La República Argentina no tiene una ley que establezca medidas preventivas consensuadas para el uso de agroquímicos. La Provincia de Buenos Aires, que ocupa los territorios agropecuarios más vastos, tampoco tiene una ley que establezca distancias precautorias para el uso de agroquímicos. En ambos casos, son debates largamente pendientes, porque hay una preocupación social que parece razonable y entonces la necesidad de ordenar desde la política pública existe. Desde hace mucho. Y sin embargo no se discute. No se avanza. No pasa nada.
Ahora, en la principal provincia argentina, gobernada por Axel Kicillof, no apuran esa discusión, sino que por el contrario han decidido realizar un mapa georreferenciado del territorio provincial para mostrar justamente como la falta de consensos en materia de agroquímicos impacta en las diferentes regiones con prohibiciones que son erráticas, no tienen lógica y muestran una falta total de consenso.
Créase o no, será el mapa de un nuevo fracaso de la política. Cuando asumió en la gestión, el ministro agropecuario de Kicillof, su amigo Javier Rodríguez, dispuso la creación de un Observatorio Técnico de Agroquímicos, que todavía, más de dos años después, no ha arrojado recomendaciones efectivas en la materia. La nueva gestión también congeló -y prorrogó el congelamiento- de una normativa oficial que intentaba ordenar el tema de las distancias en zonas periurbanas donde la aplicación de agroquímicos sería prohibida o regulada. Claro, esa iniciativa había sido del anterior gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Cómo acordar con ella? Había que mandarla marcha atrás.
En el mapa de la ineficacia de la política pública para resolver las cosas que les preocupan a los argentinos, en materia de aplicaciones de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires hoy las decisiones corren por cuenta de cada municipio, porque no hay ley provincial y tampoco nacional que pongan una serie de referencias consensuadas. Por eso en algunos partidos hay prohibiciones de hasta 1 kilómetro y en otros de solo 50 metros.
Semejante dispersión de las reglas se ha vuelto tan compleja que este martes se publicó en el Boletín Oficial bonaerense, la Resolución 297 del Ministerio de Desarrollo Agrario. La iniciativa creó un plan para la georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos existentes en el ámbito provincial. Un mapa para entender la falta de acuerdos.
El artículo 1° dispone: “Crear el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria”.
A fojas siguientes, se explica que este “proyecto de georreferenciación tiene por finalidad: a) Representar gráficamente las restricciones territoriales para las aplicaciones, determinadas a nivel local y provincial de conformidad a la normativa vigente. b) Coadyuvar a la fiscalización de las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal. c) Contribuir al sistema de información pública en materia de uso y aplicación de agroquímicos. de la provincia de Buenos Aires”.
Una genialidad de la política: exhibir el propio mapa de su fracaso.
Igual puede llegar a salir mal. Porque la iniciativa de ver un mapa de las prohibiciones a los agroquímicos podría no incluir a todo el territorio bonaerense, ya que la adhesión de los municipios será voluntaria y no obligatoria.
