Un grupo de mujeres integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) se concentraron hoy en el acceso de ingreso de la planta industrial de Bayer en la localidad bonaerense de Zárate, donde se producen fitosanitarios tanto para distribución en todo el ámbito del Mercosur.
“Queremos desenmascarar la mentira de que estas empresas están al servicio del modelo de producción de alimentos”, declaró Rosalía Pellegrini, secretaria de Genero de la UTT, por medio de un comunicado.
El acto de protesta emprendido por las mujeres de la UTT –organización de la que proviene Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires– se hizo, según aseguraron, para reclamar el pronto tratamiento del proyecto de ley “de Acceso a la Tierra”, el cual, si bien ya se encuentra en el Congreso, no despierta interés por parte de diputados oficialistas ni opositores.
“Nosotras la mujeres insistimos que para tener verdadera Soberanía Alimentaria necesitamos un modelo con agroecología, con participación de la mujeres en cómo producir la comida que se pone en la mesa de las familias argentinas y por eso queremos desenmascarar esta mentira de que estas empresas como Monsanto-Bayer o Syngenta, están al servicio del modelo de producción de alimentos”, afirmó Pellegrini.
“Estamos desarrollando una acción directa en la planta de Monsanto Bayer, haciendo un verdurazo y entregando alimento real, sano y agroecológico, para marcar quienes son los verdaderos responsables de la crisis alimentaria que estamos viviendo, y quienes son los verdaderos responsables de un modelo que no alimenta, sino que genera muerte, destrucción y envenenamiento de la tierra, de nuestros cuerpos y de nuestros territorios”, añadió.
Con épica setentista, el comunicado de UTT dice que “el modelo productivo está basado en la utilización de agrotóxicos e insumos para la producción con semillas modificadas genéticamente, herbicidas, fertilizantes sintéticos, etc. Y la trasnacional norteamericana Bayer-Monsanto (en realidad es europea), por nombrar alguna, controla gran parte de la producción de semillas y agroquímicos que se utiliza para la producción de alimentos. Controlando estos recursos, condiciona la forma de producir”.
AHORA en la entrada de la planta de #BayerMonsanto en Zarate dando inicio a las jornadas por el reclamo de tratamiento de la #LeyDeAccesoALaTierraYA #SoberaníaAlimentaria pic.twitter.com/xaj5HnIxzB
— Unión de Trabajadorxs de la Tierra (@uttnacional) October 25, 2021
La organización, integrada mayormente por pequeños productores hortícola, señaló que “el paquete de agrotóxicos que imponen estas empresas no nutre ni alimenta; al contrario, matan y envenena, desatando efectos negativos sobre la salud y la tierra, provocando desmontes, contaminación, enfermedades curables (sic), malformaciones, abortos espontáneos, problemas neurológicos. Esos males lo sufren nuestros hijos e hijas”.
Si bien no profundizaron cuál sería la relación entre bloquear el acceso a una planta industrial y reclamar el tratamiento de un proyecto que no despierta interés entre los legisladores nacionales, los organizadores de la protesta además aprovecharon también para asegurar que “mientras una buena parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada, y otra buena parte debe gastar casi la totalidad del salario en alimentos, la contracara son un puñado de corporaciones monopólicas que concentran el 80% de las marcas de las góndolas y tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales cada una. Este modelo agroalimentario no da para más”.
El proyecto legislativo promovido por la UTT, denominado en realidad “Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”, propone destinar tierras fiscales y campos adquiridos con fondos públicos a agricultores familiares, quienes accederían a los mismos en el marco de un crédito hipotecario, que se emplearía tanto para pagar el inmueble como para construir una vivienda y desarrollar el proyecto productivo. El Fondo Fiduciario administrado por Banco Nación, con una duración de cincuenta años, debería estar destinado a personas inscriptas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) que tengan como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Los integrantes de esas comisiones lo trataron en mayo pasado, pero sin emitir un dictámen sobre el mismo.
