La Cámara de Diputados aprobó en general y en particular los tres artículos de la Ley de Emergencia Económica que habilitan al Poder Ejecutivo a producir una nueva suba de 3 puntos en los derechos de exportación a la soja y los cereales, y que se suman a los 5 puntos adicionales que embolsó el gobierno eliminando los “4 pesos por dólar” mediante el decreto 37/2019 de la semana pasada. A priori, este proyecto no tendrá problemas en pasar por el Senado y convertirse en Ley este misma tarde.
Pero la noticia para los productores no es esa, que era previsible, esperable. La noticia es que en el mismo artículo (el 48), el Congreso dispondría una rebaja de 4 puntos (del 12% al 8%) en las retenciones tope que tributaban hasta ahora los productos exportados por la minería y el sector petrolero. A esta situación se opuso en vano hasta último momento la diputada Elisa Carrió, que proponía como chicana invertir las alícuotas: que tributen un máximo de 8% la soja y el resto de los granos, y que el tope de 30% rigiera para esos sectores extractivos, que han vuelto a mostrar un poder de lobby admirable.
Hecha esta salvedad -que para nosotros es el corazón de la noticia (ganan unas pocas empresas concentradas a costa de la mayor recaudación que se espera de los productores agropecuarios)-, el texto de la Ley de Emergencia múltiple aprobado en la Cámara baja establece varias cosas. Son las siguientes:
El Poder Ejecutivo quedó habilitado para elevar del 30% vigente al 33% los derechos de exportación de las “habas de soja” (además de 12 a 15% las que tributan el trigo, el maíz y otros cereales). Esto, extendido a una cosecha de 55 millones de toneladas, implica a los valores actuales de la soja (370 dólares FOB) un aporte de 122 dólares por tonelada, es decir unos 6.700 millones de dólares anuales en total. Esa es la cifra que ceden los productores aunque usen su soja para alimentar sus gallinas, pues se les descontaría directamente ese 33% del precio interno de la oleaginosa.
De todos modos esa no será la recaudación del Estado con el tributo. ¿Por qué? Porque la suba operaría solo para los porotos de soja y no para los subproductos de la molienda, que quedan con un tope de 30%. Es decir, porque se reimplanta el “diferencial histórico” de retenciones a favor del aceite de soja y el harina de soja, principal producto de exportación de la Argentina. Así se favorece a otro puñado de empresas enormes, las cerealeras, pues parte de dinero adicional que está en discusión a partir de suba de 3 puntos adicionales al poroto de soja serían transferencias desde el productor primario a ese sector agroindustrial. Este diferencial, vigente desde los años 90, había sido eliminado por Mauricio Macri ane agosto de 2018.
Para que el proyecto avanzara en Diputados (donde logró ser votado con 129 votos a favor contra 107 en contra), el presidente Alberto Fernández ordenó incorporar un mecanismo de compensación a los pequeños productores y las cooperativas. Como este mecanismo técnicamente no puede ser establecer alícuotas diferentes de retenciones para esos actores, pues el tributo lo pagan los exportadores, se decidió crear un Fondo Solidario de Competitividad que será administrado por el Ministerio de Agricultura, y que debería tratar de “compensar” a los eslabones más débiles de la cadena agrícola.
Sobre este Fondo no hay demasiado que decir por ahora, pues la nueva ley no establece ni el modo de funcionamiento ni se sabe cuánto dinero recaudará ni cómo se repartirá. Se supone que se financiará con parte de la recaudación adicional de retenciones por subir 3 puntos a la soja. Tres puntos de retenciones a la soja equivales a unos 600 millones de dólares adicionales de recaudación, pero como la mayor parte de la soja se exporta como harinas y como aceites (que no tributan ese 3% adicional), la recaudación final sería muchísimo más baja.
De todos modos, con esta jugada el oficialismo no solo le dio argumentos a los diputados que dudaban de acompañar este proyecto y necesitaban pomposas justificaciones. El gobierno se anotó otro poroto político al virtualmente fracturar la Mesa de Enlace formada por las cuatro entidades nacionales del agro: Federación Agraria (que se supone representa a los productores más pequeños) y Coninagro (que agrupa a las cooperativas del agro) estuvieron negociando y aceptarían en principio esta fórmula.
“En el articulado de dicha norma (en referencia a la ley aprobada esta mañana) deberá estar incluida la segmentación impositiva que impulsa FAA, junto a la Mesa de Enlace, por la cual se trabajó intensamente y que permitiría compensación de retenciones a miles de pequeños y medianos productores”, dijo un comunicado federado tras una asamablea realizada en Alcorta, la ciudad santafesina donde se produjo una rebelión de chacareros hace mucho, en 1912. En rigor de verdad, nunca la Mesa de Enlace en conjunto expresó una posición conjunta.
Otro consuelo para algunos productores agropecuarios es que las economías regionales tendrán un techo de 5% en materia de derechos de exportación. De todos modos, como no está definido un listado concreto de “economías regionales”, quedó en un limbo la situación de varios de esos productos (como la lana, el maní, las legumbres, el arroz), que en el decreto de la semana pasada habían quedado con una alícuota del 9%.
Lo mismo sucede con las carnes y la leche en polvo, que a priori se supone seguirán pagando 9%.
Un punto más que la minería y el petróleo.
Bueno muchachos el dedo lo van a meter hasta donde nosotros digamos vasta yo asta acá llegó para mí se terminó ser productor nos vemos en 4 años yo bueno si forro no chau