Como ya había sucedido en Entre Ríos y en Pergamino, en Buenos Aires, el poder judicial (no el Ejecutivo y mucho menos del Legislativo), terminó terciando en un conflicto entre vecinos y productores por las aplicaciones de agroquímicos, pero esta vez en la Provincia de Sante Fe. Se trata del juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Duilio Hail, quien resolvió hacer lugar al reclamo de los vecinos de Sastre (departamento San Martín) y estableció un perímetro de 1.000 metros desde el límite urbano en donde estará prohibida la aplicación de productos agroquímicos.
Según contó el diario El Ciudadano, el fallo judicial responde a una acción de amparo colectiva a instancias de un grupo de vecinos representados por la Defensoría General de Rafaela y se funda en “prueba científica” aportada a través de un informe de equipos científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que llevan adelante los llamados “campamentos sanitarios” desde el año 2010. Su principal referente es el médico Damián Verzeñassi.
Los argumentos del fallo aluden al principio precautorio a favor de la salud y el ambiente y a la tutela judicial efectiva frente a la incertidumbre que en el campo científico aún persiste en materia de daños a la salud ocasionados por los agroquímicos.
En la resolución, el magistrado destaca que “el objeto de este amparo está vinculado a la afectación del medio ambiente, con consecuencias lesivas para la salud y la vida de las personas” y, como tal, “el superior derecho a la salud y a un medio ambiente sano encuentra amplio acogimiento normativo en el plexo constitucional federal, los tratados internacionales y el artículo 19 de la Constitución provincial, que ampara la salud como derecho fundamental”.
El juez Hail aceptó como prueba científica los trabajos elaborados por el Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, quien presentó un “riguroso informe con citas de copiosa bibliografía en la materia y elabora conclusiones en base a los llamados ‘campamentos sanitarios’ que fueron trabajos de campo in situ llevados a cabo incluso en la misma localidad de Sastre”.
Hace unos meses Bichos de Campo entrevistó a Verzeñassi para conocer el tenor de sus investigaciones:
El juez destacó en su fallo la existencia de enfermedades que solo pueden vincularse a la exposición a agroquímicos, el incremento de enfermedades respiratorias o manifestación de síntomas de Alzheimer o Parkinson a más corta edad. También remarcó el aumento significativo de pérdidas de embarazos y señaló que el mayor porcentaje se corresponde con el primer trimestre de embarazo, el “período más susceptible a los impactos de agentes externos como los químicos”.
Este fallo en territorio santafesino se conoce mientras, el debate legislativo para logra una nueva ley de agroquímicos sigue estancado y no hay señales de que vaya a activarse en el corto plazo. La Legislatura provincial ha estudiado en diversas ocasiones reformas a la actual ley de agroquímicos, sancionada en 1995 –un año antes de la autorización de la soja transgénica–, con el objetivo de establecer mayores límites a las aplicaciones. En tres ocasiones la Cámara de Diputados aprobó reformas en ese sentido y las tres veces terminaron cajoneadas en el Senado, relata la crónica de El Ciudadano.
La última media sanción data de noviembre de 2019. La iniciativa de los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP) fue votada por todos los bloques políticos excepto Cambiemos. Luego fue girada al Senado, donde por falta de voluntad política nunca se llegó siquiera a estudiar en las comisiones internas.
Frente a este nuevo fallo en Freire, la Multisectorial Paren de Fumigarnos destacó que la disposición judicial fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo. “Zoe, es una niña de dos años que se encuentra en tratamiento oncológico como consecuencia de estar expuesta a las fumigaciones con agrotóxicos”, precisó la Multisectorial.
Esta entidad ambientalista añadió: “Felicitamos a los amparistas por la decisión de patrocinarse con el Defensor Oficial y apoyamos decididamente este ejemplo digno de defensa de los derechos a la vida y a la salud, priorizados por sobre intereses económicos”.
