La producción de leche ha ingresado en los últimos meses en un terreno pantanoso, en el cual la mayor parte de los números comienzan a dibujarse en rojo. De un lado, el productor primario registra una fuerte suba de sus costos. En la etapa industrial, las empresas láctea tienen dificultades para aumentar sus pagos a los tambos por el congelamiento que les impone el programa de precios cuidados. Y en el medio el gobierno nacional, que no parece muy preocupado.
En este contexto cobra importancia la reunión que mantuvieron el jueves en San Francisco el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, con su par de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso. Son las dos principales provincias lecheras que se pusieron a revisar la agenda del sector. “Dialogaron sobre exportaciones y medidas para generar una mayor competitividad en toda la cadena de valor”, definió una gacetilla de prensa del gobierno santafesino.
En los últimos meses, frente a las señales negativas que surgían de la economía lechera, uno de los pedidos del sector a las autoridades nacionales fue revisar la estructura de retenciones o derechos de exportación, ya que mientras los quesos y toros lácteos tributan una tasa razonable de 5%, la leche en polvo (que es el principal producto que exporta el sector) está penalizada con una alícuota del 9%, que es incluso más elevada de la que pagan las empresas mineras. Esto, según el argumento, le resta posibilidades a la industria láctea para mejorar el precio pagado a los tamberos.
Costamagna y Busso, en este contexto, encabezaron en la rural de San Francisco “un encuentro de los equipos técnicos de las áreas de lechería de ambas provincias”. El objetivo fue “delinear una agenda de trabajo conjunta para el apoyo y desarrollo al sector, de cara al 2021″.
Luego se blanqueó el primer objetivo de corto plazo. Costamagna destacó que “haremos foco en un fuerte estímulo a las exportaciones, pidiendo una reconsideración de los aranceles para la leche en polvo y los quesos, buscando generar una mayor competitividad en toda la cadena lechera”.
Además, en sintonía, ambas provincias lecheras decidieron plantear en forma conjunta ante el Consejo Federal Lechero la necesidad de que la actividad sea considerada como “economía regional” para encarar mejoras a nivel estructural. Esto impediría que se paguen retenciones más allá del 5%, que es el límite que la Ley de Emergencia Económica sancionada en 2019 impuso para los productos de las economías regionales.
Costamagna aclaró que, de todos modos, “el encuentro fue el primero de un cronograma que reunirá periódicamente a los equipos técnicos de ambas provincias, con el objetivo de trabajar de manera conjunta”.
En la agenda de largo plazo, cada provincia se explayó sobre las políticas con respecto a viviendas y caminos rurales; financiamiento para el sector; mejora en la calidad mediante asesoramientos técnicos; fortalecimiento del valor agregado; y control de buenas prácticas, entre otros.
