En febrero pasado la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron una acción de amparo ante los Tribunales Federales de la provincia de Córdoba para intentar desactivar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo determine la fijación y cobro de alícuotas de derechos de exportación.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Nº 27.541) había determinado que hasta el 31 de diciembre de 2021 el presidente podría fijar alícuotas de hasta 33% para productos del complejo sojero y de hasta un 15% para el resto de los bienes agroindustriales.
El artículo 81 del proyecto de Presupuesto 2022 proponía mantener esa atribución hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, como tal proyecto finalmente no fue aprobado en el Congreso, entonces tanto la SRA como la Sociedad Rural de Jesús María entienden que desde el 1 de enero de 2022 no existe marco legal alguno que permita seguir implementando el cobro de derechos de exportación.
La semana pasada ampliaron el pedido ante la justicia a partir de la modificación del aumento de la alícuota de dos puntos porcentuales sobre los derivados de soja y también sobre los denominados “fideicomisos” que son una suerte de “retención encubierta”.
Pablo Martínez, el titular de la rural de Jesús María, explicó a Bichos de Campo que “hicimos una ampliación del primer amparo en el cual consideramos inconstitucionales a las retenciones porque el Ejecutivo no tiene potestad para modificar los dos puntos de suba en los subproductos de soja y también por el fideicomiso para el trigo y el maíz”.
El dirigente cordobés aseguró que “las retenciones desde enero de este año deben ser cero, no las pueden aplicar ni aumentar porque eso lo debe hacer el Poder Legislativo”.
El reclamo se hizo ante el Juzgado Federal liderado por el magistrado Ricardo Bustos Fierro. “Esperamos que la justicia se apure y se expida y así empecemos a trabajar como en cualquier parte del mundo, para que luego el Poder Legislativo, precisamente, legisle sobre el tema”, dijo Martínez.
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El dirigente ruralista dijo que los derechos de exportación castigan de forma desigual al sector agropecuario, porque las empresas del sector deberían pagar impuesto a las ganancias cuando tengan utilidades, como sucede con el resto de los sectores de la economía.
También consideró que si la justicia declara inconstitucionales los derechos de exportación directos y encubiertos, los productores que participan del amparo podrán reclamar lo que se les descontó a partir de las ventas de granos realizadas desde principios de este año.
“Si se declaran inconstitucionales se podría reclamar por lo que ya se nos cobró este año. Nos retienen 33% en soja, 12% en trigo y maíz y 9% en carne, pero no nos tienen que cobrar anda, entonces nos las tienen que devolver. Ojalá todos los productores y sociedades rurales hicieran las presentaciones y recursos de amparo para que reclamar que nos devuelvan la plata”, resumió.
En ese marco, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María solicitaron a los productores que al momento de entregar sus granos a los acopios o las compañías exportadoras hagan firman una nota expresando “disconformidad” con el pago establecido, en el cual se descuenta ese tributo a la exportación.
