Finalmente el gobierno nacional resolvió, mediante el Decreto 67/2025, dar inicio a un nuevo proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, que desde 2013 tiene asignada la administración de los bienes, muebles e inmuebles pertenecientes al sector del sistema ferroviario nacional integrado por los ferrocarriles Genera Belgrano (que opera en el centro y norte del país), San Martín (región centro) y Urquiza (región litoral).
En concreto, la firma -que había quedado en el listado de empresas sujetas a privatización de la Ley de Bases junto a ENARSA, Intercargo, AySA, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina SA y el complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio- enfrentará un esquema de “desintegración vertical” según el cual se licitarán las tres líneas por separado, contemplando allí el material rodante, las vías y los talles ferroviarios.
El llamado a licitación pública quedará en manos del Ministerio de Economía y el proceso concluirá con la disolución de la empresa en cuestión.
Este modelo pretende, a fin de cuentas, fomentar la inversión en el sistema ferroviario y lograr algo que hasta ahora no se consiguió ni desde el Estado ni desde los privados: reducir los costos logísticos de transportar cargas -en especial los granos- hacia y desde los puertos, terreno que es disputado por los camiones que no dejan de crecer.
La historia dará cuenta de que el ferrocarril Belgrano Cargas fue originalmente pensado como parte del Ferrocarril Central Norte, que se inauguró en 1876 para conectar las ciudades de Córdoba y Tucumán.
Se trató de la primera trocha métrica o angosta en su tipo en Argentina, y su expansión fue impulsada en forma estatal para fomentar el desarrollo del noroeste argentino y de la región chaqueña, destinos que no resultaban atractivos para los capitales privados por su baja rentabilidad.
Las líneas ferroviarias se fueron unificando bajo la Administración de Ferrocarriles del Estado, y para 1945 la totalidad de las líneas ya estaban bajo la denominación Ferrocarril General Belgrano, que alcanzó una extensión de 12.809 kilómetros y se transformó en la mayor red ferroviaria de trocha angosta del país, con un recorrido que se extendía por 14 provincias.
Sin embargo, con los años aquella línea comenzó a tener problemas por falta de inversiones en infraestructura, además del deterioro del material rodante, lo que llevó a un estancamiento en los volúmenes de carga transportados. Así, mientras que en 1980 trasladaba unas 4 millones de toneladas (entre petróleo, minerales y granos), diez años después ese número se redujo a 1 millón.
Con la fiebre privatizadora de los 90, el gobierno de Carlos Menem intentó dejar esta empresa en manos de privados. Sin embargo, a pesar de varios intentos por licitar su concesión no hubo interesados.
Es por ese motivo que en 1993 se creó la Sociedad Anónima Ferrocarril General Belgrano, con la idea de atraer inversiones y mejorar la infraestructura previo a una eventual privatización.
Esto tampoco resultó exitoso y para 1999 el estado decidió entregar la operación del Belgrano Cargas a Ferrocarril Belgrano Cargas S.A., una firma cuyo socio mayoritario era el gremio Unión Ferroviaria, y que resultó administrada por la Sociedad Operativa Ferroviaria, integrada entre otros por SIDECO del Grupo Macri.
Con los años esa empresa privada, que recibía subsidios para realizar nuevas obras y mejoras, acumuló denuncias por falta de rendición de cuentas. De acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN), muchas de las facturas emitidas por proveedores eran en verdad de empleados de la propia empresa.
Eso llevó a que en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se diera por finalizada la concesión mediante el decreto 1771/08. En 2013 también se rescindieron los contratos con la empresa brasileña América Latina Logística, por lo que se recuperó la administración también de los ferrocarriles Urquiza y San Martín.
Por medio de la resolución 471/13, las tres líneas pasaron a estar en manos de Belgrano Cargas y Logística SA, siendo los principales accionistas tres sociedades del estado: Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Operaciones y la Administración General de Puertos (AGP).
Para 2015, ya con Mauricio Macri al frente del gobierno, se lanzó el Plan Belgrano con la promesa de renovar 1.500 kilómetros de vías y modernizar el material rodante. En 2016 la empresa se rebautizo como Trenes Argentinos de Cargas y para 2020 se lograron renovar 900 kilómetros de vías en las provincias de de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Santa Fe.
También se adquirieron 40 nuevas locomotoras y 1.000 vagones, lo que permitió aumentar las cargas transportadas. Datos oficiales dan cuenta de que en 2018 se enviaron 1.451.848 toneladas, un 72% más que en el mismo período del año anterior. También se logró reducir el tiempo de viajes entre las distintas provincias.
Pero a pesar de esas mejoras y avances en años puntuales, a nivel macro la empresa volvió al estancamiento y operaciones deficitarias.
Uno de los principales puntos atacados por la gestión actual fue la cantidad de empleados de la empresa, que a inicios de esta gestión contaba con más de 4.600 empleados, además de un déficit considerable acumulado en sus cuentas, que según el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue financiado con 112 millones de dólares provenientes del estado en 2023.
“El Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, publicó el funcionario en sus redes sociales el fin de semana, anticipando lo que saldría publicado hoy en el Boletín Oficial.
¿Podrá acaso la gestión de Milei lograr cumplir con la eterna promesa logística que anhela el agro argentino?
