Marcelo Fernández, presidente de la Asociación de Cañeros independientes del Este de Tucumán, la principal provincia cañera, dijo que están muy preocupados por la demora en el tratamiento de la Ley de Biocombustibles. El presidente Alberto Fernández prometió impulsar el asunto en su paso reciente por la provincia. Pero toda la cadena del etanol de azúcar, de maíz y la de biodiésel de soja viene reclamando que al menos se estire la normativa vigente que vence en mayo.
Em diálogo con Bichos de Campo, el dirigente azucarero explicó la importancia que tiene para el sector en términos productivos, económicos y sociales contar con la demanda adicional de los ingenios para la transformación de caña en etanol.
Fernández explicó que en un año se producen habitualmente 2,2 millones de toneladas de azúcar, de las cuales 1,3 a 1,4 millones tienen como destino al mercado interno, otras 250/300 mil toneladas se exportan y otras 500/550 mil toneladas se transforman en alcohol, para luego fabricar bioetanol. Ese combustible sirve para el corte obligatorio de las naftas, previsto por la ley que ahora reclaman prorrogar.
Si no se contara con la demanda para el etanol, la especulación de los productores es que el mercado local se vería saturado de azúcar, lo que deprimiría los precios y llevaría la ruina a industria y sobre todo a los cañeros independientes, a los cueles se les traslada el peso de los diferentes problemas e ineficiencias que hay en cualquier cadena de valor.
“La producción de alcohol nos saca 550 mil toneladas de azúcar, y así no se sobreoferta el mercado interno y podemos ser competitivos. Significan 3 o 4 meses de consumo. La demanda de alcohol es trascendental porque si no se volcaría todo al mercado interno y le meteríamos casi 2 millones de toneladas, lo que sería una catástrofe”, dijo Fernández.
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El tratamiento de la Ley de Biocombustibles se había prometido desde el oficialismo para enero pasado, pero luego esa decisión se postergó. Si los políticos no se hacen cargo del problema, la cadena azucarera teme repercusiones en diferentes sectores. A nivel del productor correrían riesgo los 6.500 cañeros que siguen en la actividad y que son solo la tercera parte de los que había hace 15 años, cuando se contaban 17.000 cañeros. “Sin la prórroga de la ley no va a quedar ninguno”, advirtió Fernández en tono exagerado.
El dirigente agregó que también habría impactos sociales. “El sector sucro-alcoholero emplea directamente a 60 mil familias en la provincia e indirectamente a 160 mil más. Si se multiplican por 4 personas en cada grupo familiar, hay 800 mil personas que viven de esta producción lo que significa más de la mitad de la población de Tucumán”.
Además de la incertidumbre que hay respecto de la renovación de la ley, Fernández dijo que también les preocupa que se respete una fórmula que defina un precio que le sea rentable al sector. “El presidente vino y dijo que nos quedemos tranquilos, pero no nos dejó tranquilos cuando dijo que iban a revisar la ley, porque si lo que van a revisar es el precio no nos sirve”, explicó.
“Si nos prorrogan la ley con precios que no son competitivos, no se va a hacer alcohol. Estamos abiertos, pero seamos claros. Queremos ser competitivos y para eso hay que tener una utilidad razonable”, explicó el dirigente cañero.
El otro gran tema que demanda la atención de la cadena es el tratamiento de la ley de etiquetado de los alimentos y toda la presión social en contra del consumo de azúcar. Un intenso lobbie desde hace años culpa a la actividad de problemas en la salud humana.
“Nos demonizan diciendo que el azúcar engorda, pero cualquier producto que se consuma en exceso no va a hacer bien a la salud. Hay que cuidarse y consumir lo justo y necesario. Pero de ahí a pensar que es un veneno… dista mucho. Esta es una demonización que tiene un objetivo económico que se antepone a la salud”, evaluó Fernández, que consideró que detrás del ese discurso está el interés de sector de la industria para el reemplazo del producto por otros endulzantes.
Con relación a la ley de etiquetado señaló: “No estamos de acuerdo con el formato (del etiquetado frontal). En cualquier lado ves un etiquetado rojo y ves fuego, peligro. Que lo planteen así, no estamos de acuerdo. Debe ser un etiquetado abarcativo y no que condicione el consumo y demonice al producto”, pidió.
