A pocos días de tener que dejar su banca dentro de la legislatura bonaerense, la diputada de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, presentó un proyecto que promete sumarle un poco de drama a su despedida.
Se trata de aquel que propone la creación de una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)” que, basada en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, promete “mitigar la emisión de gas metano” y hacer factible la actividad ganadera en el largo plazo.
“Según el Inventario de GEI de Argentina, la Provincia de Buenos Aires es una de las principales emisoras, generando un cuarto del total de GEI del país, impulsado por su densidad poblacional y desarrollo productivo. Del total de emisiones provinciales, el 27% corresponde a metano (CH4), siendo las actividades ganaderas (19% de las emisiones de CH4 provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (6% de las emisiones de CH4 provinciales) dos de las fuentes más relevantes”, indicó la legisladora –que será reemplazada nada menos que por Juan Grabois- en los fundamentos del proyecto.
“Con el fin de concientizar sobre la reducción de emisiones, cumplir con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, proponemos involucrar directamente a los sectores productivos que son grandes emisores de metano”, añadió a continuación, justificando así la incorporación de la mencionada TAMBA, cuya recaudación será destinada al Fondo Fiduciario para la Mitigación del Metano y Financiamiento GIRSU (FoFiMM).
Además de la reducción en las emisiones, Klug aseguró que también se apuntará a “financiar la implementación y el funcionamiento de las acciones establecidas en la ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.
La tasa se medirá en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos por los establecimientos, para lo cual se deberá analizar la cantidad de cabezas de ganado de cada una, así como “sus características productivas”.
Mirá el proyecto completo acá:
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La autoridad de aplicación para esta norma sería el Ministerio de Ambiente bonaerense, quien además de ejecutar los fondos y definir sanciones por incumplimiento, también podrá efectuar deducciones o exenciones al valor de la TAMBA “en función de los principios de gradualidad y proximidad, considerando la aplicación de buenas prácticas y la inversión en tecnologías de mitigación de conformidad con lo que determine la reglamentación”.
Según se indicó, quedarán exentas del pago “aquellas empresas que implementen un Sistema de captación y reutilización del Gas Metano, debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación”.
Y como era de esperarse, el rechazo del sector no tardó en hacerse presente. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue la primera en salir al cruce, afirmando en que la iniciativa “lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.
“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al “metano de las vacas” no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, indicaron desde la entidad.
Ignacio Kovarsky, su presidente, sumó al debate que lejos de tratarse de una ley ambiental, se trata de un “impuesto encubierto al trabajo rural” que “castiga al único sector que genera dólares y empleo genuino”.
El diputado provincial por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, también se metió en la polémica y calificó al proyecto como una “payasada” que busca “convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”.
“Ni siquiera existe un método práctico, económico ni verificable para medir el metano de cada animal. Ni con tecnología de laboratorio, ni con sensores permanentes, ni con estructuras de medición viables. Quieren cobrar un impuesto que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar. Es como proponer una tasa por bostezo humano o un registro de estornudos”, publicó el legislador en su cuenta de X.
Y añadió: “Mientras tanto, la ganadería argentina (una de las más eficientes del mundo) hace años que incorpora manejo regenerativo, mejoras forrajeras, suplementos reductores de emisiones, genética eficiente y biodigestores que capturan metano. Ahí debería estar el Estado: incentivando, no metiendo más la mano en el bolsillo del productor”.
