Marcelo Rossi, ex director nacional de Control Comercial Agropecuario en el gobierno de Cambiemos y veterinario de vasta militancia en el radicalismo, expone en esta nota su opinión contraria a la implementación de un sistema de compensaciones al trigo, que se financiará con la suba de las retenciones a la soja. Dice que la iniciativa no favorecerá al consumidor y propone otras opciones, como subsidios directos a los sectores más carenciados. Pero a la vez vaticina una serie de complicaciones para los productores y la propia industria molinera.
¿Lo manejará el ministro Guzmán? ¡Sí Señor! ¡No Señor! ¿El ministro Domínguez? ¡Sí Señor! ¡No Señor! ¿El ministro Kulfas? ¡Sí Señor! ¡No Señor! ¿Pues entonces quien lo quiere? El Secretario Feletti.
Como en el juego para niños, con el fideicomiso del trigo se reitera la iniciativa de generar un fondo para subsidiar el precio de la harina con el infantil argumento de disminuir la inflación.
Argumento “infantil” en tanto y en cuanto la incidencia de la producción de trigo en el costo de un kilogramos de pan es del 13%, a lo que habría que sumarle un 5% de la molinería (18% en total). Hay respetables estudios de especialistas, de la propia molinería o de Instituciones como FADA que sustentan esas cifras. El componente restante hasta alcanzar los 250 pesos o hasta los 300 pesos por kilo de pan es adjudicado a alquileres, impuestos, salarios y tarifas (costos fijos).
Más aún, la incidencia del precio del pan en la canasta del INDEC, solo representa el 0,2%. Más allá del origen o el mecanismo elegido, la asignación de 400 millones de dólares para subsidiar a la molinería, parece responder más a una avidez recaudatoria que al impacto que se busca como resultado y que explica el 0,2% de la inflación..
Más incomprensible aún resulta la medida por recurrir a mecanismos intervencionistas de subsidios que ya han probado su fracaso con anterioridad. En aquellas experiencias, como si fuera poco, además de no obtenerse los resultados perseguidos, se generó discrecionalidad, corrupción, la aparición de juicios contra el Estado todavía no resueltos. Pero lo peor fue que aquellas compensaciones también dieron lugar a la comercialización en negro de harina, generándose una competencia desleal que restó competitividad a quienes cumplen con la ley.
La molinería en su gran mayoría y salvo contadas excepciones, está compuesta por empresas Pymes (más de 130), muchas de ellas centenarias, que a lo largo y ancho del país y en muchos casos en pequeñas localidades del interior, conforman la única fuente de trabajo. De haber existencias, esas empresas no tienen dificultad en comprar el trigo sin intervención estatal. Pero no tienen, en una gran proporción, espaldas para vender por debajo de sus costos de producción y soportar el costo financiero que genera el intervalo entre la venta y el subsidio que les asignaría el Estado.
Teniendo en cuenta el objetivo de la medida propuesta por el gobierno, que es llegar a los sectores sociales más necesitados, es mucho más viable que regular los precios con mecanismos distorsivos de la oferta, recurrir a mecanismos directos y que han tenido éxito como subsidiar directamente al consumo mediante el uso de tarjetas electrónicas como la “Alimentar” u otro mecanismo del mismo tenor.
De esta manera se asegura que el beneficio llegue directamente al beneficiario y se deja de subsidiar el consumo del resto de la población económicamente pudiente, en un mecanismo absurdo similar a lo ocurrido con los subsidios a las tarifas, donde todos reciben el beneficio que debiera destinarse solo a quienes tienen carencias.
Dejar de lado iniciativas que nos llevarán al fracaso sería una actitud racional para un sector como la molinería, con una estructura en la que el precio de la harina acompaña el precio del trigo, grano que representa el 80% de sus costos de producción. La harina sube cuando aumenta el precio del cereal, pero a diferencia de otros sectores baja cuando éste otro se reduce.
Dejar de lado iniciativas que nos llevarán al fracaso significaría aumentar la confianza en la producción y aumentar el área sembrada con trigo, para aprovechar al máximo la enorme oportunidad que la coyuntura actual le ofrece a los productores de alimentos.
Insistir en la iniciativa del fideicomiso, como está planteada, traerá como resultado complicar en extremo la subsistencia de decenas de empresas, generará un mercado negro y competencia desleal, fomentará la discrecionalidad y no llegará al consumidor con rebajas en los precios.
Pareciera que tuviéramos todo un pasado de fracaso por delante.
