Marcelo Rossi, veterinario radical y ex titular de la ONCCA en tiempos de Cambiemos, conoce al dedillo el comercio de carne: es el asunto que lo ha ocupado en casi toda su vida profesional. Hace rato que viene advirtiendo, como la mayoría de los expertos del sector, que el cuarteo obligatorio de la media res que está decretando el gobierno a partir del 1° de noviembre viene muy mal instrumentado y que por eso podía llegar, como efectivamente sucede, a encontrar resistencia en la mayor parte de los frigoríficos de consumo que lo podrían llevar al fracaso.
Uno de sus críticas es que con el troceo se iba a perder la trazabilidad necesaria de la carne argentina, una cosa elemental que el gobierno comenzó a corregir recién ahora, con una resolución publicada a 48 horas del inicio de la medida.
En este artículo para Bichos de Campo, Rossi expone otras razones y argumentaciones que desaconsejan el llamativo apresuramiento del gobierno en este tema. Pero sobre todo lamenta que lo que debiera ser una política de estado en defensa de los trabajadores se haya convertido casi en un traje a medida para solo un sector empresario, el de los frigoríficos exportadores.
Este es el artículo de Marcelo Rossi:
Que hayan escuchado las críticas, en realidad aportes, cuando hicimos saber que no estaba prevista la trazabilidad para el consumo interno que sí garantizaban para los mercados de exportación, es algo auspicioso, aunque imponer esta nueva norma (cambiar sellos en la media res por etiquetas en los cuartos) para la que se dan seis meses de plazo en un implícito reconocimiento de lo engorroso que resulta, 48 horas antes de que empiece a regir, es una locura, expone en toda su dimensión el desconocimiento de la operatoria y un alto grado de improvisación.
Han puesto nuevamente el carro delante del caballo, y durante los seis meses de plazo para instrumentar los cambios informáticos y de operatoria y realizar las inversiones para imprimir las etiquetas, será un viva la pepa. La trazabilidad, el peso y la identificación brillarán por su ausencia con la excepción de las grandes plantas que inducen la medida.
Por si fuera poco, agregan más requerimientos, planillas, libros, papelería y burocracia innecesarios con los sistemas informatizados requeridos, que implicarán mayores costos y mano de obra, a lo que hay que sumar las inversiones en equipamiento, infraestructura, transporte, etc. para cumplir con las exigencias sanitarias establecidas por el SENASA en el Decreto 4238 y modificatorios.
La norma original que puso fin a la vida útil de la media res, dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y mediante la Resolución 13 de 2020, definía textualmente en su artículo 1° :”Establécese que toda manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos cárnicos, cuyo peso sea superior a los 25 kilos (después se amplió el peso de cada trozo a 32 kilos), que realicen trabajadores y se lleven a cabo en empresas y/o establecimientos dedicados a la faena de ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor o industrialización de los mismos, o en su cadena de transporte y distribución mayorista o minorista, se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados”.
Posteriormente se desvirtúa la esencia y el objetivo de cuidar la salud del trabajador y se dicta la Resolución Conjunta N° 4/2021 (de los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Productivo y Agricultura), borrando con el codo lo que escribieron con la mano, eliminando la posibilidad de utilizar medios mecánicos para evitar lesiones a los trabajadores y estableciendo el cuarteo como obligatorio.
Es aquí cuando se reemplaza una iniciativa gubernamental acompañada por la Industria para cuidar la salud de los trabajadores por una iniciativa del Consorcio ABC de Frigoríficos Exportadores acompañada desde el gobierno.
Resulta aún más inexplicable que se autorice a plantas de SENASA a vehiculizar medias reses con destino a Ciclos II (Despostaderos, Fábricas de Chacinados, Fábricas de carne o Productos conservados), para lo que se utilizan los medios mecánicos que no se autorizan al resto.
En conocimiento que más de 300 plantas provinciales y municipales, lejos están de asumir las inversiones necesarias y en un escenario en donde a un ritmo de 6,5% de inflación mensual llevará para fin de año la pobreza al 50%, pregunto qué van a hacer. Van a cerrar esos frigoríficos? ¿Que harán con más de 60.000 carnicerías, cuando tienen en la ex Oncca un registro en el que no alcanzan a 2.000 que están matriculadas y que no aceptan ni el remito electrónico instaurado hace años para no figurar como responsables inscriptos y permanecer como monotributistas? ¿Van aceptar trozos sin trazar ni etiquetas a pasar estos seis meses?
¿A nadie se le ocurrió, si el objetivo real fuera la salud del trabajador, utilizar esos seis meses para que todos los usuarios de matanza, responsables del 70% del consumo interno, cuenten con elementos mecánicos que preserven la salud del trabajador? ¿Qué harán hablando de fuentes laborales con los remates de carne que existen en el conurbano? ¿Alguien se acordó del cerdo y los capones? ¿O pesan menos? Y podríamos seguir con una extensa lista de preguntas ante situaciones no contempladas.
Pareciera que algunos están encaprichados y que su objetivo fuera achicar competencia en el mercado de la carne, cuando la industria exportadora carece de estructura y logística para acceder al consumo interno en carnicerías.
Seguramente habrán negociado legítimamente un cambio de figuritas de esta medida a cambio de ofertas de carne a menor precio en algunos hipermercados, precisamente en donde no se abastece la gente humilde, que recurre al carnicero del barrio.
El final de esta película mal dirigida seguramente serán el anuncio de que se cumple en un 80%, cuando en número de plantas el 70% queda afuera, harán un show en dos carnicerías y algún matadero, ampliarán plazos para algunos frigoríficos del interior, aunque sean más de 300, porque lo que les interesa es parte del gran centro de consumo y no la salud de los trabajadores.
No será de un día para otro, pero coexistirán medias reses con cuartos, habrá competencia desleal, doble standard sanitario y encarecimiento del producto al consumidos inexorablemente. Posiblemente también sucede algún reclamo en localidades del interior a no ser que oficialmente miren para otro lado para evitar mayores conflictos.
Si en 54 años los sucesivos gobiernos no pudieron aplicar la Ley Federal de Carnes, no podrán imponer y menos en forma tan improvisada una medida de este calibre. Lo intentaron tres veces: Cuando existía la Junta Nacional de Carnes con la Resolución o Decreto 19.499, que establecía que en 51 partidos de la Provincia de Buenos Aires no podían existir frigoríficos que no fueran de habilitación nacional (SENASA). Fracasó y tuvieron que dejarla sin efecto. También en los 90 con el “Corte por lo Sano”, nuevo fracaso. Y como no hay dos sin tres, vuelven a insistir desde un escritorio cuando debieron consultar tecnología y no conveniencia con especialistas en la materia. Consensuar el cómo y cuándo.
Cuestiono al menos el costo de oportunidad, y sobre todo la improvisación que lamentablemente sentará un mal precedente para cuando se quiera intentar modernizar en serio el comercio de carnes, con tiempo, inversión y conocimiento.
