La gacetilla oficial dirá que se trata de un “proceso de transformación del Estado”, que mejorará “la eficiencia en el control de los alimentos que consumen los argentinos”. La oposición seguramente considerará que se debilita aún más el Estado, frente a ese tipo de desafíos.
Como sea, la decisión está tomada y por decreto 538/2025, el Poder Ehecutivo dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL)- Se trata de “un organismo técnico que se encarga de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999”.
La normativa publicada esta medianoche en el Boletín Oficial justamente introduce modificaciones en dicho Decreto, “con el objetivo de agilizar los mecanismos de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA) y reforzar el rol de los organismos técnicos con competencia directa”.
Ahora, para actualizar ese Código Alimentario ya no será necesario que el expediente pase por una comisión asesora y será responsabilidad directa de la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambos con equipos técnicos especializados. Antes se requería de una resolución firmada por dos secretarios de Estado.
“Esta medida permitirá reducir burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica”, indicó una gacetilla de la ANMAT.
A la vez, en el nuevo decreto se fortalece el uso de la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos (hoy llamada SIFEGA) a cargo de la ANMAT, que será alimentada y actualizada a diario por los organismos participantes, mejorando la trazabilidad, el registro de productos, la vigilancia permanente y el monitoreo de infracciones.
En la nueva norma se derogan artículos del decreto original que ya no se corresponden con la realidad del sistema actual. Un ejemplo son las “cabinas sanitarias” en rutas, que antes ejercían el control de alimento y ahora pueden ser reemplazadas por controles digitales y otras tecnologías. También se dejarán de hacer campañas preventivas, que “ahora se canalizan desde cada organismo según su competencia”.
“Esta actualización también contempla la reducción de plazos administrativos: todos los trámites regulatorios vinculados al CAA deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles, generando previsibilidad para el sector productivo. Estas medidas responden a la necesidad de contar con un sistema más ágil, moderno y transparente, que permita adecuar el CAA a los avances científicos, tecnológicos y productivos del sector alimentario”, dice la gacetilla oficial.
“Con esta decisión, el Estado reafirma su compromiso con un sistema alimentario más competitivo, garantizando al mismo tiempo los más altos estándares sanitarios para los consumidores, siempre manteniendo la instancia de intercambio técnico con el sector privado”, se agregó.
Las autoridades sanitarias provinciales y de CABA siguen siendo parte del sistema, utilizando la base de datos, generando información para la toma rápida de decisiones sanitarias (como retiros de alimentos del mercado y alertas sanitarios) y con capacidad de fiscalización en sus jurisdicciones.
