Lo que Homero Cruz Marques imaginaba como un proyecto de inversión, y hasta un fondo jubilatorio para cuando dejara su profesión como abogado, hoy es un conocido barrio popular. Su historia es la contracara de los procesos de usurpación que fueron recurrentes en la localidad pampeana de Santa Rosa: La figura de una persona que reclama lo que heredó de su padre pero que hace años no tiene respuestas.
En julio del 2019, en plena campaña electoral, Homero recibió un llamado inesperado: Varias familias habían tomado su terreno de poco más de 2 hectáreas ubicado al este de la laguna Don Tomas. No sólo que desde entonces no ha logrado avances, sino que, hace pocos días, confirmó que pelea contra molinos de viento, porque el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del municipio para que el asentamiento El Nuevo Salitral cuente con luz eléctrica.
Algunos años atrás, cuando recibió por sucesión la mitad del terreno que comparte con unos primos, el abogado imaginaba que por fin había llegado el momento de hacer lo que su padre y su tío no habían logrado. Habían diseñado las 40 parcelas, las calles y los espacios verdes; la zona no es residencial pero su proyecto apuntaba más bien a familias trabajadoras. Hace tiempo que todo eso quedó en el tintero, probablemente para siempre.
En diálogo con Bichos de Campo, Marques relató su situación y recordó lo difícil que le resultó enfrentarse a lo que estaba sucediendo. “Fue hecho de un día para el otro. No fue la usurpación de una familia que se mete y espera 20 años para quedarse con el terreno, sino que bajaron de un camión una mañana y se metieron”, relató. Por eso es que, desde el día 1, el abogado sostiene que esa y otras tomas de terrenos fueron pergeñadas por el poder político.
Algunos indicios lo convencieron. En primer lugar, el modus operandi ya descrito. Pero también la situación que atravesaba el país en ese entonces, cuando el gobierno de Mauricio Macri se enfrentaba con organizaciones sociales por la suspensión de planes para viviendas. “Caí yo en la volada”, relata Homero, que terminó de confirmar sus sospechas cuando tuvo que atravesar el proceso judicial.
“Cada vez que teníamos una audiencia, afuera había 500 personas del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa, del Partido Obrero y de otras agrupaciones que hacían un show contra mí”, recordó.
En retrospectiva, todo ese derrotero sólo logró cansarlo. No obtuvo resultados ni en lo penal ni en lo civil, y llegó a derivar el caso a un colega porque no tenía ganas de afrontarlo. Como fue el único particular damnificado, todos los cañones apuntaban contra él.
Incluso, a fines de 2023, cuando creía que su situación todavía tenía una salida viable, el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación declaró al terreno como barrio popular y lo inscribió en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Nuevamente, un cambio de gobierno lo dejaba a la deriva, y esta vez era peor, porque al ser un barrio popular, se suspendían los desalojos, algunos de los cuales había intentado tiempo atrás.
El caso de Homero se enmarca en un proceso que lo excede. La ciudad pampeana de Santa Rosa ha tenido varios focos de usurpación, sobre todo de terrenos fiscales, que dieron lugar a los asentamientos El Nuevo Salitral, Micaela García y El Amanecer. Son tantas las familias que viven en esos espacios que el Ejecutivo municipal impulsó el proyecto para proveerlas de servicios básicos y que finalmente se conviertan en barrios de la ciudad.
Con el apoyo del peronismo, que es oficialista en el municipio del intendente Luciano di Nápoli, las voces disidentes de la UCR no fueron suficientes, y hoy Marques sabe que ese proyecto urbano que había planificado va a morir en un cajón de su escritorio. A lo sumo, le queda insistir hasta lograra que el Estado le compre las tierras y olvidarse de una vez del dolor de cabeza.
“Seguiré batallando, pero estoy desprotegido y en clara desventaja”, expresó el letrado, que acusa al municipio de “convalidar la toma” con sus proyectos de obras y servicios y lamenta que nadie se haya puesto en contacto con él todo este tiempo.
“El intendente intervino en favor de la gente. En términos electorales lo entiendo, son varias familias contra una persona, pero no han tenido empatía conmigo”, afirmó.
Lo complejo de esta, y de cualquier otra usurpación, es que hay un cruce de derechos, el de propiedad privada y de vivienda. Su formación como hombre de leyes, y su posición como parte involucrada, le dictan que ahí la prioridad es clara y que prima el primero por su carácter de absoluto.
“Se está defendiendo el derecho a acceder a la vivienda de cualquier forma. Con este antecedente, cualquier propiedad de La Pampa está sujeta a ser tomada”, apuntó, y lamentó que el accionar de la justicia, a la que le dedicó gran parte de su vida, haya permitido que “mucha gente tome envión y aproveche”.
Pobre hombre lo compadezco. Acá en Chaco paso lo mismo con varios campos, el mas conocido el campo de la familia Zampa de +-10has dentro de la ciudad de Resistencia, les costo un riñón y medio pero por lo menos lograron que el Estado (coqui gobernador) le pagara una indemnización y por supuesto ni en pedo volver a invertir en la Argentina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!