En la Argentina parece hacer una escuela de funcionarios especializados en hacer una mala política pública, que de tan mala que es provoca múltiples trastornos en el sector privado, deje abierta la puerta a la discrecionalidad, nos hace involucionar como sociedad en vez de evolucionar, porque provoca finalmente más perjuicios que los beneficios que se buscaban inicialmente. Parece haber funcionarios especializados en el arte del mal gobernar.
El lunes, pero también ayer martes y seguramente hoy miércoles, en la mayoría de los frigoríficos de bovinos que tienen un pie en el negocio exportador había ejecutivos agarrándose la cabeza porque no se entendían bien los alcances del decreto y las resoluciones emitidos por el Ministerio de Agricultura en las primeras horas de 2022 y que justamente determinaron un nuevo esquema para las exportaciones de carne vacuna. “Van a hacer falta varias resoluciones aclaraciones, porque hay muchos puntos grises”, decían en una de esas plantas. “Cuando llamás a Agricultura a preguntar te dicen que lo vemos la semana que viene”, contó otro empresario preocupado.
Pero donde la mala calidad de la política pública se expresó a sus anchas fue en la Resolución Conjunta 10 firmada por los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Dispone sucintamente que habrá más tiempo para implementar la decisión argentina de dejar de comercializar la carne vacuna (el productos emblemático del país) en medias reses. Sí, algo tan trascendental también viene muy mal parido.
En la reunión que el lunes se realizó en Agricultura varias cámaras de la industria frigorífica (UNICA, Cadif y FIFRA, para empezar) y también la Cámara Argentina de Matarifes (Camya) expresaron sus reparos con lo que establece esa resolución, que básicamente dispuso una prórroga en la fecha de aplicación del cuarteo o troceo obligatorio de la media res de seis meses o un año dependiendo del tipo de frigorífico. Los de matrícula nacional (es decir, auditados por Senasa y con tráfico federal) tendrán ahora seis meses más para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias del negocio. Los de habilitación municipal o provincial, hasta un año de plazo.
Es decir que el primer grupo de plantas podría seguir mandando medias reses al mercado hasta por lo menos el 1° de julio mientras que el segundo conjunto extendería el periodo de gracia hasta el 1° de enero de 2023.
Todo el mundo dice querer dar el demorado salto de un sistema a otro y avanzar en las reformas necesarias en la industria frigorífica (más capacidad de frío o salas para el troceo) para dejar atrás la comercialización de la media res y comenzar a sacar de las plantas de faena piezas de no más de 32 kilos de peso. El problema es cómo, cuándo y quiénes.
En la reunión del lunes los frigoríficos y matarifes más enfocados en el mercado interno (que absorbe el 75% de la carne vacuna producida) pidieron rever el diferente tratamiento otorgado a los distintos tipos de plantas (las federales versus las de habilitación provincial/municipal), porque advierten que podría suceder un corrimiento de operadores desde un tipo de matrícula a otra, de modo de ganar tiempo y hasta de evitar las nuevas exigencias.
Esto, en la jerga del negocio frigoríficos, podría acentuar el “doble estándar” sanitario entre los lugares habilitados para faenar vacunos en el país, que suman 400, ya que muchos podrían recurrir a matrículas provinciales o municipales justamente para esquivar las nuevas exigencias nacionales. Esto ya sucedió en los años 90 y tomó más de veinte años repararlo. Fue cuando Felipe Solá, el ex secretario de Agricultura del menemismo, impulsó un programa llamado “Corte por lo Sano” que justamente impulsaba el cuerteo de la media res: muchos matarifes y plantas del conurbano tomaron matrícula de la provincia de Buenos Aires, donde el ex gobernador Eduardo Duhalde se mostraba mucho más permisivo.
Las medidas anunciadas para contener los precios de la carne vacuna y modernizar la cadena con bendecidos y castigados con plazos diferenciales, al igual que ocurre con la energía, marchan rumbo a un rotundo fracaso. Reinciden en los mismos errores cometidos de 2006 en adelante
— Marcelo Rossi (@marcelorossi52) January 4, 2022
“Advertimos que esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal en relación con las provinciales y municipales. Adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables, que si son desiguales ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”, avisó la Cámara de Matarifes.
CAMyA, al igual que otras organizaciones de frigoríficos consumeros, pidió unificar y estirar los plazos para la entrada en vigencia del troceo, y al parecer las autoridades de Agricultura aceptaron que debían hacerlo, porque lo que habían hecho estaba mal.
Según los matarifes, la nueva resolución 10 “facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales, ya que inevitablemente el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas, lo que podría llevar al fracaso de la medida y la afectación de la actividad y fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal”.
Los únicos que quedaron fuera de este reclamo, según los testimonios, fueron los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, históricamente los mayor impulsores del troceo obligatorio de la media res, tanto en tiempos de Solá como ahora. Es que fueron ellos los que negociaron a mitad de año pasado con el ministro Kulfas esta imposición y propusieron la fecha de entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, que ahora ha sido postergada.
Este de la media res es un claro caso de cómo se hacen las cosas en la Argentina: de mal modo, sin consensos necesarios, siempre entre tironeos de intereses cruzados.
La discusión comenzó como una imposición del Ministerio de Trabajo, que a pedido de los sindicatos del sector legisló que ningún trabajador de la carne podría cargar o descargar piezas mayores a los 25 kilos de pesos. Esto implicaba erradicar de plano las medias reses, que todavía se cargan al hombro desde el camión hasta las carnicerías.
La fecha de vigencia de esa norma laboral era 2019, pero nadie la respetó porque lo que menos importa acá es la salud de los trabajadores. Pero la exigencia quedó latente.
En el marco del cierre de las exportaciones de carne, el Consorcio ABC negoció con Matías Kulfas (la voz cantante del gobierno en esta negociación hasta octubre pasado) avanzar decididamente hacia el troceo obligatorio y entonces se emitió una resolución conjunta con Agricultura para establecer como fecha tope para la media res el 31 de diciembre de 2021.
Previamente a eso, y como para confirmar que aquí lo menos importante era la salud de los trabajadores, se dispuso que las piezas de carne debían tener ya no un máximo de 25 kilos sino hasta 32 kilos de peso, pues esto era lo aceptado internacionalmente y blá, blá, blá. En realidad, esto se adapta mejor a los intereses de los frigoríficos, que pueden entonces realizar menos cortes debido al peso del animal usualmente comercializado en la Argentina.
En su momento, Kulfas anunció la implementación de una línea de créditos para ayudar a los frigoríficos a hacer las reformas necesarias de sus instalaciones para el cuarteo, pero estos préstamos jamás aparecieron. Mientras tanto, el ex ministro Luis Basterra fue reemplazado por Julián Domínguez en Agricultura, y éste reclama concentrar bajo su mando todas las cuestiones vinculadas con la carne. Este tema de la media res también queda bajo su órbita.
Recién a principios de diciembre, con los plazos casi cumplidos, Domínguez y Kulfas introdujeron la posibilidad de financiar este tipo de obras en la línea de prestamos a tasa subsidiada por supuestos 100 mil millones de pesos (porque hay que decirlo, nadie sabe si en realidad habrá tanta plata disponible).
Ahora se dispone esta prórroga que estaba cantada. Pero con la discriminación entre los diferentes tipos de plantas habilitadas, que según los propios privados degenerará en una explosión del “doble estándar” sanitario, que luego termina siendo también laboral e impositivo. Ahora se reclama una nueva revisión de esos criterios.
Parece hecho a propósito, pero no. Es la Argentina, un país especializado en el arte de gobernar mal.
