El Decreto 720/2024, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, confirmó la decisión oficial de intervenir por 180 días a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), alegando la existencia de deudas por más de 46 mil millones de pesos, que la tornan inviable y que se manifiestan en una casi total falta de atención a sus afiliados.
La norma, que faculta al Ministerio de Salud a extender dicha intervención más allá de los 180 días, confirmó a la doctora Virginia Montero a cargo de ese proceso, asignándole las facultades de administración y ejecución.
El decreto presidencial confirma una decisión tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud a principios de agosto, a través de la Resolución 1612/2024, que adelantó la intervención de la obra social de la UATRE luego de una auditoría en donde se detectaron “gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones”.
El Gobierno nacional intervino OSPRERA, la obra social de la UATRE, a semanas de haberla recuperado
Curiosamente, en julio pasado este misma administración había decidido restituir a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) la conducción de la Obra Social, luego de haber estado bajo una administración judicial por más de un año. En ese momento se designó un nuevo Consejo Directivo para Osprera liderado por José Voytenco, secretario general nacional del gremio.
A esa situación se llegó luego de que en 2021, en el marco de una fuerte interna dentro del gremio de trabajadores rurales, la conducción de Voytenco expulsara de la conducción de la obra social al diputado nacional Pablo Ansaloni, a quien además denunciaron por asociación ilícita y estafa.
El proceso de normalización que había encarado la UATRE quedó rapidamente trunco porque el decreto de Milei confirmó la intervención y además brindó algunos detalles sobre la delicadísima situación de la obra social, que viene acumulando enormes deudas pese a recibir cuantiosa ayuda económica de la anterior gestión.
En ese sentido, el gobierno indicó que la auditoría realizada “permite advertir una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre Osprera, de incuestionable gravedad”, Y acotó que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.
“En lo que respecta a la situación de endeudamiento del Agente del Seguro de Salud, al cierre del ejercicio 2023 la misma es crítica, con rangos completamente fuera de los valores normales”, define la nueva norma, dando cuenta de que:
- La Superintendencia de Servicios de Salud transfirió a la Obra Social el 4 de octubre de 2023 la suma de 3.350 millones de pesos, pero la misma (que corresponde a la gestión anterior) “no fue aprovechada adecuadamente, ya que no solo no logró mejorar la situación de endeudamiento, sino que la ha empeorado”.
- Al 30 de septiembre de 2023, es decir antes de dicho desembolso, la deuda prestacional de Osprera ascendía a 26.979 millones de pesos. Lejos de reducirse, a marco de 2024 había crecido a 43.949 millones de pesos, es decir que se incrementó 63% en unos pocos meses.
- Solo la deuda con los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada asciende a un total de 1.500 millones de pesos.
El decreto agrega que el análisis del Balance 2023 de la obra social permite concluir que “…la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago…”.
Adicionalmente la Obra Social enfrenta una serie de 172 juicios. La mayoría de ellos, unos 73 expedientes, se originó en la falta de provisión de medicamentos; en tanto que otras muchas demandas se deben a cirugías, prótesis y problemática prestacional. Hay 31 juicios que responden a la falta de ayuda frente a problemas de discapacidad.
“En lo que hace a los juicios de Mala Praxis Médica, ascienden a un total de 29, de los cuales dos se encuentran concluidos con compromiso económico para el Agente del Seguro de Salud”, se agrega. Asimismo la Obra Social carga con 44 juicios de índole laboral, 62 sobre cobro de pesos, 46 de ejecuciones fiscales y 1 por daños y perjuicios.
El decreto agrega más ingredientes que justifican la intervención: “Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas”.
En ese sentido, apuntó que en la auditoría se identificaron 16.410 reclamos de beneficiaros de Osprera directamente a la conducción de la Obra Social. Además la Superintendencia de Salud recibió otros 1655 reclamos.
La obra social recuperada recientemente por al UATRE, además, “en su página web no informa sobre la cartilla, ni sobre los coseguros. A su vez, no cuenta con ningún registro o información (propia o elaborada por prestadores) sobre intentos de suicidio ni protocolo IVE, tampoco posee canales de difusión de las temáticas IVE, identidad de género y violencia de género”.
A su vez, la Obra social “no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de aplicación, en cuanto a la registración total de los contratos prestacionales; encontrándose desactualizadas las Cartillas Médicas”.
