Esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, recibirán a los cuatro máximos dirigentes del agro. La Mesa de Enlace había pedido esta audiencia para exigir una baja de las retenciones que, aunque de forma difusa todavía, ya se concretó. Por eso ahora los esfuerzos de los ruralistas estarán orientados a poner otros temas sobre la mesa de discusión con el gobierno: mencionan conectividad, aportes patronales, hidrovía, ganadería, etcétera.
Lamentablemente parece que ningún dirigente le planteará al ministro el tema más importante de todos para los productores agropecuarios, incluso todavía más importante que las retenciones. Nadie hablaría en esta reunión sobre la inexistencia en la Argentina de un sistema de seguros agrícolas que -frente a las calamidades sufridas cada vez con mayor frecuencia- evite que muchos productores dejar de serlo porque por efecto de una sequía o una inundación pierdan todo, su capital de trabajo y hasta su campo.
Nadie se lo planteará por dos razones: una es que los dirigentes agropecuarios argentinos son bastante cortos de memoria, y ahora casi no mencionan los efectos devastadores de la sequía de 2023, que destrozó más de la mitad de la cosecha y dejó endeudado a medio mundo. Tampoco se acuerdan de la sequía de 2018, ni de la de 2013 ni de la de 2009. Mucho menos de las grandes inundaciones de los ochenta.
El otro factor es la lluvia de las últimas horas, que fue generosa. Los ruralistas -como la mayoría de los productores- viven en medio de las urgencias y ahora que llovió y se cortó la sequía de este año parece haberse arreglado el mundo. Hasta que deje de llover de nuevo y regresen los lamentos. ¿Qué lamentos? Son espasmódicos y cuando vuelva la sequía recordarán que, a diferencia de otros países productores del mundo que cuidan a sus productores, en la Argentina no existe un sistema de seguro agrícola.
¿Y por qué no existe? Si acaso llegaran a hablar en la reunión de hoy con Caputo de este asunto, cosa que es poco probable, todos los agropecuarios coincidirán que a ningún gobierno le interesó demasiado lanzar un seguro agrícola, aunque todos lo prometieron. Generalmente los funcionarios reculaban cuando se enteraban que había que poner algo de plata. Dirán que la culpa es de los de atrás: Cristina, Mauricio, Alberto…
Lo que no dirán seguro -porque la mayoría no lo sabe- es que el gobierno de Javier Milei, y sobre todo la gestión económica de Caputo e Iraeta (con Juan Pazo en el medio, decidiendo casi todo lo que sucede en materia productiva) también es responsable directa de que la Argentina no haya avanzado en materia de políticas de riesgo agropecuario a pesar incluso de tener dinero para hacerlo.
¿Cómo? Si el presidente Milei dice siempre que lo que no hay es plata… Pero plata hay. Lo que pasa es que se la están fumando en otras cosas.
Lo escribimos nosotros en Bichos de Campo porque seguro nadie se animará a decírselo en la cara hoy al ministro: Señor Caputo, usted también es uno de los funcionarios responsables de que en la Argentina se haya detenido el proceso para contar con una política eficiente de riesgo agrícola, como la que tienen casi todos los países. Usted y su amigo Pazo, y el pariente de éste, Iraeta. Todo su equipo de trabajo paralizó un trabajo que debería haber conducido a generar una política de Estado en esta materia, que es una verdadera urgencia para los productores.
¿Responsables? ¿Nosotros? Sí señor ministro, se lo repetimos: ustedes han desactivado una de las cosas más necesarias para el campo y parece que fue por puro desprecio a las políticas de Estado.
Rebobinemos…
El 24 de mayo de 2018, cuando todavía gobernaba Mauricio Macri, el Banco Mundial aprobó un financiamiento por 150 millones de dólares que, sumados a otros 37,5 millones que debía poner la Argentina, completaban un generoso presupuesto de 187,5 millones de dólares. ¿Para qué? Para poner en marcha el denominado Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR).
¿De qué se trataba esta iniciativa? La idea era tomar un conjunto de decisiones planificadas para que la Argentina pudiera enfrentar los efectos visibles del cambio climático sobre el agro, con obras múltiples pero también con una modificación de la vetusta ley de Emergencia Agropecuaria.
“Desde Agroindustria trabajamos en una gran cantidad de proyectos diseñados por la DIPROSE (Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales), dirigidos a mitigar los efectos del cambio climático, como sequía e inundación. Tenemos un fuerte compromiso en todo lo que refiere al riesgo agropecuario”, destacó el ex ministro y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, al presentar esta iniciativa ante la Mesa de Riesgo Agropecuario. Era el 17 de diciembre de 2018.
El acuerdo con el Banco Mundial era llevar adelante tres módulos o componentes. El primero era el “Fortalecimiento de los sistemas de información sobre el sistema agroindustrial argentino y su exposición a los riesgos agroclimáticos y de mercado”. El segundo incluía realizar “inversiones para la Mitigación de Riegos” con obras en el interior. Y el tercero, el que más nos importa aquí, contemplaba crear “instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de riesgos agroclimáticos”.
Sobre este punto, el documento oficial explicaba: “Este componente busca fortalecer el marco institucional y mejorar el mecanismo de respuesta para emergencias en general, con especial énfasis en el apoyo a los estratos socioeconómicos más vulnerables”.
La responsabilidad de desarrollar este programa era, como debía ser, de la Secretaría de Agricultura. Pero a los pocos meses de su presentación el Ministerio de Economía le birló el manejo de los créditos internacionales a esa debilitada cartera y la mencionada DIPROSE pasó a depender directamente del Palacio de Hacienda.
En el gobierno de Alberto Fernández el GIRSAR comenzó a realizarse parcialmente: se hicieron varias obras, se compró algo del equipamiento meteorológico necesario y se convocaron algunas consultorías claves para ver la posibilidad de desarrollar un nuevo sistema de seguros agrícolas que mantuvieran a flote a los productores que pudieran sufrir alguna desgracia climática. En esta planilla anexa del Banco Mundial, que se supone debía supervisar el destino que se le deba a su préstamos, se registra el grado de avance de las múltiples iniciativas que componían el ambicioso proyecto:
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En marzo de 2023 finalmente llegó un momento muy esperado y se convocó a una licitación internacional para contratar servicios de consultoría para la elaboración de la estrategia de financiamiento de riesgo agropecuario. En criollo, el Estado Argentino requería los servicios de gente entendida en seguros para diseñar una nueva política que pudiera perfeccionar y mejorar los alcances de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que apenas sirve para patear algunos impuestos y no mucho más, pero ni remotamente se parece a los seguros agrícolas multirriesgo de otros países, que pagan una indemnización a los productores que sufren daños severos en sus campos. A diferencia de los que sucede en Argentina, esa indemnización es la que evita que vayan derecho a la quiebra, porque les inyecta capital que les permite seguir en el circuito productivo y levantar cabeza.
El presupuesto para esa consultoría dentro del GIRSAR era más bien magro, de unos 120 mil dólares.
En dicho concurso, según pudo averiguar Bichos de Campo de fuentes oficiales, compitieron algunas empresas extranjeras, pero se impuso una consultora nacional que luego de varios meses de trabajo presentó una propuesta que obtuvo el puntaje ideal: planteaba un esquema mixto y de bajo costo, en el que las aseguradoras bajaban los costos al mínimo (por ejemplo evitaban gastos en publicidad), se eximía de IVA al seguro agrícola y se disparaban inspecciones a campo cuando la información satelital marcaba que en cierto cuadrante de 20 por 20 kilómetros sucedía algún siniestro climático. Verificados los daños in situ (y no de modo generalizado) operaba una póliza que permitía cobrar unos pesos al productor.
Una vez aprobado, el sistema luego tendría para el Estado un costo aproximado de 100 millones de dólares anuales, que no es nada frente a un sector que produce casi 50 mil millones.
En 2023, mientras los consultores trabajaban en esta propuesta para dotar a la Argentina en al menos un intento de seguro agrícola multirriesgo, los fondos del Banco Mundial destinados al GIRSAR comenzar a ser desviados de su destino original de manera casi escandalosa. Escandalosa, por supuesto, desde la óptima de este medio de comunicación, que no suele ser la misma que la de los funcionarios y dirigentes del agro.
Bichos de Campo denunció dos casos visibles de desvío de recursos para implementar anuncios realizados en el marco de la campaña presidencial de Sergio Massa, en ese entonces ministro de Economía y a cargo, en consecuencia, del manejo de la DIPROSE.
Una de las utilizaciones políticas del GIRSAR fue la supuesta compra de 30 mil toneladas de Urea para repartir gratuitamente ese fertilizante nitrogenado entre pequeños y medianos productores de trigo y maíz. El anuncio se hizo en plena campaña electoral y se anotaron 8.853 chacareros que, por supuesto, llegado diciembre no vieron ni un kilo del insumo, pues todo el operativo instrumentado por el ex secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el ex secretario de Planificación y Desarrollo Federal de Economía, Jorge Neme, resultó ser una gran farsa. Sobre todo, después de la derrota de Massa.
El otro desvío de los fondos del Banco Mundial (que a esta altura o peca de mucha ingenuidad o es cómplice de los malos funcionarios) fue todavía más escandaloso: Con ese dinero, en septiembre de 2023 Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof acordaron la entrega masiva de subsidios directos a productores del cinturón hortícola de La Plata, que supuestamente habían sido afectados por una fuerte tormenta. En este caso se destinaron cerca de 2.500 millones de pesos para distribuir 600.000 pesos a cada supuesto productor damnificado, en un operativo que se pareció mucho a una “compra masiva de votos” y que salpicó directamente al secretario Bahillo. Cobraba el productor de apellido Gómez, su hermano, su primo y su abuela.
Eran tiempos de desmesura política cuando finalmente los consultores que ganaron la licitación entregaron a la DIPROSE el documento con una propuesta más que sesuda para concretar la instalación de un seguro agrícola en el país. Con la entrega del trabajo finalizado, en agosto de 2023, la firma ganadora de la licitación cobró el 10% del contrario, unos 12 mil dólares. En las calles, mientras tanto, Milei y Massa se aprestaban para la batalla final en el ballotage.
Lo que sucede a partir de este punto ya no puede ser endilgado a los kirchneristas ni nada parecido, sino que es de estricta responsabilidad del actual ministro Caputo y su amigo y asesor predilecto Pazo, máximo responsable de la política productiva a partir de la asunción de Milei en la Casa Rosada.
Ojalá algún dirigente rural le pregunte esta tarde al ministro qué pasó con ese proyecto de seguro agrícola, si lo estudiaron y si acaso lo piensan comenzar a aplicar. La cara de Caputo será posiblemente para alquilar balcones, pues acaso ni siquiera tenga idea de la existencia de dicha consultoría. Y si acaso alguno le preguntara y el ministro se dé vuelta hacia el responsable de Agricultura, Iraeta se encogería de hombros.
Porque triste resulta decirlo: El tema más importante en la agenda del sector más relevante de la economía nacional no está en el radar de los funcionarios de Economía.
En la antesala a la reunión con el Ministro @LuisCaputoAR, el Presidente @lucasmagnano junto con los consejeros de la entidad de diferentes producciones del país y la Mesa de Juventudes de @CONINAGRO, recibieron al Secretario de @agriculturaar Sergio Iraeta y Manuel Chiappe.… pic.twitter.com/hGSJcXMXqk
— CONINAGRO (@CONINAGRO) February 5, 2025
Lo cierto es que los funcionarios libertarios, mostrando un singular desprecio por la continuidad de las políticas de Estado y las necesidades reales de los productores, nunca se pusieron a estudiar ese documento. Y mucho menos convocaron a la mesa de trabajo que debían realizarse en el marco del GIRSAR para debatir el asunto y eventualmente canalizarlo y convertirlo en una política pública concreta. Los consultores que trabajaron varios meses ni siquiera fueron convocados a explicar su propuesta. Ni se la aprobaron ni se la rechazaron. Nada.
Es peor todavía: Pasado más de un año de gobierno, el ministro Caputo ni siquiera designó a un nuevo director para la DIPROSE. Ese puesto está vacante y por lo tanto no se liberó ni siquiera el resto del pago pendiente de aquella consultoría, por más de cien mil dólares, que se le debe a los especialistas.
Y es más grave el asunto, aunque seguro que ninguno de los dirigentes rurales que hoy irán a Economía se animará a plantearlo en la mesa de discusión con el ministro: Como en los tiempos de Massa y Kicillof, Juan Pazo comenzó a gastarse la plata remanente del GIRSAR -que debiera utilizarse para minimizar el riesgo climático en el agro- en medidas caprichosas que nadie en el sector reclamó ni necesita.
En efecto, en noviembre pasado y sin haber movido un dedo en lo que va de su gestión para lograr una modernización de la Ley de Emergencia, Pazo e Iraeta convocaron a una millonaria licitación internacional para adquirir 23,5 millones de pares de caravanas electrónicas que se repartirían gratuitamente a partir de marzo a todos los productores ganaderos del país, ya sea que tengan dos vacas y o más de 200.000 cabezas, como sucede con algunas grandes empresas agropecuarias. Incluido el fondo Invernea, que maneja el propio Pazo y donde trabaja uno de los hijos del ministro Caputo.
El presupuesto del GIRSAR que iba a desviarse en este programa que nada tenía que ver con el cambio climático (otra agachada del Banco Mundial, pero ahora con signo libertario) ascendía a la friolera de unos 25 millones de dólares. La empresa que ganó la licitación, la suiza Datamars, ofertó cerca de 0,90 dólares por cada dispositivo, pero además había que gastar en bastones lectores y distribuirlos.
Para colmo ese crédito -que finalmente pagaremos entre todos los argentinos- se desvió para subsidiar estas caravanas que ningún ganadero había reclamado. Por el contrario, desde el ruralismo el reclamo más repetido fue que esta incorporación de tecnología debía ser una decisión optativa y no obligatoria, como finalmente plantearon las autoridades de Economía. Para destrabar esta polémica es que Pazo decidió “regalar” los primeros dispositivos.
Difícilmente Pazo sea sometido a dar explicaciones sobre esto en la reunión de esta tarde con la Mesa de Enlace, pero mientras la gestión no analiza una propuesta concreta para crear un seguro agrícola (y la cajonea, para evitar el pago de 100 mil dólares), el funcionario decidió gastar casi 25 millones de ese préstamo del Banco Mundial en un subsidios a un sector económico que no lo necesita, pues eventualmente puede afrontar el pago de las caravanas con el equivalente a menos de 1 kilo de carne por animal.
De todos modos, por ahora se evitó esta nueva vergüenza de la política pública, porque la licitación fue tan mal realizada por Pazo e Iraeta que la empresa Datamars ya avisó que no podrá entregar la cantidad de caravanas contempladas en los pliegos. Por lo tanto, podría anularse esa compra y eventualmente retrasarse hasta 2026 todo el proceso para implementar la trazabilidad individual de los bovinos en la Argentina, como anticiparon las autoridades.
Quizás algún ruralista podría aprovechar este intervalo para recordarle a los funcionarios de Economía que la verdadera prioridad del sector es que haya un adecuado sistema de resguardo ante las catástrofes climáticas. Plata hay. Y finalmente parece mucho más sensato evitar que más productores se fundan la próxima sequía que tener a las vacas bien identificadas.
