La comunicación oficial del gobierno dirá que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, viajó el lunes por la tarde a San Juan, donde presentó junto al gobernador Sergio Uñac una iniciativa llamada Proviar 2, que contará con financiamiento del BID y se supone “promueve la sostenibilidad ambiental, social y productiva del sector vitivinícola”.
La verdad de la milanesa es que los productores de uva de San Juan no están ni de humor ni tienen tiempo para esperar que estos grandilocuentes programas (en los que en general ganan los consultores y llega poco al territorio) den resultado. Por eso las distintas entidades que representan al sector forzaron una reunión con Domínguez y Uñac para reclamarles que intervengan por lo que realmente les urge: cobrar un precio justo por su cosecha de uvas.
Por eso, entre la presentación del PROVIAR 2 y la pompa de los grandes anuncios, se coló un petitorio de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, la Mesa Vitícola de San Juan, y la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM). Todas estas entidades reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales que intervenga y fuerce una reunión con el sector bodeguero, para que éste no imponga precios de ruina para los productores.
Este es el petitorio:
“Actualmente el precio del producto vitivinícola esta manejado por la ley de oferta y demanda, en un mercado oligopsonio. Con la realidad actual, no se puede vender el producto por debajo de los costos reales (mano de obra tuvo un incremento del 60%, los insumos entre 80% y 300%). Según el estudio del INTA del pasado 31 de octubre de 2021, el costo de producción de 20.000 kilos por hectárea era de 30 pesos” por kilo, definen los viñateros en ese petitorio.
Por eso los productores le reclamaron al ministro Domínguez y al gobernador Uñac que dejen los grandes proyectos pomposos de lado para forzar una reunión con las industrias vitivinícolas y se fijen precios de por lo menos 40 pesos por kilo de uva común; 50 pesos para la uva blancas; y de entre 70 y 80 pesos para las uvas tintas según la variedad.
Además las entidades de viñateros, además, hay muchas otras cuestiones de fondo para discutir respecto de la política vitivinícola, como la “falta de representatividad del sector productivo en las instituciones existentes”, como la Coviar; la persistente sequía que castiga las zonas productivas y la falta de mano de obra para levantar las cosechas.
