Paulo Teixera es un abogado paulista que, a partir del regreso de Lula Da Silva al poder en Brasil nueve meses atrás, asumió la conducción del Ministerio de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en el vecino país. Es decir que maneja la complicada agenda de relacionamiento con los millones de pequeños agricultores brasileños, muchos de ellos englobados por el poderoso Movimiento de los Sin Tierra, y que fue parcialmente desatendida por la gestión del ex presidente Jair Bolsonaro.
Teixera, que hasta este miércoles representó a su país como presidente de la Junta Interamericana de Agricultura (que agrupa a los ministros de los 34 países del continente americano), contó al inaugurar las sesiones ante sus pares que uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno de Lula “es la defensa de la democracia, tan atacada en el periodo anterior”. Pero de inmediato agregó que también deben reanudar una agresiva agenda a favor de la agricultura familiar en Brasil, que según ellos fue casi desmantelada en los cuatro años que mandó Bolsonaro.
“El desafío es la disminución de la desigualdad social que es tan grande en nuestro país. Brasil en 2014 había salido del mapa del hambre, pero se descuidaron las políticas y por eso volvimos a figurar allí. Uno de nuestros principales desafíos entonces es salir de allí produciendo alimentos saludable y ayudar con la agroecología”, indicó Teixeira.
En ese sentido, el titular de uno de los tres ministerios que tiene Brasil enfocados en las actividades productivas (adicionalmente la cartera de Agricultura y Ganadería se ocupa de las políticas para el “agronegocio” y hay otro ministerio para la Pesca), indicó que el nuevo gobierno de Lula ha lanzado nueve programas, entre ellos el de “reforma agraria”, que implica retomar la agenda de titularización de tierras para comunidades tradicionales, sobre todo afrobrasileñas, que “tienen derechos a sus tierras”.
Pero lo que llamó más la atención de Bichos de Campo, que está en Costa Rica cubriendo esta reunión cumbre de ministros en el marco de una invitación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fue que tres de esos programas brasileños están enfocados a las compras públicas de alimentos.
Teixeira explicó que a partir del regreso de Lula se impuso como línea de acción política que al menos 30% de esas compras de alimentos con dinero público deben ser realizadas a actores comprendidos dentro de la denominada agricultura familiar. Esto incluye el alimento adquirido para atender la demanda desde escuelas y hospitales, pero también las fuerzas militares.
“De ese modo el mercado queda cautivo para la agricultura familiar, que podrá mejorar sus ingresos”, indicó el funcionario.
Esta política quedó plasmada a través de una ley que fue aprobada en julio pasado por el Congreso Brasileño, la Ley 14.628/2023, que derogó el Programa Alimenta Brasil que venía siendo ejecutado en el gobierno de Bolsonaro, quien no eliminó por completo esta política agrícola de tono social pero sí enflaqueció visiblemente los presupuestos. La norma restituyó el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).
Según la nueva norma, siempre que sea posible un 30% de las compras publicas de alimentos deberá ser direccionada a adquisición de productos de agricultores familiares y sus organizaciones, por parte de las entidades públicas. La ley prevé también que un 30% de los recursos de un programa social llamado Cocina Solidaria sean destinado a compras a este segmento de agricultores.
Otra agresiva política brasileña en favor de este segmento de productores, considerados esenciales para atender el mercado doméstico, es el lanzamiento de líneas de financiamiento específicas, con tasas de interés negativas, que deberían ser destinadas a mejorar la producción y para la compra de equipos adaptados a la agricultura familiar.
