El fin de semana pasado las hermanas Beatriz y Mariela Tarifa se encontraron con una situación desesperante: un grupo de personas había ingresado a su finca ubicada en el barrio Costa Oeste de Allen, en Río Negro, y estaban comenzando a subdividir con palos y carteles su terreno. A los gritos les pidieron que se fueran, pero no hubo caso, y hoy la causa terminó en manos de la Justicia.
Por desgracia esta no es la primera toma que afronta la familia Tarifa, que ya perdió seis hectáreas en un predio adjunto, a manos del mismo grupo de invasores. El lote que ahora está en disputa tiene siete hectáreas y está ocupado por 150 familias, que desde hace tiempo venían presionando a las hermanas, según las denuncias.
“La familia tenía peras y manzanas. La gente de acá les prendió fuego la chacra, les han robado postes y alambres. En este momento tienen plantas chiquitas de manzanas y el resto lo han destinado a maíz y alfalfa”, contó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, a Bichos de Campo. Desde el primer momento, la Federación se psuo al servicio de las damnificadas.
Del conflicto participó incluso la intendenta de Allen, Liliana Martín, quién se reunió con los representantes de la toma para acercarles copias del título de propiedad y de los planos de la Dirección de Catastro, pero éstos se negaron a recibirlos.
En este punto podría pensarse que se trata de una nueva situación provocada por el déficit habitacional del país, aunque Hernández sostiene que el verdadero motivo es otro.
https://twitter.com/FederacionFrut1/status/1435261852238426117
“Se usa la toma de tierras como un medio de venta inmobiliario. Toman los terrenos y luego se los venden a otros. Se ha hecho una costumbre en el período de elecciones porque en estos momentos nadie se atreve a sacarlos por temor a perder votos. La Justicia después no los saca más”, dijo a este medio. Y a continuación agregó que “como Federación defendemos la propiedad privada, más allá de que sea o no productiva, de que la estén o no trabajando; es propiedad privada y se tiene que respetar”.
Es allí donde reside el quid de la cuestión: muchas chacras se han abandonado y muchos frutales se han erradicado debido a la baja sostenida en los rendimientos de la fruta –que es un 20% menor al rendimiento de otros países del hemisferio sur-, acompañada de una baja inversión, lo que genera un círculo vicioso de baja calidad y escaso retorno económico que, finalmente, termina con la salida de las fincas del circuito productivo.
Si entre 2008 y 2010 había entre 8000 y 9000 productores primarios activos en la región, es decir, que vendían su producción a terceros, hoy quedan alrededor de 1200 en todo el Alto Valle. “Los lugares que se toman son lugares elegidos, y mucho tiene que ver con el tema inmobiliario. Acá, en la zona del Alto Valle, supo haber entre 60.000 y 70.000 hectáreas en producción bajo riego. Hoy por hoy no creo que haya más de 30.000. Lo demás se ha abandonado o loteado”, explicó a Bichos de Campo José García, productor y presidente del Consorcio de Riego de General Roca.
El sistema de riego es provincial, aunque se encuentra manejado por un consorcio de productores. Por cada hectárea se paga un canon de riego anual que en promedio está en 5000 pesos. Aquellos lotes que han dejado de producir, han dejado también de pagarle al sistema. Este dato no es menor ya que eso genera un aumento de costos para quienes sí siguen aportando y dependiendo del riego.
“En General Roca, por ejemplo, si la hectárea deja de ser productiva, debe seguir pagando o desempadronarse, es decir, renunciar al sistema de riego de por vida. Eso sale 100 veces el canon de riego, es decir 500.000 pesos; es una traba para evitar que se desempadronen las chacras y se achique aún más la actividad”, indicó García.
Esas tierras, que sí tienen dueño, entran en un estado de abandono ante la baja rentabilidad de la actividad y la migración de los más jóvenes hacia los centros urbanos; las plantaciones quedan así inmersas en un descuido hasta que se pierden. Es en ese contexto es que empieza a jugar la presión del sector inmobiliario.
“La autorización de un loteo la tiene que dar el gobierno provincial. Hay una ley que indica que tienen que tener el libre deuda de la chacra. La mayoría, por no decir todas, habilitan los loteos para hacer barrios privados o casas quinta. Esa gente podría irse más lejos, hacia hectáreas desocupadas junto a las bardas, y es lo que impulsamos, pero no tenemos mucha ayuda del gobierno”, expresó con pesar García.
Y como si esto fuera poco, a la rapiña inmobiliaria hay que sumarle la petrolera, ya que muchos productores recibieron la visita de empresas que buscan explotar el gas y el petróleo que hay debajo de sus pies, para lo que les ofrecen alquilar algunas parcelas. Por esa situación no es extraño ver fincas con peras y manzanas, y una boca de extracción pegada al lote.
Este es parte del contexto que atraviesa a varias localidades del Alto Valle, entre ellas a la ciudad de Allen, que, si bien carga con el título de “Capital Nacional de la Pera”, refleja ahora una falta total de planeamiento territorial y de promoción de la actividad frutícola.
Fotos: Juan Thomes – Diario Río Negro
