Frente a casos como el de Pergamino, donde un juez impuso una prohibición de 1.095 metros al uso de agroquímicos, o el de Rafaela, donde proponen una área de restricción de hasta 2.000 metros, se luce el caso de General Villegas, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Allí se diseñó una norma singular y con bastante consenso político: la prohibición se reduce a solo 40 metros alrededor de zonas pobladas, escuelas y cursos de agua.
Martín Videla Dorna es un ingeniero agrónomo de Villegas, que se dedica también a las aplicaciones, y que fue protagonista central de una negociación para que ese partido tuviera las regulaciones más “amigables” con el sector agrícola. Es una isla en medio de una catarata normativa que está dejando miles de hectáreas productivas inundadas de prohibiciones para el uso de esos insumos.
Videla Dorna, que forma parte del centro de ingenieros agrónomos de General Villegas e integra el flamante colegio bonaerense de ese tipo de profesionales, contó a Bichos de Campo cómo funciona el sistema implementado por una ordenanza que se aplica desde hace algunas semanas. Incorpora además otras dos novedades: hay una zona buffer (de amortiguamiento) con una lista de productos prohibidos y donde es necesario contratar a un fiscalizador homologado por la provincia.
Mirá la entrevista con Martín Videla Dorna:
-¿Cómo es que Villegas se convirtió en el partido bonaerense con menso restricciones a los agroquímicos?
-Acá se trabajo durante tres o cuatro años con la gente del municipio, en un convenio de colaboración que ya fue una novedad porque colaborar no es algo muy común en la Provincia. Empezamos a trabajar con los concejales de todas las ramas políticas, con alguna grieta pero charlable. Aceptaron los parámetros técnicos que planteamos, los números y las investigaciones sobre el tema. Se dijo: “Así no podemos seguir”. La idea era lograr algo lógico, porque cuando hicimos las cuentas para aplicar restricciones (como las que hay en otros partidos), nos quedaban miles de hectáreas sin trabajar en Villegas.
-¿En algún momento se pensó en aplicar una prohibición como en otras zonas?
-El planteo de los opositores empezó con alrededor de los 100 metros, un numero manejable, pero el oficialismo quería cero metros. Se llegó a un punto intermedio de 40 metros para la franja de exclusión, en la que no se puede aplicar ningún tipo de agroquímicos en general.
-Es una franja mínima…
-Pero de ahí en más nace una franja o zona buffer que ronda entre los 300 y los 500 metros. Hicimos algo novedoso, que es no poner como límite una cantidad exacta de metros sino tomar el primer alambrado que surja a partir de los lotes, porque habíamos visto que cuando vos pones una franja fija a lo mejor te cae en la mitad de un lote. ¿Entonces que hay que poner? ¿Una bandera?
-En Pergamino hubo unos productores detenidos porque fumigaban y se pasaron unos metros el limite imaginario.
-Se pasaron 12 metros de la línea imaginaria. Y lo mismo pasó en Tandil ahora. Por eso decidimos que esa área buffer vaya variando, pero es de alrededor de 300 metros. Fuimos a una calle, a un alambrado, pero metemos el lote completo. Eso lo hizo la municipalidad, hizo planos que están disponibles por si un productor tiene que fumigar pueda fijarse si el campo esta dentro o afuera de la zona buffer.
-¿Y en esa zona de amortiguamiento qué condiciones se fijaron?
-En ese área se pueden usar productos de banda verde y azul (no los de banda roja, de mayor toxicidad). Pero en la ordenanza se introdujo otra novedad, que es que prohibimos algunos productos. Son los hormonales (2,4D y Dicamba) y atrazina. Los hormonales tienen el problema que gasifican en épocas de más temperatura, se subliman muy fácilmente y entonces se mueven como gas, y entonces no los podés manejar, porque no se mueven como una gota. La atrazina, porque sabemos que es un herbicida con mucho problema de llegada a las napas. También el Paraquat, que es un desecante de alta volatilidad, y el clorpirifos, que es un insecticida que volatiliza muy fácil y encima tiene un olor a huevo podrido importante. Yo creo que es un producto con los días contados en la Argentina, y de hecho ya está prohibido en muchos lugares.
-¿Y el productor no se queda sin alternativas para los tratamientos?
-No, y de hecho todos estos productos son viejos. Ninguno tiene menos de 25 o 30 años desde que se están usando en forma intensiva, y hoy están absolutamente reemplazados. Por supuesto que muchos de los productos que los reemplazan son más caros. Lo que sucede es que muchos de estos productos tienen la licencia vencida, se importan de China en tambores, los rebajan acá, los llevan a la concentración que corresponde y los venden muy barato. Una de las razones de la alta difusión de esos productos es el bajo precio. Es difícil pelear contra eso. Pero la única forma era reglamentarlo.
-Ya tienen la ordenanza. ¿Funciona? ¿Conviven bien los vecinos con el nuevo sistema?
-Esto empezó el mes pasado y por supuesto hubo llamados, gente enojada, gente que decía que no se puede, y cuando se reglamentó se dijo: ¿quién controla esto? El Municipio no está en condiciones de hacerlo, tiene dos o tres ingenieros agrónomos que están en otra cosa. Así que había que ofrecer el servicio de fiscalización a través del colegio de ingenieros agrónomos. Algunos ya hicimos el curso de fiscalizadores que da la Provincia, pero la idea es que todos lo hagan en el corto plazo.
-¿Cuál es el ro de ese fiscalizador?
-Ese fiscalizador tiene la obligación de estar presente el día en que se haga la pulverización en la zona buffer. Y tiene la obligación de controlar dos cosas. Las condiciones climáticas, que van a estar escritas en la receta agronómica, y si los productos que están recetados son los que corresponden.
-Suena a un agrónomo controlando a otro agrónomo…
-No es el ingeniero que hizo la receta sino otro. Eso generó alguna rispidez con algunos arrendatarios o la gente que siembra, porque hay que pagar esos honorarios, es un costo más. Pero es así o no podés sembrar. Si esto se hace con la receta y un profesional que controle, no puede salir mal. Quedan absolutamente claras las responsabilidades de cada uno. Los fiscalizadores son ingenieros agrónomos matriculados por el colegio y aceptados por la municipalidad de General Villegas. El tema agroquímicos está en boca de todo el mundo, todos el mundo opina. Esta es una forma de darle tranquilidad al vecino del periurbano y de brindarle seriedad a ese trabajo, que es controlar y demostrar que controlamos.
En Gardey ,su escuela primaria está dentro del conglomerado urbano ,se fumiga entre 300 y 500 metros de distancia.la Universidad del centro hizo un estudio y encontró agrotoxicos en el patio de la primaria y de la escuela secundaria técnica.
Viajaron 500 metros los productos !!!
Hola aca en tandil se fumigo a 0 metros de la escuela . El municipio que debia fiscalizar nos trato a los padres de mentirosos . Tiempo despues nos dieron la razon por que nos organizamos. no queremos que envenenen mas a nuestros niños. Logramos una cautelar de 500 metros y el municipio sigue en contra de la salud de la poblacion . Apelando la cautelar. Hasta cuando van a seguir enfermando a la poblacion y los gobiernos sin hacer nada?