combustibles, ya que el gasoil impacta de lleno en las planillas de márgenes brutos y en el costo de los fletes, que ya en diciembre treparon un 26%.
La Mesa de Enlace, a todo esto, trata de mantener un envidiable equilibrio entre la sensación de esperanza que abriga a los productores primarios, que es innegable, y la necesidad de reacción frente a algunas tocadas de culo de las nuevas autoridades. La más oprobiosa ha sido sin duda la prórroga hasta mitad de este año, por parte del Banco Central, de aquella penalización en las tasas de interés para los productores que decidan guardar más del 5% de su producción de soja, finalmente una propiedad privada de la que no pueden disponer libremente, como decía Milei.
Huergo, en su última editorial, hace una pausa para marcar los intereses de otro sector, el de las especialidades agrícolas. “El maíz pisingallo, por ejemplo, cayó en la volteada del 15%, aparentemente por un desliz involuntario”, señala el editorialista con buen tino. Y es que en efecto, el del maíz pisingallo es un ejemplo de lo mal que está abordando el gobierno la cuestión agropecuaria. El caso exponen al menos una visible fractura entre el equipo de Vilella y el de su superior, el ministro Caputo, pues ese rubro estuvo tardíamente incluido en la lista de “excepciones” a la suba de retenciones, pero Economía no lo incorporó al proyecto de ley, no se sabe si adrede o de puro descuidados.
En todo caso, la anécdota confirma la presunción del principio de esta nota: Existe un riesgo visible de que la política productiva de una Nación agropecuaria como la Argentina, que lleva siglos formándose y tiene sus propias reglas, esté siendo manejada por gente que nunca salió de la General Paz y cree que todo se soluciona planteándolo en Twitter.
Javier Milei resultó ser una farsa escandalosa. ¡Hay que protestar! ¿Libertad para las petroleras? Capitalismo de amigos.