No vamos a contar en esta nota qué sucedió en el Frutazo, la protesta que los productores de dos economías regionales emblemáticas (la de las peras y manzanas en el Alto Valle Patagónico y la de los cítricos dulces en la Mesopotamia) intentaron sensibilizar a la opinión pública de Buenos Aires sobre su tragedia cotidiana: desde hace varias campañas, lo que cobran por la fruta no alcanza a cubrir los costos de producción.
El Frutazo tuvo un relativo éxito porque cumplió con el objetivo de sus organizadores. Sin que se colara demasiado la política partidaria, los productores trajeron al centro porteño unas 35 toneladas de sus frutas para regalarla a la gente que la necesitara. Una larguísima fila de personas prácticamente dio la vuelta a la Plaza de Mayo, esperando por su ración. Los medios filmaron todo e hicieron las notas. Los productores tuvieron la prensa que necesitaban para contra sus desventuras.
Desde el gobierno hicieron varios intentos por desactivar la protesta que les daría tan mala prensa. Y es que la postal realmente resulta dura y muestra a dos economías regionales estratégicas a las que Cambiemos les estaba soltando la mano pese a todas las promesas en contrario que se hicieron en la campaña electoral de 2015. También muestra a pequeños productores o que se ven obligados a dejar sus chacras o directamente no cosechan sus frutales para no perder más plata.
Los recursos del Gobierno han sido hasta aquí bastante ruines para abordar el problema, que es cierto e incluso ha sido admitido por los funcionarios. La mayoría de los productores de estas frutas no sintió el impacto favorable de la devaluación en sus precios y sigue trabajando pro debajo de sus costos promedio. En peras y manzanas se agan de 5 a 6 pesos por kilo cuando el costo calculado por el INTA llega a 10,40 pesos por kilo. En naranjas y mandarinas, los gringos cobran 3 pesos por kilo, cuando sus costos llegan a 5 pesos. Trabajar es perder plata. El peor escenario.
Los directivos de la Federación del Citrus de Entre Ríos y de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén habían venido a Buenos Aires la semana pasada, a participar de una reunión con el ministro Dante Sica, de la que éste finalmente no participó porque estaba confeccionando el paquete de medidas que anunciará con Nicolás Dujovne y Carolina Stanley unas horas más tarde. En ese encuentro en Producción, lejos de ofrecer algo para que levantaran esta protesta, los funcionarios de segunda línea les comunicaron a los productores que su principal reclamo -una rebaja de las retenciones- no dependía de ellos sino del Palacio de Hacienda.
El reclamo central de los productores de fruta pasa justamente por revertir el esquema de retenciones vigentes desde septiembre de 2018, a instancias del acuerdo con el FMI, justamente porque ahí radica la causa principal -no la única- de su crisis. Por decisión de Dujovne, a las frutas exportadas les quitan 4 pesos por dólar (o el equivalente a un 12% del valor FOB), pero este descuento impacta de mucho peor manera sobre el precios de la fruta. ¿Por qué? Porque el valor FOB incluye el costo del frío, de la caja, del papel, de la mano de obra del empaque, y de todo un proceso para dejar la fruta lista, pipí cucú, para los mercados del exterior. Pero todos esos costos no se pueden descargar de otro lugar que no sea a la fruta.
Es decir que los empaques terminan haciendo enormes descuentos a los productores independientes, que colocan el nivel real de las retenciones muy por encima del 30% del valor de la materia prima fruta. Así, sucede finalmente que las peras, las manzanas, las naranjas y las mandarinas terminan tributando más que la soja, que sale a granel.
Frente a esta situación evidente, en el Poder Ejecutivo hubo sectores (especialmente en Agroindustria) que primero intentaron convencer a Dujovne de reducir la alicuota de 4 a 3 pesos por dolar para todos los complejos frutícolas, lo que aliviaría algo la ecuación. Pero el ministro de Hacienda y garante del acuerdo con el Fondo consideró que esa sería una mala señal para el resto de los sectores, y por ello el decreto de rebaja quedó redactado pero sin firmar. Todo quedó como estaba.
En el reciente paquete de medidas lanzado la semana pasada, el Gobierno sacó un As de la manga y anunció una nueva fórmula para aliviar el impacto de las retenciones sobre ciertas economías regionales y las empresas mas chicas: el impuesto a la exportacións e eliminaría directamente en el caso de que las Pymes lograran incrementar sus envíos al exterior este año respecto de 2018. Es decir, ya no se pagarían ni 3 ni 4 pesos por el porcentaje de incremento en las ventas.
Esa medida, en realidad, no es hasta ahora más que un lindo título para la prensa: “Se eliminarán las retenciones para las Pymes”. Cuando se consulta a los organismos que deberían implementarla (y Bichos de Campo lo hizo), contestan que todavía no tienen los detalles porque está bajo análisis su reglamentación. En realidad, se trata de un “chino” muy difícil de hablar, porque debería implementarse un mecanismo de devolución de retenciones o algo por el estilo. Además, según fuentes empresarias, las Pymes que exportan representan apenas menos del 2% del total de las exportaciones de alimentos.
Pero el anuncio le sirve al Gobierno para ganar tiempo frente a un reclamo genuino de las economías regionales, muchas de las cuales se quejan de no poder exportar con este nivel de retenciones.
Como hacía con frecuencia el gobierno anterior, los funcionarios de Cambiemos eligieron el peor camino frente a una demanda concreta y comprobable: comenzaron a maquillar la realidad con anuncios de medidas que luego son muy enrevesadas y hasta imposibles de aplicar.
Por eso el resumen del Frutazo en Plaza de Mayo va sencillito y al pie: mientras los productores regalaban fruta en señal de protesta, los funcionarios comenzaron a “mandar fruta” como evidencia de su impotencia.
