Mientras los directivos de la aceitera Vicentín SAIC continúan trabajando en una propuesta de oferta a sus acreedores, en medio del concurso en el que se encuentran desde el año pasado, la fiscalía de Rosario avanza con una causa penal paralela por presunta estafa sobre los ejecutivos de la firma. El proceso de investigación impulsado por las denuncias de productores, acopiadores y algunos bancos, inició en mayo de 2020 y mañana, en una audiencia, se conocerán finalmente las imputaciones.
“La investigación está a cargo del fiscal (Miguel Salvador) Moreno y se desarrolla sin la participación de los presuntos delitos investigados, por lo cual al día de hoy nosotros no sabemos de qué se nos va a imputar mañana en la audiencia”, explicó Alberto Macua, ex vicepresidente de Vicentin e integrante del directorio de la empresa al momento en que la misma se presentó en concurso, en una reunión con distintos medios de prensa de la que participó Bichos de Campo. En el encuentro estuvieron también presentes Omar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentin, y Máximo Padoán, otro director al momento de la entrada en concurso en febrero de 2020.
Según indicaron los ejecutivos, la convocatoria para la audiencia fue recibida hace apenas una semana. “Paralelamente, nosotros estamos en una etapa del concurso muy decisiva. Desde el 25 de septiembre estamos discutiendo con los distintos acreedores, bancos internacionales, productores, acreedores granarios, acreedores comerciales y bancos locales la propuesta, que todavía no fue presentada formalmente al expediente. Los bancos internacionales pidieron detalles acerca de los términos legales de la propuesta y la semana pasada se les presentó un resumen ejecutivo. Por eso es que esta audiencia imputativa, que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, nos agarra en pleno trabajo y avance del proceso concursal”, señaló Macua.
En ese sentido, Scarel indicó que “estamos pensando en dolarizar a los pesificados. Para ello necesitamos la aprobación de los bancos, y mientras tanto estamos trabajando ‘a full’. No se ha despedido gente, no hay deudas post concursales. Vamos a llegar a una caja de 70 millones de dólares para hacer frente a los gastos concursales y a este pago inicial que hacíamos (según la propuesta en elaboración) a los acreedores pequeños. El momento en el que llega es inoportuno, pero estamos dispuestos a cursarlo, estamos a derecho”.
Agregó a continuación que hasta el momento se realizó una auditoría forense ordenada por el juez del concurso, que implicó más de 11.000 horas de trabajo, la cual, según dijeron, fue abonada por la empresa. “No podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”, consideró Scarel.
“La particularidad del derecho argentino es que el querellante no tiene ninguna obligación de probar nada: simplemente hace la acusación. Nosotros vamos a recibir mañana las imputaciones y vamos a empezar el proceso de defensa. Eso no debería influir en el concurso, porque esperamos para ese momento estar totalmente afuera, pero no se nos escapa que puede haber medidas cautelares normales o agravadas”, afirmó Macua.
La audiencia se realizará en Rosario, y los ejecutivos de la aceitera estarán representados por los abogados Jorge Larrecondo y Daniel Cuenca. Todavía se desconoce si la causa ampliará su carátula de estafa a otros cargos como falsificación de balances o asociación ilícita, según se sugirió en algunos trascendidos de los últimos días.
