En el Boletín Oficial de este miércoles, con disimulo y mucha vergüenza, el gobierno de Javier Milei desandó el camino de un experimento que le llevó nueve meses y que terminó siendo la movida más improductiva de la que se tenga memoria: se publicó el decreto 764/20224 que como al pasar reimplantó la denominación histórica de “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca” al área de gobierno que atiende los asuntos del campo y sus productores. En estos nueves meses de nueva gestión se había llamado Secretaría de Bioeconomía.
“Sustitúyese el Anexo Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobado por el artículo 1° del Decreto 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado Ministerio de Economía, por el siguiente”, dice el artículo 3° de esta nueva norma, que vuelve a modificar la estructura de la Administración Pública Nacional y rediseña nuevamente la cartera a cargo de Luis Caputo, entre otras áreas de gobierno. De ella depende el área que nos ocupa.
Allí se vuelve a definir -por omisión- que ha dejado de existir la denominada Secretaría de Bioeconomía, para volver a ser Secretaría de Agricultura, como sucedía históricamente. Las cuatro subsecretarías dependientes de ella también vuelven a modificar sus denominaciones. Y una de ellas, además, se confirma como flamante “Subsecretaría de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores”, tal como había anunciado la cartera económica en las últimas semanas.
El nuevo organigrama, que obligará de nuevo a cambiar toda la papelería, la gráfica y a revisar decenas de expedientes, quedó establecida del siguiente modo:
En los hechos, este cambio de nombres implica que el gobierno de Milei terminó de deshacerse por completo no solo de la denominación de “Bioeconomía” de su estructura, como referencia marketinera a una supuesta instancia superior a la Agricultura, sino que además borró todo rastro del primer funcionario que ocupó ese cargo desde diciembre de 2023, el ex decano de la Facultad de Agronomía, Fernando Vilella, quien había sido el promotor del cambio de nombres y quien fuera reemplazado hace casi dos meses por Sergio Iraeta, un productor ligado al secretario coordinador de la Producción dentro del Palacio de Hacienda, Juan Pazos.
Aunque parezca mentira, la remoción de Vilella -quien había llegado a integrarse a las filas de la Libertad Avanza (LLA) de la mano del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posee-, había sido anticipado en las redes por el militante libertario y comisario político Gordo Dan. Y a partir de allí nadie hizo nada por evitar la caída en desgracia del mentor de la Bioeconomía, De todos modos, este proceso interno dentro del Poder Ejecutivo llevó varios meses y provocó una parálisis importante de la actividad oficial en materia de política agropecuaria.
Ahora, y todo bajo el comando del Pazo, dentro de la Secretaría de Agricultura y bajo el mando de Iraeta, solo quedan dos de los funcionarios nombrados en diciembre por Vilella: el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejera, un economista que de todos modos proviene de la Bolsa de Cereales y tiene banca propia en los sectores agroexportadores; y Juan Antonio López Cazorla, el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca.
En cambio cambiaron de nombre y de ropaje las otras dos subsecretarías dependientes de Agricultura: en la mencionada Subsecretaría de Economías Regionales, como se anticipó, recalará la dirigente política salteña Inés Liendo, que además tiene a su cargo la intervención del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Y en la estratégica Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal ya se desempeña Manuel Chiappe, un ingeniero que proviene de la Fundación Barbechando y es el segundo de Iraeta.
Toda esta estructura seguirá, en el nuevo organigrama aprobado ahora, bajo la tutela de Pazo, un hombre que responde directamente al ministro Caputo y que por lo tanto sujeta los reclamos del sector productivo por políticas activas de promoción a las necesidades de caja del gobierno: la prioridad de la administración Milei sigue siendo mantener el equilibrio fiscal a rajatabla, para a partir de allí reorganizar el Estado y eventualmente comenzar con al rebaja de impuestos.
Por caso, Caputo anunció anoche que a partir de 2 de septiembre se producirá la promocionada reducción del impuesto PAIS a las importaciones, que bajará del 17,5% al 7,5%, es decir volverá a los niveles en que los había dejado el ex ministro de Economía del peronismo, Sergio Massa.
Massa también fue quien hace apenas dos años, en septiembre de 2022, comenzó con la degradación institucional del área de Agricultura, que hasta esa fecha era un Ministerio que tenía un manejo autónomo de sus recursos y su personal, pero a partir de entonces pasó a depender como simple secretaría bajo el mando de Economía.
Con la irrupción de Milei y sus huestes libertarias, esta dependencia no solo se confirmó y se decidió el cambio de denominación por Bioeconomía: en febrero pasado también se concretó la disolución del área administrativa de esta Secretaría de Estado, que ya no podría volver a contratar su personal o manejar su presupuesto sin pasar antes por las complejas aprobaciones del Palacio de Hacienda. A la par, Pazo forzó la disolución de un par de fideicomisos, como el Fondagro y la Ley Ovina, que significaron en los hechos un recorte del presupuesto asignado a Agricultura.
Es decir que aunque haya recuperado su histórica denominación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es un área de gobierno raquítica de poder propio, sometida por completo a un Ministerio de Economía que siempre priorizará sus propias necesidades de caja más allá de las necesidades de los productores agropecuarios de todo el país.
Se llame como se llame, después de este largo proceso de ensayos y experimentos desde la actual gestión nacional, la Secretaría de Agricultura continúa siendo como una gran caja vacía, con muy poca capacidad de definir políticas de estado por las suyas.
