Por Matías Longoni (@matiaslongoni).-
Esta es una noticia con “recortes”, en un doble sentido.
Por un lado, porque es una historia reconstruida con recortes de muchos medios diferentes, noticias y comunicados que fueron apareciendo y que están vinculadas a la lucha sanitaria contra la Lobesia Botrana o “polilla de la vid”, la más peligrosa plaga que afecta a la vitivinicultura local en la actualidad.
Por el otro, porque la conclusión de esta historia armada de recortes es que el Gobierno Nacional ha ido “recortando” sin disimulo los fondos destinados a combatir esta plaga, a punto tal de que lo que ahora se ha establecido es que el mayor peso de financiar las tareas para frenar a la polilla ya no recaen sobre los presupuestos estatales sino sobre las finanzas de los propios productores, que deberían poner de ahora en más unos 1.500 pesos por hectárea.
Vamos a los recortes, que permiten reconstruir la historia de esta privatización de las luchas sanitarias y muestra bien cómo las muchas leyes sancionadas por el Congreso Nacional nacen directamente “apolilladas”.
La plaga en cuestión estuvo ausente en Sudamérica hasta 2008, cuando se detectó en Chile. La Resolución 362/09 del Senasa estableció entonces la “denuncia obligatoria” e implementó una red oficial de monitoreo con trampas de atracción sexual.
La Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa detectó en febrero de 2010 algunos ejemplares adultos de la polilla en dos predios próximos a la localidad de Maipú, Mendoza. Se declaró entonces la emergencia fitosanitaria mediante la Resolución 122/2010.
Con el inicio de la campaña 2010/11, se aprobó e implementó el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia botrana, conforme a los resuelto por la Resolución 729/2010.
En noviembre de 2015 la preocupación crecía y entonces el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.227, que disponía que el Ministerio de Agroindustria “dispondrá la entrega a los productores vitivinícolas de los emisores de feromona para la implementación de la técnica de confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que sea superadora de la mencionada”.
En este esquema, los productores solo “quedarán a cargo de los gastos operativos para la colocación y mantenimiento de los emisores”.
En otro artículo, la Ley definía que “los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros cuatro años de promulgada”, y que recién “a partir del quinto año deberán continuar realizando las medidas de control de la plaga”. Esto es: el Estado debía hacerse cargo de los costos hasta fines de 2019.
Este artículo del Diario Uno explica bien cómo debería haber funcionado aquella ley: decía que el Estado Nacional iba a aportar en 2016 un presupuesto de 300 millones de pesos para enfrentar la plaga y permtir que los productores de menos de 25 hectáreas queden totalmente exentos de cualquier tipo de costo de insumos.
Según la normativa, en rigor, el Ejecutivo Nacional debería disponer cada año de los fondos necesarios para el combate de la Lobesia y parte de ese dinero debía ser reintegrado luego por los privados, en diferentes proporciones según su escala. Para los productores con menos de 25 hectáreas el reintegro era de 0% hasta 2019, para los productores de entre 25 y 75 hectáreas de 8,8%, y para las producciones de más de 75 hectáreas, del 12,5% de los costos por hectárea.
En agosto de 2016 comenzaron los primeros problemas porque la Nación no enviaba los fondos prometidos. Recién en septiembre de ese año llegan a Mendoza algunos recursos nacionales que se utilizaron para saldar las deudas acumuladas con los productores. Según recuerdas este artículo de Sitio Andino, para ese momento se calculaba que en Mendoza al menos 135 mil hectáreas se encontraban afectadas por la Lobesia y 50 mil de ellas estaban en grave riesgo sanitario.
En diciembre de 2016, el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, prometió en público que parte de los 1.800 millones de pesos que manejaba el Fondagro se destinarían a la lucha sanitaria contra la polilla, según nos recuerda esta nota del propio Gobierno de Mendoza. El Fondagro había nacido para socorrer a las economías regionales y en compensación por el atraso de un año (2017) en la reducción de las retenciones a la soja.
Para frenar la Lobesia se llegó a hablar en 2017 de un presupuesto anual de 400 millones de pesos, que nunca apareció en la Ley de Presupuesto. En agosto de ese año, el Ministerio de Agroindustria realizó una licitación, por más de 10 millones de dólares, para adquirir las feromonas necesarias para enfrentar a la Lobesia Botrana. La plaga ya había avanzado hacia San Juan, que recibió parte de los recursos, según informó este comunicado del propio Ministerio. Más tarde se supo que el Fondagro, en esta primera etapa, solo destino 49 millones de pesos para la vitivinicultura.
En mayo de 2018 comienzan otras vez los problemas. Como la Ley 27.227 nunca fue reglamentada por el Ministerio de Agroindustria, tampoco hay recursos previstos en el presupuesto y las provicnias afectadas deben ir a mendigarlos. Este artículo del Día del Sur cita fuentes del gobierno de Mendoza que, tras las negociaciones con Agroindustria, revelaron: “En algún momento se habló de la posibilidad de que el aporte sea de unos 250 millones de pesos (alrededor del 60% del presupuesto anterior), pero aún no hay definiciones, pese a que sigue abierto el diálogo”. Según evaluaciones técnicas para el ciclo 2018/2019, el Estado nacional debería disponer de alrededor de 20 millones de dólares, a 25 pesos por dólar.
A principios de este mes, este artículo del diario Uno anticipa la fórmula que utilizaría Mendoza para no frenar el operativo contra la Lobesia, hasta ese momento considerado exitoso. El mismísimo gobernador Alfredo Cornejo tuvo que intervenir en las negociaciones para destrabar un aporte de 100 millones de pesos de la Nación, al cual la propia provincia sumaría otros 50 millones. Pero como en total se necesitarán unos 300 millones de pesos, ya se empieza a discutir un aporte a cargo de los propios productores mendocinos de otros 150 millones de pesos.
Sin mostrar un dejo de vergüenza por su desempeño previo (y por prometer aportes que luego nunca llegaron a concretarse en tiempo y forma), un comunicado del Ministerio de Agroindustria anunció con bombos y platillos el acuerdo con el gobierno de Mendoza.”Los fondos aportados por la cartera agroindustrial, que suman un total de 100 millones de pesos, se otorgan a través del Fondagro. Por otro lado, el gobierno mendocino se comprometió a conceder 50 millones de pesos para la campaña. Con la iniciativa se busca dejar exentos del pago a los productores con menos de 5 hectáreas”.
Los montos del aporte nacional caen estrepitosamente. Pero el nuevo ministro, Luis Miguel Etchevehere, lo celebra: “Con este aporte fortalecemos la capacidad de los productores de la provincia para poder ser parte de los mercados internacionales con bebidas de calidad”, dijo. Y agregó que “el trabajo conjunto entre los sectores público y privado es clave para seguir avanzando”.
Este artículo del diario Los Andes, frente a la evidencia de un nuevo fiasco, dice que en Mendoza se desató una polémica frente a la evidente “privatización” del plan sanitario. Explicó el diario que “con un plan que estiman que tendrá un costo de 300 millones de pesos en Mendoza, productores primarios deberán desembolsar los 150 millones de pesos restantes, que implicará un costo de 1.500 pesos por hectárea.
En total, dice el artículo basado en datos oficiales, son cerca de 11 mil los productores afectados por la plaga; y de ellos el 50% (5.400) quedarán eximidos del aporte, mientras que el resto (5.492) “deberán realizar el aporte en cuotas por medio de la factura de Irrigación”.
Para poner en marcha este nuevo plan se necesitará de una Ley provincial, que dará por tierra con lo que había pautado tres años antes el Congreso Nacional. En rigor, ya no habrá productores exentos de hasta 25 hectáreas, sino que se tratará de aliviar las cargas sobre las 5 primeras hectáreas de cada viñedo. El ministerio de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, explicó que “los productores deberán comenzar a pagar a partir de la sexta hectárea y los de menos de 5 quedarán eximidos del aporte”.
Mientras tanto, desde San Juan, este artículo del Diario El Zonda nos recordó que la Nación no envió ni un peso para enfrentar la plaga en esa provincia, para la que se necesitarán otros 100 millones de pesos.
¿Adivinen quién va a terminar poniendo ese dinero?
