Opinión, por Miguel Schiariti – presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA).-
En nuestro país, “industria frigorífica” ha sido históricamente y continúa siendo un modo de nombrar un tipo de actividad en el que conviven (malamente) situaciones y tratos muy dispares desde lo impositivo, higiénico sanitario y laboral, lo que se traduce y a la vez genera, como un círculo vicioso, fuertes distorsiones a lo largo de toda la cadena de ganados y carnes.
Desde el momento en que se vislumbraba un cambio en el color político del Ejecutivo, el sector productor apostó fuertemente a la recuperación del stock nacional generando un aumento de 2 millones de cabezas.
Acompañando esta apuesta de los productores, el sector industrial –sobre todo, la industria consumera- apostó a sanear la cadena y a intentar valorizar su patrimonio. Esto generó que, en un accionar coordinado entre el Estado (SUCCA y AFIP) y el acompañamiento del sector privado se elaborara el plan de combate contra la evasión sanitaria, laboral y fiscal que comenzó a implementarse a partir del 1 de marzo del 2017.
Una aclaración fundamental: sanear la cadena no implica solo ni necesariamente recaudar más impuestos. Eso puede ser una parte, pero lo que hace el sanear la cadena comercial es justamente lo que se logró en un principio con un enorme apoyo trabajo pedagógico por parte de los titulares de frigoríficos: que los matarifes se fueran incorporando a la economía formal.
Así, sanear la industria frigorífica no solo implica pagar más impuestos y saber quién los paga. Tiene que ver con la posibilidad, por parte de la industria, de competir en condiciones de igualdad. En un negocio de centavos, y una situación en la cual la capacidad instalada ociosa industrial supera el 50%, la informalidad -cualquier informalidad- se traduce en ventaja competitiva.
En un negocio de centavos, un operador trabajando con menores costos tiene un impacto que puede ser devastador sobre el resto de los competidores.
En este esquema, el trato inequitativo en los aspectos higiénico-sanitarios, laborales e impositivos, representados principalmente por las pseudo cooperativas, se expande hacia pequeños y medianos mataderos cuya operatoria rentable solo puede explicarse desde la evasión. Esto genera tal descompetencia que lentamente los avances logrados en los primeros meses se fueron deteriorando al nivel actual, donde los niveles de informalidad se están asemejando a los momentos previos a la entrada en vigencia del nuevo sistema.
Cuando como sector representante de la industria nos presentamos en los distintos organismos que de alguna manera inciden en la política que debe llevarse adelante para solucionar los problemas, nos damos cuenta que en lo discursivo coincidimos tanto en el diagnóstico como en la solución. Todos manifestamos querer que la sanidad sea idéntica para todos los establecimientos (es decir que todos los argentinos comamos carne igualmente controlada) y que todos paguen la totalidad de los impuestos y cargas y contribuciones sociales (es decir, que todos los argentinos tengamos un salario en blanco).
También queremos que todos los frigoríficos declaren toda su faena, sin amañar cantidades, pesos ni calidades (es decir, que todos los que trabajan en lo mismo obedezcan las mismas reglas).
Pero, a poco de andar, al momento de tomar las decisiones, los mismos funcionarios justifican el mantenimiento de algunos establecimientos en el sostenimiento de la fuente de trabajo, olvidándose o dejando de lado lo sanitario (la Argentina es el país con uno de los más altos índices de síndrome urémico hemolítico del mundo) lo impositivo y lo laboral.
Finalmente la mayoría de los funcionarios termina justificando una postura conservadora del status quo en la incidencia político social y banalizando el reclamo de los sectores, personalizando en el comportamiento de algún empresario inescrupuloso o en alguna declaración molesta para algún funcionario.
En esta oportunidad tenemos la suerte de que el Presidente de la República ha mirado al sector de ganados y carnes. En estos 26 meses de gobierno nos ha recibido y escuchado en cuatro oportunidades, interiorizándose de los problemas. Esto quiere decir que el presidente Macri entiende que la situación del sector es grave y que necesita de una política pública coordinada entre los distintos funcionarios para encontrar una solución sustentable para toda la cadena comercial.
Creo que ha llegado el momento en que nos reunamos con todos los organismos involucrados y definamos el camino a seguir. Y es un camino integral y completo. No puede implicar ni perder puestos de trabajo ni seguir comprometiendo la salud de los argentinos.
Son muchos los organismos del Estado que participan de manera directa o indirecta en la solución de los problemas del sector. En el orden nacional, tenemos al INAES, el Ministerio de Agroindustria al SENASA y a la AFIP. En el orden provincial, ARBA y los organismos de recaudación de las demás provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
A todo esto debemos sumarle las fuertes presiones políticas de intendentes, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales. En todos los organismos hemos logrado empatía discursiva, pero también enormes dificultades para encarar las reformas que todos estamos de acuerdo que son necesarias. Esto implica decir algunas verdades que no son lindas de escuchar, y tomar medidas de fondo que impliquen más que parches momentáneos producto de presiones también momentáneas.
Ver Suspenden a 130 mataderos que no compraron los controladores de faena
La industria está desarrollando su actividad con el 50% de capacidad ociosa. Es una verdad de Perogrullo que sobran por lo menos 200 de los 450 frigoríficos que están funcionando. Sé que no es políticamente correcto decir esto: sobran porque se ha aumentado la capacidad de frío en los frigoríficos.
Esto quiere decir que no hay trabajo para todos y las perspectivas son que no va a haberlo tampoco en el futuro. Frente a esto hay dos opciones: o seguimos esperando a ver qué pasa, mientras vemos como se desarticula el sector, o nos involucramos y tomamos las medidas que hay que tomar, con la seriedad y la consistencia con que hay que tomarlas.
El señor Presidente dio expresas indicaciones de que aquel establecimiento que no hubiera adquirido el CEF (Control Electrónico de Faena) o Caja Negra, como se lo conoce en la jerga vulgar, no podrá faenar a partir de marzo de 2018.
La pregunta es: ¿Será aplicado con la misma vara para todos, o nuevamente parte de la industria acompañará los cambios para mejor que se vienen implementando mientras otra parte -una vez más, y van…- seguirá obteniendo cada vez mayores incentivos para competir deslealmente contra los que cumplen las normas?
