Como los políticos no le dieron ninguna bolilla, al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se le ocurrió convocar esta vez a los economistas. El bloque, conformado por más de 60 entidades o cámaras que representan a 36 cadenas productivas, convocó a varios de todos los signos políticos para machacar con su plan para desarrollar el sector pensando en el largo plazo.
Mientras tanto se sucedían las presentaciones, el dólar se iba a los cielos y obligaba y faltaban los referentes del gobierno, en especial el ministro Sergio Massa y su secretario Gabriel Rubistein. La representación oficial recayó entonces en el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, pero no valía porque pensaba muy parecido a los empresarios del agro y hasta llegó a deslizar que había que discutir de una buena vez el nivel de retenciones a la baja.
Pero los economistas Carlos Melconian, Diana Mondino, Marina Dal Pogetto, Martín Redrado, Dario Epstein y Luciano Laspina sí estuvieron y en todos los casos resaltando el rol de la agroindustria en la reconstrucción económica del país, luego de esta nueva y previsible gran debacle. Y hubo un panel dedicado a la bioeconomía y la conectividad donde otros economistas no tan ligados a la oposición dijeron más o menos lo mismo: estuvieron allí Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Gabriel Delgado, del IICA, y Roberto Bisang, de la UBA.
“Queremos volver a presentar los ejes de nuestra propuesta, sus implicancias, los resultados posibles, Argentina necesita al agro para salir de esta crisis que estamos atravesando”, confirmó José Martins, el coordinador general del CAA y quien estuvo trajinando los despachos oficiales como para convencer a los políticos de que esta sentencia era verídica y que se necesitaba una ley de fomento agroindustrial a largo plazo para que se desencadenara un proceso de crecimiento de las exportaciones y del trabajo que genera el sector. Sin éxito, claro, porque finalmente ni el propio presidente Alberto Fernández logró encolumnar a los legisladores detrás de esa discusión.
Martins recordó que desde el CAA se presentaron varios proyectos relacionados a las principales necesidades del sector. “¡Que picardía el tiempo perdido! Hubiese sido de muchísimo ayuda en esta crisis de la sequía, especialmente por la falta de aprobación de la ley de inversión agroindustrial”, lamentó, recriminando siempre en tono suave a los políticos de turno.
Nelson Illescas, especialista del INAI, informó sobre algunos números que reflejan el impacto de la sequía en la economía: una caída de 21.291 millones de dólares en exportaciones, 7.794 millones que se dejarán de recaudar en esta campaña, 25.717 millones menos del PBA, y una caída del 3% en relación al PBI.
“Argentina no ha tenido ni tiene una política agroindustrial; siempre nos hemos manejado con medidas particulares de los distintos gobiernos. Necesitamos y tenemos que trascender un período de gobierno, necesitamos previsibilidad”, reclamo de nuevo Martins. Los economistas, que son tan responsables de esto como los políticos, pues desde los sucesivos gobiernos siempre se privilegió la situación fiscal a los estímulos productivos, se hacían los distraidos.
“Estamos convencidos que tenemos una oportunidad, nosotros producimos lo que la demanda mundial necesita. Pero no basta con decirlo, tenemos la obligación moral de convencer a la política y a la sociedad económica que esta oportunidad es real. Pero venimos perdiendo oportunidades”. expresó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Durante el Seminario, Gustavo Idígoras, coordinador técnico del CAA, y Julio Calzada, economista de la Bolsa de Rosario, explicaron los lineamientos del Plan Federal Agroindustrial 2023/2033 presentado en marzo de este año, que contiene 40 propuestas para el desarrollo del agro de la Argentina.
Pero todos estaban mirando hacia afuera: a las pizarras de divisas del centro porteño y sobre todo hacie el nuevo gobierno que asumiría en diciembre.
