Por Matías Longoni.-
La Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamó hoy “una reducción paulatina hasta su eliminación” del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Entre 2002 y 2016, es decir después de la salida de la crisis de 2001 y a lo largo de toda la gestión kirchnerista, la presión fiscal por dicho gravamen aumento 131% y pasó de representar 1,7% del PBI a 4% de ese mismo Producto.
Este acelerado crecimiento lo coloca actualmente como tercer impuesto en importancia en la estructura de recaudación del Estado en todos sus niveles, detrás del IVA (con 7,1% del PBI) y Ganancias (con 5,4%).
Un laborioso estudio sobre los impuestos provinciales y su impacto sobre el agro, realizado por el economista Ezequiel De Feijoó, fue presentado este miércoles por el titular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, quien reclamó a las autoridades del Gobierno de Cambiemos que Ingresos Brutos sea considerado el próximo impuesto a eliminar luego de la promesa cumplida con las retenciones a la exportación. El problema es que IIBB no es un impuesto nacional sino de carácter provincial, y por tanto cualquier definición debería ser parte de un acuerdo con todos los gobernadores.
En total, según el informe de la Rural, los impuestos provinciales representan un participación equivalente, en base a datos de 2016, al 5,3% del PBI nacional. “Esta es la presión fiscal más alta en los últimos 50 años”, dijo Etchevehere, que pidió directamente: “Debe ir bajando hasta desaparecer, porque este impuesto es una de las causas que evita que se desarrollen las diferentes regiones”.
Dentro de una serie de gravámenes correspondientes a las provincias, IIBB es uno de los más jóvenes: se creó en Buenos Aires en 1948 con una alícuota pareja de 0,4% sobre las ventas facturadas del año anterior. Pero con el correr del tiempo comenzó a cobrarse de diferentes modos y a diferentes productos, con una gran cantidad de anticipos y percepciones que terminan distorsionando todo.
El trabajo de la Rural lo trata casi casi como si fuera un mamarracho: “Es acumulativo; se agrava si el proceso productivo tiene muchas fases; es de escasa visibilidad (no tiene costo político); deteriora la competitividad exportadora (la invisibilidad del impuesto impide el ajuste en frontera); afecta el precio al productor en su jurisdicción porque debilita la competencia; es regresivo; hay veces que se paga impuesto sobre impuesto; y altera las decisiones de consumo e inversión”, enumeró De Feijoó.
Respecto de otros gravámenes provinciales, la Rural también denunció un fuerte incremento de los arcaicos Sellos desde 2002, en torno a 137%. Y aunque reconoció que la presión fiscal por el Impuesto Inmobiliario se redujo de 0,5 a 0,4% en dicho periodo, advirtió que las principales provincias agrícolas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) recaudan por este impuesto más del doble que el resto de las 19 provincias argentinas.
¿Y qué tan grave es el peso de IIBB y del inmobiliario rural frente a las retenciones que subsisten en el caso de la soja (están en 30% y comenzarán a reducirse 0,5% mensual desde enero)? El análisis tomó cuatro modelos agrícolas en dichas provincias. En el caso de un campo de Córdoba, el productor sojero aporta 83 dólares por hectárea en gabelas a la provincia, contra 130 dólares que cede al Estado Nacional por el impuesto aduanero. Es decir, los impuestos provinciales representan aproximadamente 60% de lo que se va en retenciones.
“Ya hemos demostrado cómo reacciona el sector cuando se eliminaron la mayor parte de las retenciones”, dijo Etchevehere, que enumeró una serie de indicadores positivos para la economía, como la cosecha récord y un incremento de 30% en las exportaciones de carne. De cara a la nueva reforma fiscal que prepara el Gobierno, ahora reclamó cirugía mayor con impuestos como Ingresos Brutos. “En la medida que vayamos teniendo reglas de juego semejantes a las de nuestros competidores en el mundo, tendremos mucho más para dar”, añadió el titular de la Rural, confiado en que en la remoción de este tipo de gravámenes está la clave del desarrollo del interior y el agregado de valor a los productos primarios.
