“Los problemas vinculados a humedales radican en no realizar las intervenciones que son necesarias o no aplicar las normativas específicas vigentes”, afirmó un comunicado lanzado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en relación a los incendios que padecieron las islas del delta del Parná y otras zonas de humedales. De esta manera, el ruralismo definió por primera vez su posición pública frente a los debates sobre la preservación de estos ecosistemas, cuando en el Congreso avanza la discusión sobre una docena de proyectos de ley.
Luego de afirmar que la definición de humedales utilizada en esos distintos proyectos no se ajusta a los criterios de Ramsar (un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional), CRA advirtió que por lo tanto la regulación que se proyecta abarcaría un 20% del territorio nacional, cuando el INTA y el CONICET afirman que los humedales ocupan sólo el 12%.
Por eso la entidad aseguró que se trabaja con una mirada sesgada sobre el ambiente, “ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”.
Además de afectar en forma directa a provincias como Corrientes, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa, y Santa Fe, por sus características geográficas, a juicio de CRA la norma también dificultaría la realización de obras de infraestructura a nivel nacional, que son “necesarias para generar mejores condiciones de competitividad productiva y bienestar humano, como tendido eléctricos, autovías, obras hidráulicas que atenúen las inundaciones, etcétera”.
Desde CRA consideran que una ley de presupuestos mínimos debería orientarse al desarrollo de proyectos y obras de ingeniería adecuadas, fomentar la investigación y los estudios básicos, y promover la capacitación y las buenas prácticas, más allá de la conservación de la calidad del humedal.
Teniendo eso en mente, los proyectos presentados “no ponderan adecuadamente el criterio de “Desarrollo Sostenible”, que con sus tres pilares propone lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente”, sino que afectarían a la actividad productiva y traerían “una enorme conflictividad y complejidad administrativa, judicial y social”.
La entidad instó a realizar estudios científicos profundos, a poner a disposición un “Documento de Diagnóstico de Humedales” y a acordar de manera responsable con los actores involucrados para llegar a una solución conjunta.
“El apuro, la sobreactuación y las opiniones carentes de base científico-técnica y desconocimiento de la realidad socio-económica son malos consejeros”, concluyeron los dirigentes agropecuarios.
