La Cámara de Representantes de Misiones aprobó en horas de la tarde de este jueves el Régimen Legal para el Desarrollo de la Producción Ovina y Caprina, una ley que busca dar un marco integral a la actividad y que podría convertirse en un punto de inflexión para pequeños productores de la provincia. El texto fue dictaminado el 24 de septiembre y pone en manos del Ministerio del Agro y la Producción la responsabilidad de aplicarlo en el territorio.
La norma tiene el objetivo de organizar y fortalecer la cadena ovina y caprina a través de financiamiento, asistencia técnica y alivios administrativos. Establece que los productores, tanto personas físicas como jurídicas, deberán presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión para acceder a los beneficios.
Entre ellos se cuentan aportes económicos reintegrables y no reintegrables, subsidios para contratar profesionales de ciencias agronómicas o veterinarias, apoyo a la capacitación, subsidio a la tasa de interés de créditos, financiamiento para estudios de base como relevamientos forrajeros o hídricos, y también para estudios de mercado que ayuden a abrir nuevos canales comerciales.
La ley además contempla subsidios específicos para reforzar la sanidad, como la creación de botiquines sanitarios, y la posibilidad de apoyo para proyectos de organización social y asociativa, con el objetivo de que los pequeños productores puedan trabajar colectivamente y mejorar su acceso a los programas.
También introduce alivios impositivos y administrativos: exonera del cobro de guías u otros instrumentos que graven la circulación de la producción que provenga de proyectos beneficiados, y habilita a aplicar exenciones de sellos e ingresos brutos según lo previsto en el Código Fiscal provincial.
A partir de ahora, el Ministerio del Agro deberá conformar una Comisión Asesora Técnica, encargada de evaluar en un plazo máximo de 90 días la viabilidad de cada proyecto presentado, y destinar partidas anuales para asistir a productores en situaciones de crisis.
La normativa invita además a los municipios a adherirse, de modo que la implementación pueda tener un anclaje territorial real. El Poder Ejecutivo queda facultado a readecuar partidas presupuestarias para financiar el régimen y reglamentar los detalles, como topes de beneficios y zonificaciones.
Según dicen los impulsores de esta ley, para los productores ovinos y caprinos de Misiones, la sanción de este régimen abre un abanico de oportunidades. Por un lado, facilita el acceso a financiamiento y asistencia técnica que muchas veces resultan inaccesibles para pequeños establecimientos. Por otro, busca elevar la calidad de la producción a través de mejoras en manejo, sanidad y genética, y fortalecer la inserción en mercados mediante el desarrollo de marcas regionales y esquemas de agregado de valor. Con la formalización y organización como objetivos centrales, el nuevo marco legal podría ayudar a transformar una actividad dispersa y de baja escala en una cadena con mayor competitividad y presencia comercial.
El verdadero impacto dependerá ahora de la reglamentación, de los recursos que el Ejecutivo destine y de la capacidad de los productores de organizarse y presentar proyectos sólidos. En el papel, la ley ofrece un andamiaje completo de herramientas financieras, técnicas y comerciales.
Sin embargo, la aprobación del nuevo régimen no estuvo exenta de cuestionamientos. La Sociedad Rural Ovina, Equina, Caprina y Porcina de Misiones (SROCEPM) difundió previo al debate legislativo un comunicado en el que expresó su postura crítica frente a la sanción de la norma. “El Proyecto no contempla beneficios directos para los productores, así como tampoco prioriza ni focaliza en productores ya afianzados a la ganadería menor que cuentan con potencial de crecimiento y formalización en la actividad productiva”, señalaron.
El documento advierte que el artículo 4 “pondera como ‘beneficiarios’ a intermediarios —organizaciones gubernamentales y no gubernamentales—; lo cual es sinónimo de burocracia, desviando fondos que debieran ser invertidos directamente en la producción”. En esa línea, la Rural sostiene que los recursos no llegarán a las chacras y que la medida favorece estructuras intermedias en lugar de productores.
En una entrevista con Radio UP Posadas, Miguel Godina, presidente de la entidad afirmó: “Debería llamarse régimen legal para el desarrollo de las instituciones y organizaciones de la producción ovina y caprina de la provincia, porque no tiene como centro del beneficio de esta ley al productor, sino hubiesen sido beneficiarios únicamente las personas físicas y jurídicas que desarrollan esta actividad en cualquiera de los eslabones y cualquiera sea su tamaño”.
A su vez, Godina expresó: “Ponen como beneficiarios a intermediarios, ya sean organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, lo cual vemos como algo muy negativo porque genera una burocracia. En vez de que sean los productores que necesitan el apoyo estatal, financiero y de todo el resto del conglomerado del sector, para aumentar su producción tengan que acceder a estos beneficios a través de este tipo de modalidad. Nos parece que no es bueno, como tampoco que se pague como un aporte no reintegrable. Nosotros pensamos que sí es necesario que haya un crédito hacia la producción, pero no aportes no reintegrables, porque eso achica la base de una financiación”.
También cuestionaron que el proyecto “da a entender que los numerosos despachos ya existentes que debieran fomentar, incentivar y resguardar la producción ovina en Misiones no están cumpliendo sus funciones”. Citan como ejemplo el artículo 7, que menciona la fiscalización y el cumplimiento de la legislación sobre propiedad del ganado, faena, transporte y subproductos, funciones que —según remarcan— ya corresponden al Ministerio del Agro, al SENASA y hasta a áreas municipales.
En el plano impositivo, la SROCEPM disparó: “El ‘beneficio’ contemplado en el Artículo 7 no incide considerablemente en los costos de producción que se manejan actualmente”. A juicio de la entidad, las exenciones incluidas en la ley tienen un impacto marginal frente a la realidad tributaria de los productores.
Más allá de los puntos específicos, la Rural considera que “se avanza en la aprobación de una ley sin diálogo con múltiples actores del sector —en este caso productores de distintas zonas y escalas de producción—, evidenciando una mirada sesgada sobre el entramado productivo”. Según sostienen, la norma repite un patrón de otras legislaciones aprobadas sin suficiente participación de los productores.
El comunicado recuerda que “desde 2023 los datos provinciales y nacionales indican que la producción ovina misionera se encuentra estancada y que la faena legal presenta una disminución cada vez más preocupante”. A pesar de los programas oficiales vigentes, la entidad sostiene que la situación del sector se ha deteriorado.
“Tal como lo hicimos en el Consejo Agroindustrial (diciembre de 2021) y en cada una de las reuniones que en más de una ocasión y desde ese entonces mantuvimos con el Ministerio del Agro, el Subsecretario de Producción Animal, el Director Gral. Sanidad Animal Vegetal y Sistemas de Certificación y el Vice Gobernador; nos volvemos a poner a disposición para abordar este Proyecto de Ley a través de un diálogo participativo sumando todas las voces de quienes producen ovinos y caprinos, con una mirada realista y abarcativa e ideas ejecutables y proyectables en el largo plazo”, remarcaron.
Finalmente, la Sociedad Rural cerró: “Los subsidios no son el camino para que los establecimientos productivos despeguen. Se requieren acciones concretas que lleguen de forma directa a los productores y a sus chacras”.
