El regreso del peronismo al gobierno ilusionó a algunos malandras del negocio de la carne que en los últimos años se vieron forzados a regularizar su actividad debido a la buena política que aplicó la gestión de Cambiemos en este terreno, con apoyo cerrado de la Mesa de las Carnes.
Esa política, además de forzar a todos los matarifes a tener una matrícula visible, activó un sistema por el cual los operadores debían anticipar impuestos para poder faenar, lo que multiplicó la recaudación desde esa actividad que mueve millonadas de dinero. Como corolario, entre AFIP, el INAES y la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) se logró poner en caja a varias cooperativas de faena, que actuaban como prestanombres para esos malandras y constituían un núcleo potente de competencia desleal en la cadena.
Los malandras pueden ilusionarse con un cambio de gobierno, pero si el Estado mantiene continuidad de las políticas públicas más allá de quiénes las apliquen no habría nada que temer.
Pero hay temor. Y debe ser grande como para que dos cámaras que agrupan a empresas del sector frigorífico (Cadif más enfocada en el AMBA y Fifra en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) expusieran ese miedo en público. Pienso: si los frigoríficos, que se las saben todas, sienten miedo al regreso de los malandras, algo grave debe estar pasando.
El primero en visibilizar esta inquietud fue Daniel Urcía, presidente de FIFRA. En una nota escribió que a pesar de los avances logrados hasta aquí “es necesario trabajar en la formalidad del sector y para ello se necesitan avanzar con una mirada integral, sanitaria, fiscal, comercial, laboral, con información en tiempo real y capacidad de actuación en igual tiempo”.
Urcía esquivó hablar en concreto de las cooperativas de trabajo que se dedican a la faena de vacunos. Pero remarcó que, según datos oficiales, en el país hay caldo fértil para la competencia desleal ya que existen 199 establecimientos, la mitad del total registrado, que faenaron menos de 1.000 animales por mes. “Con ese número de faena tan reducido es difícil suponer que puedan generar los recursos suficientes para su debido funcionamiento y para el cumplimiento de las normas sanitarias, laborales y fiscales correspondientes y necesarias”, apuntó el directivo de FIFRA.
El cálculo es que 1.000 animales representan una producción de 225.000 kilogramos de carne equivalente res con hueso. Con la venta de esa carne, según Urcía, no se llega a cubrir el costo de las treinta personas que se necesitan para que una planta de faena “cumpla las debidas condiciones”. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada uno de esos trabajadores debería tener un costo cercano a los 100 mil pesos.
Esta lógica económica (ingreso que no llegan a cubrir los costos) dio pie a que CADIF, la segunda cámara, expresara su temor a que determinados malandras diluyan esos costos laborales bajo la figura de las cooperativas de trabajo. En esos casos, interviene un matarife que es el capitalista, pone las vacas para faenar y se lleva la carne. No paga los 100 mil pesos que corresponderían a un trabajadores regulares sino que maquilla su operatoria detrás de esa figura de la economía social: los laburantes aparecen como socios de una cooperativa. Son “dueños” aunque cobren apenas 20 mil pesos en negro y una bolsita de carne por semana.
“Desde CADIF venimos sosteniendo desde hace años y con sólidos argumentos que el uso espurio de la figura de las cooperativas de trabajadores explotando plantas faenadoras, regenteadas por pseudo empresarios privados, conforma la base de la pirámide de la informalidad del sector”, señaló un comunicado de esa entidad, que le puso nombre concreto a los temores.
¿Por qué estas expresiones en este momento? Fuentes consultadas por Bichos de Campo en el sector dijeron que existe una sorda disputa dentro de los funcionarios que acompañan al ministro Luis Basterra en Agricultura. Mientras un ala más “política” pretende flexibilizar las reglas vigentes para permitir una mayor participación de las cooperativas de trabajo en la faena de bovinos, hay un ala “técnica” que se opone a esa decisión.
De allí que los malandras se ilusionen con el cambio de gobierno. Entre los nuevos funcionarios aportados por el semillero peronista hay muchos que compran fácil el verso de las empresas recuperadas a manos de sus trabajadores. Que las hay, puede ser. Pero que muchas veces esconden casos de competencia desleal, también sucede.
La discusión dentro del gobierno pasa concretamente por una posible modificación de la Resolución 21/2017, que fue firmada por el ex ministro Ricardo Buryaile y entre otras cosas prohíbe otorgar a las cooperativas una matrícula de “matarife abastecedor” dentro del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Desde que esa medida se aplicó, la participación de las cooperativas en el total de la faena se redujo de casi 20% a cerca del 5%.
En el comunicado de CADIF hay una buena explicación de por qué los frigoríficos no quieren que las cooperativas puedan recibir matrículas como “matarife abastecedor”, lo que las habilitaría vender la carne que producen. “El motivo es simple: las ventajas económicas del uso espurio de la figura cooperativista otorgarán mayor poder de compra a los reales operadores que indebidamente la utilicen”, argumentó la cámara.
CADIF describe cómo operarían los malandras que están detrás de esas cooperativas:
- Hoy esos matarifes faenan con su propia matricula en plantas operadas por cooperativas. Es decir están visibles. Pero si se modifica la Resolución 21, “podrán dejar de usar la matrícula propia para ocultarse tras la matrícula de la planta cooperativista”.
- Las cooperativas bendecidas por ese matarife capitalita, “se convertirán en muy importantes faenadoras”, aunque solo en los papeles.
- Los matarifes detrás de estas máscaras “gozarán de absoluto anonimato, con todo lo que ello implica a su favor”.
- Dado que las cooperativas están exentas de Ingresos Brutos, al faenar a nombre de ellas, los matarifes ocultos se beneficiarán de manera indebida a la hora de pagar los anticipos de faena. “Los VEP para desbloqueo de faena serán la mitad del valor que actualmente pagan. Eso es una ventaja de aproximadamente 1 pesos por kilo faenado”, apuntó CADIF.
- Las facturas de carne, al ser emitidas con membrete de cooperativas, tampoco incluirán las percepciones de Ingresos Brutos, lo que “implica otra ventaja de aproximadamente 3,50 pesos por kilo faenado”.
- La brecha con los operadores formales se agranda con los costos laborales. CADIF los calcula en un equivalente de 4 pesos por kilo de carne, a favor de las cooperativas. “Para una planta tipo que faena 10.000 cabezas/mes esa descompetencia implica no menos de 100 millones de pesos al año”, apuntó.
“Por lo tanto, en la nueva situación, la competencia desigual/desleal será para una planta tipo de 8,50 pesos por kilo faenado”, resumió el documento de esa cámara frigorífica, que reclamó “reglas igualitarias que sienten las bases de un desarrollo armónico, fomenten la inversión y el empleo genuino”.
Empleo genuino. Eso es algo que debería ser fundamental para un gobierno de signo peronista.
