En anuncios a cuentagotas realizados este domingo por las redes sociales, el ministro y candidato Sergio Massa lanzó una serie de medidas para el agro que ya se conocían. La única sorpresa es que Economía permitirá a las empresas agroexportadoras que tan bien se portaron con el gobierno durante los operativos Dólar Soja y Dólar Maíz, adelantando las divisas que necesitaba el BCRA, que puedan disponer de un cuarta parte de sus dólares a un valor cercano al del mercado libre, para facilitarles la compra de la soja retenida por los productores a un mejor precio y posiblemente también financiar las importaciones del poroto. Todo esto para permitirles mantener la actividad de sus plantas.
La sequía hizo estragos en la producción de soja argentina, reduciendo la cosecha de cerca de 40 millones de toneladas a solo 20 millones. Eso puso en jaque a la industria aceitera que procesa la oleaginosa, y que se vio obligada a importar cerca de 6 millones de toneladas del poroto de los países vecinos, para poder mantener sus máquinas trabajando y no tener que cesantear personal. Como todavía restan importar cerca de 4 millones de toneladas fin de año, y otro tanto hasta que aparezca la nueva cosecha 20223/24, en abril/mayo del año próximo, lo que ahora permitirá el Banco Central a las aceiteras es disponer del 25% de los dólares que generan por sus exportaciones (y que ahora deben liquidar obligatoriamente en el país) para facilitar compras del poroto.
Es complejo el mecanismo en discusión. Lo que se piensa es habilitar un mecanismo para que las aceiteras nucleadas en Ciara-CEC puedan utilizar esos dólares de libre disponibilidad para comprar la soja argentina remanente de la campaña 2022/23, ya que quedan sin vender entre 8 y 10 millones de toneladas de soja en poder de los productores. Al no tener la obligación de transar 25% de sus divisas en el Mercado Único de Cambios que maneja el Banco Central, se supone que las empresas agroexportadoras tendrían un mayor poder de compra para tratar de tentar a los productores que todavía permanecen sentados sobre sus bolsones.
Lo que se sabe es que con esa disponibilidad de divisas a dólar “casi” libre (las aceiteras deberían operar a través de bonos en el mercado Contado Con Liquidación), las agroexportadoras podrían mejorar su oferta por esa soja disponible, en un mix de 75% dólar oficial de 360 pesos y el 25% de dólar CCL, que el viernes cerró en cerca de 770 pesos. Eso mejoraría el precio interno de la soja durante septiembre, en una suerte de mala remake de los tres operativos Dólar Soja.
“Atento a los anuncios del Ministro de Economía deseo anticiparles que en CIARA-CEC no tenemos mayor detalle de las medidas. Desde el Ministerio de Economía se anticipó que seremos convocados en la semana a los efectos de conocer la forma, plazos y condiciones de su implementación”, dijeron fuentes de ese sector, que fue clave a lo largo de la gestión de Massa para economía en acercarle al Banco Central las divisas que necesitaba para zafar de quedarse sin reservas. Las exportaciones del complejo sojero representan al menos 35% de las divisas totales que ingresan al país. Hasta ahora, la libre disponibilidad de una parte de las divisas era una medida reservada para el sector minero, el petrolero o el energético.
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En una cadena de mensajes por las redes sociales, en el capítulo dedicado al agro, Massa lanzó solamente los títulos de este paquete de medidas, y por lo tanto falta ver la letra chica en cada resolución. Pero ya se sabe que dentro del Programa de Incremento Exportador las aceiteras podrán contar “con el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado”.
Por otro lado, el ministro de Economía también confirmó que desde el 1° de septiembre, y tal como anunció durante su visita a la Exposición Rural de Palermo, se eliminarán las retenciones a una serie de economías regionales, que lejos están de ser todas y que habrá que mirar detenidamente cuando salga el listado de posiciones arancelarias. Por ahora, el sector viene mencionando seis sectores beneficiados.
Este domingo, al respecto, mencionó concretamente “vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras”. Del listado original faltó mencionar esta vez al maní. Sigue sin figurar la lechería, que era algo que pedía la Región Centro.
La dudas sobre el alcance total de las retenciones 0 para las economías rurales volvió a quedar en duda pues el ministro habló de “todas las economías regionales que tienen proceso industrial”, lo cual deja abierta la puerta a que se excluya de ese beneficio a las materias primas sin procesar y que, entonces, el candidato cumpla solo a medias su promesa original.
Massa también confirmó una medida que ya había anunciado el sábado previo a las elecciones primarias en las que salió tercero. Se trata de “un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro”. El operativo llegaría a cubrir la segunda aplicación en el trigo (ya sembrado) y la fertilización de presiembra en maíz (por sembrar). La soja usualmente no necesita el fertilizante ofrecido por el gobierno.
Fuentes oficiales indicaron que, mediante un préstamo externo, Economía comprará de la empresa Profertil (de la que YPF es socio con una firma canadiense) grandes cantidades de Urea, un fertilizante elaborado en base al gas que aporta Nitrógeno a los suelos. Y que los productores que hayan sido declarados en emergencia (que son casi todos en todas las provincias menos CABA) podrán requerir una porción de ese insumo, siempre con un tope. Todavía no está claro si será un aporte gratuito o si se financiará la compra barata a los chacareros. Pero habrá limitantes: podrán recibir el beneficio los productores de hasta 150 hectáreas, por hasta un tope de 100 kilos de urea por hectárea o por 50 hectáreas.
Por otra parte, en claro tren de campaña electoral, Massa convirtió en anuncio una medida que ya ha sido plasmada en el Boletín Oficial, por decreto la semana pasada, que es la continuidad de la compatibilidad entre el trabajo rural temporal registrado y los planes sociales. El decreto extendió esa medida, que busca que las empresas agropecuarias puedan conseguir personal (mucho del cual se niega a asumir un compromiso laboral por temor a perder sus beneficios sociales) hasta el 1° de septiembre de 2025, ya que su vigencia vencía la semana que viene.
Pero se añadió otra novedad: “Vamos a continuar con el programa Puente al Empleo para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural”, exageró Massa, que también generó más dudas que certezas al decir que “todos los que tengan un plan y pasen a trabajar en el sector agropecuario, van a mantener el pla n durante un año y el empleador les va a completar el salario”.
