Esta semana el ministro de Economía Sergio Massa prometió implementar una devaluación sectorial por tiempo limitado –delirio económico total ya estrenado con la soja– para los productos de las economías regionales, pero en un período de tiempo de 40 días en el cual esas economías no tienen producto para vender, dado que, por ejemplo, en el caso las uvas la recolección arranca recién en marzo.
Lo patético es que Massa viajó hasta la provincia de Mendoza, bastión de la vitivinicultura argentina, para anunciar tan insólita medida frente a los desconcertados representantes de las cadenas productivas agroindustriales, quienes, durante el acto, miraban hacia un lado y el otro, como tratando de buscar la presencia de algún valiente que explicara el sinsentido de la promesa oficial. Pero no.
El episodio, que sería cómico sino fuese trágico, es una clara señal del fin de un ciclo económico que, si bien está completamente agotado, la actual gestión nacional, en manos de Massa, se empeña en extender hasta fines de 2023, fecha en la que finaliza el actual mandato presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Lo único que necesitan las economías regionales, junto con todos los demás sectores productivos argentinos, es que el Estado deje de aplicar “retenciones cambiarias”, las cuales actualmente se encuentran en un nivel del 45%. Es decir: por cada dólar generado por un exportador, el gobierno le entrega pesos argentinos en una proporción del 55% del valor real de la divisa.
La “magia” de la intervención del tipo de cambio es que se trata de un mecanismo fenomenal de extracción de recursos al sector privado disfrazado de política cambiaria diseñada para contener la inflación.
Desde Bichos de Campo calificamos –desde el minuto cero– tal medida como una “retención” con el propósito de sacarle definitivamente la careta. Los defensores de tal máquina de extracción de recursos, que dos años atrás se llenaban la boca diciendo que no se trataba de una retención porque el mismo tipo de cambio aplicable a la exportación se compensaba con las importaciones, ahora están mudos porque, sencillamente, las distorsiones creadas en un régimen de tales características son tan gigantescas que es cuestión de tiempo el completo agotamiento de las reservas de divisas.
La gestión de Massa aplicó un cepo prácticamente total a los dólares solicitados por importadores para aislar aún más a la Argentina del resto del mundo y paralizar así al aparato productivo del país. Quedó así implícita la medida del “sálvese quién pueda cambiario”. Sería algo así: ¿querés dólares para importar insumos indispensables para tu actividad? Podés recurrir al mercado Contado con Liquidación, que actualmente requiere unos 310 pesitos argentinos por cada unidad de la divisa estadounidense. ¿No te dan los números? Jodete.
Veamos un caso concreto. La filial argentina de la estadounidense John Deere necesita importar muchas piezas para poder completar la producción local de tractores, cosechadoras y motores. Y no consigue que le habiliten divisas al tipo de cambio oficial (167 $/u$s) para ingresar insumos. ¿Debería hacerlo por su cuenta con un tipo de cambio de 310 $/u$s? El problema es que no puede trasladar semejante aumento de costos al producto final porque, en el caso de los motores que exporta, quedaría fuera de competencia, además de no poder absorber muy probablemente la pérdida económica generada por recibir un tipo de cambio de 167 $/u$s por el bien exportado. En lo que respecta al cliente interno, el productor argentino, el panorama también luce complejo, porque además de “retenciones cambiarias”, debe afrontar derechos de exportación, lo que hace que, en el caso de la soja, reciba un tipo de cambio real de apenas 112 $/u$s.
Entonces John Deere, que cuenta con una gran fábrica en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, no tiene otra alternativa que ir desactivando unidades de producción con la esperanza de que en algún momento el Banco Central (BCRA) y la Secretaría de Comercio, los dos “carceleros” de divisas, liberen dólares al tipo de cambio oficial para poder concretar importaciones de insumos básicos. Y si eso no sucede, bueno, cerrar la fábrica y listo.
La estupidez de semejante locura es doble porque, además de atentar contra el crecimiento potencial del ecosistema de negocios del sector agroindustrial, frena muchas inversiones externas en el rubro hidrocarburífero, el cual, por razones geopolíticas, podría crecer a tasas exponenciales en los próximos años con un entorno macroeconómico ordenado.
El reverso de la “retención cambiaria” es un negocio extremadamente lucrativo, que consiste en conseguir divisas a “precios cuidados” (tipo de cambio oficial) para importar maquinaria y elaborar un producto que, por restricciones arancelarias y cambiarias, es inviable de importar y, por ende, puede venderse en el “coto de caza privado” (mercado interno) a precios elevados. Pero eso funciona, claro, si el país sigue existiendo, porque si implosiona no queda ya nadie a quién venderle.
Con una cosecha fina fracasada y una producción de granos gruesos que, por efecto de la sequía, será seguramente bastante inferior a la potencial, las distorsiones creadas por los múltiples cepos cambiarios se exacerbarán en 2023. Lo mejor que podría pasar entonces es que tales restricciones sean desmanteladas a través de una política específicamente diseñada para tal propósito, porque la experiencia histórica muestra que no es aconsejable dejar esa tarea en manos de las circunstancias.
