La Unión Europea volvió a postergar por un año la entrada en vigencia del reglamento antideforestación que obliga a sus importadores a certificar que los alimentos que compran no proceden de campos desmontados luego de 2020.
Para los importadores europeos armar esa certificación es un fuerte dolor de cabeza, pero la exigencia -que se hará efectiva ahora desde 2027- también resulta un gran preocupación para las cadena de la carne vacuna y de la soja en la Argentina.
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC e integrante del Consejo Agroindustrial Argentino, viene insistiendo con el uso de la plataforma VIsec que procesará y suministrará la información a los importadores europeos. Dice además que será gratuita para el productor.
Pero los acopiadores replican que, al menos para ellos, la certificación de una soja “libre de deforestación” tendrá un costo, al menos para ellos.
Daniel Assef, directivo de la Federación de Acopiadores, explicó que esa entidad acompaña la iniciativa Visec, aunque aclaró: “No será gratuita para nosotros sino que tendrá un costo, ya que las empresas deberán encargarse de la certificación y la segregación de los granos”.
“Dicen que es gratis para el productor, pero el acopio tendrá costos y no creo que se puedan trasladar el productor por la competencia que tiene el mercado, (Ese costo) lo tendrá que absorber el acopio porque, si no, terminás perdiendo clientes”, agregó.
Lo que piden desde Europa es bastante complicado de realizar porque “no se puede tener un silo únicamente para 200 toneladas de soja de un productor que deforestó después de 2020”.
Por eso, “la Federación impulsa que se reemplace por un sistema de segregación documental, donde el acopio pueda certificar, por ejemplo, que de un total de 1.000 toneladas, unas 800 provienen de campos no deforestados desde 2020. Eso es lo que estamos pidiendo, afirmó. “En ese escenario, para cada embarque se entregaría sólo el porcentaje que cumpla con los criterios exigidos por la Unión Europea”, completó Assef.
El dirigente también cuestionó la presión que introduce el sistema sobre la necesidad de contratar certificadoras privadas. “Europa te pide una diligencia debida, no una certificación obligatoria. Pero esto termina incrementándole los costos al acopio”, advirtió.
Aunque existe un estudio de la UBA que intentó estimar el impacto económico de esta certificación, Assef aseguró que aún no hay un número cerrado. De todos modos, subrayó que el gasto más elevado aparecerá en la segregación: “Ahí se puede desmadrar el costo”.
Assef incluso planteó una contradicción ambiental: separar físicamente los granos obligaría al acopio a prender más máquinas, mover cargas adicionales y realizar operaciones innecesarias. “Afecta más al medio ambiente. Si querés cuidar al ambiente, es una ridiculez plantearlo así”, cuestionó.
Además añadió que penalizar el grano según su origen “no tiene sentido”, porque “el grano es exactamente el mismo, no hay diferencia entre uno de un campo deforestado antes de 2020 y otro de después”.
En paralelo, señaló que el sistema sigue mostrando inconsistencias también en Europa. Aun así, advirtió que el sector argentino debe prepararse: “Si te agarran con los perros atados, vas a estar complicado cuando tengas que entregar mercadería”, avisó.
