Enzo Mariani fue notificado de una sentencia de primera instancia que lo obliga a restituir unas 800 hectáreas ubicadas frente a la costa santafesina de Rosario, en pleno departamento Victoria, en la provincia de Entre Ríos.
El fallo, firmado por la jueza María Belén Ríos del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Victoria, consideró que la ocupación no contaba con sustento legal y debía cesar. La resolución se suma a otras decisiones similares dictadas en los últimos años en el marco del proceso de regularización del Legado Deliot, que busca recuperar tierras consideradas de dominio público.
Pero para Mariani, que lleva más de veinte años produciendo en ese mismo predio, la historia no es tan lineal. “Nosotros entramos con permiso, no por la fuerza. Siempre trabajamos con conocimiento del municipio y pagando impuestos. No somos usurpadores”, aseguró a Bichos de Campo, visiblemente molesto con la forma en que, según él, se ha querido presentar el caso. El ganadero produce allí carne pensando en la exportación, aprovechando las condiciones naturales y los pastizales.
El Legado Deliot fue instituido a principios del siglo XX por el filántropo rosarino Pedro Deliot, quien donó al municipio una vasta superficie de islas con el propósito de fomentar actividades agrícolas y ganaderas que contribuyeran al desarrollo de la región. Durante décadas, distintas familias y empresas ocuparon y trabajaron esos campos bajo permisos precarios, concesiones o acuerdos verbales. Con el paso del tiempo, los límites de esos permisos se desdibujaron, y la Justicia comenzó a intervenir para determinar quién tenía derecho efectivo sobre las tierras.
“Mariani no llegó ahí de un día para otro”, explicó su abogado, Mauro Rodríguez. “Ingresó hace más de dos décadas, con anuencia de las autoridades locales. En todo ese tiempo abonó tasas, presentó declaraciones juradas y cumplió con sus obligaciones. La propia Municipalidad reconoció en su momento esa presencia. Lo que hoy se cuestiona es un cambio de política sobre la administración del Legado, no una usurpación.”
El argumento principal del productor entiende que cuenta con todos los papeles que acreditan que no hubo usurpación, sino que pagó lo que correspondía en su momento. De hecho hay un proceso de usucapión cuyo expediente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene un rol central en esta historia. Se trata de la causa por usucapión que Mariani promovió hace varios años, con el objetivo de que se reconozca su derecho sobre la tierra en virtud de la posesión prolongada y el uso continuo del campo. Esa demanda, según su defensa, sigue en trámite y todavía no tiene resolución definitiva.
“El reclamo de usucapión no es un invento de último momento”, explicó el abogado Rodríguez. “Está en la Corte desde hace tiempo, y plantea que Mariani y su familia reunieron todos los requisitos legales para consolidar el derecho de posesión: ocupación pública, pacífica, continua y con ánimo de dueño durante más de veinte años.”
Mariani asegura que su presencia en las islas no fue casual ni clandestina. “Yo no entré por la ventana. Compré el derecho de uso de esas tierras, con papeles, y desde entonces trabajé de manera abierta y legal. Pagamos impuestos, hicimos mejoras, invertimos. Si el Estado consideró válida esa situación durante dos décadas, no puede ahora desconocerla”, sostuvo.
El abogado insiste en que la sentencia de primera instancia omitió ese antecedente y que, de hecho, las dos causas, la de restitución y la de usucapión, deberían haberse unificado para evitar decisiones contradictorias. “No puede haber un fallo que ordene la restitución de un bien sobre el cual hay otro proceso judicial pendiente que discute la titularidad. Por eso pedimos que se suspenda la ejecución hasta que la Corte se pronuncie”, señaló Rodríguez.
La jueza Ríos, en su fallo, basó la orden de restitución en que no existía contrato vigente ni acto administrativo formal que autorizara la ocupación. Sostuvo que el carácter de bien público del Legado impedía consolidar posesiones privadas y que los permisos originales eran revocables. Sin embargo, la defensa considera que esa lectura desconoce los hechos y la práctica habitual de la zona.
“Durante años, el Estado cobró tasas por el uso de esas tierras y nunca objetó la presencia del productor. Si eso no implica reconocimiento, ¿qué otra cosa lo haría?”, cuestionó Rodríguez. “No se puede considerar ilegal algo que el propio municipio permitió y reguló durante tanto tiempo.”
El productor, por su parte, se define como un trabajador más del humedal. Dice que no se trata solo de un campo, sino de un espacio al que dedicó gran parte de su vida. “Me duele que se hable de restitución como si hubiera sacado ventaja de algo que no me correspondía. Invertimos, cuidamos el lugar, lo mantuvimos limpio y productivo. Si el objetivo era preservar el ambiente, eso lo hicimos nosotros todos estos años”, expresó.
El conflicto, en realidad, se enmarca en un proceso más amplio, ya que desde hace una década, la Municipalidad de Rosario impulsa la recuperación de los lotes del Legado Deliot con el argumento de que su uso privado vulnera el espíritu original de la donación. Algunos productores aceptaron firmar convenios temporales de explotación o retirarse, mientras que otros, como Mariani, decidieron acudir a la vía judicial para defender su continuidad.
“Acá hay un problema de fondo: el Estado cambia los criterios sin generar canales claros de diálogo”, advirtió Rodríguez. “Nadie discute que las tierras sean públicas, pero lo lógico sería regularizar la situación, no desalojar a productores que siempre actuaron de buena fe.”
La jueza, en su resolución, también rechazó la posibilidad de indemnización por las mejoras introducidas en el campo, lo que motivó un nuevo planteo de la defensa. “Hay inversiones en alambrados, corrales, viviendas y mantenimiento del terreno que son fácilmente verificables. No reconocer eso sería desconocer la realidad de veinte años de trabajo”, agregó el abogado.
Mariani insiste en que siempre estuvo dispuesto a formalizar su vínculo con el municipio. “Nunca nos negamos a firmar un acuerdo. Lo pedimos varias veces, pero nunca hubo respuesta. Si lo que quieren es que las islas se usen de manera ordenada, tienen que sentarse a hablar con los que las habitan, no tratarlos como intrusos”, afirmó.
Tras el fallo de primera instancia, la defensa presentará una apelación para que se revise el expediente. Rodríguez adelantó que confían en revertir la sentencia. “Tenemos antecedentes y fundamentos sólidos. La jurisprudencia reconoce que la posesión prolongada y consentida genera derechos, aunque no haya papeles formales. El caso de Mariani es paradigmático porque combina arraigo, inversión y continuidad productiva”, explicó.
A la par del proceso judicial, no se descarta una salida negociada. El propio productor confirmó que estaría dispuesto a aceptar un convenio que le permita seguir en la zona bajo un régimen legal. “Siempre estuvimos abiertos al diálogo. Lo que pedimos es respeto y que se reconozca que trabajamos de buena fe. Nadie quiere un conflicto eterno ni perjudicar a nadie”, dijo.
El caso reavivó el debate sobre el destino del delta entrerriano, una región donde conviven intereses productivos, ambientales y patrimoniales. Para algunos, la recuperación estatal del Legado Deliot es una medida necesaria para garantizar la conservación del ecosistema. Para otros, representa una amenaza para la continuidad de una actividad ganadera que se adaptó al entorno y que, en muchos casos, forma parte de la historia local.
“Este no es un conflicto entre el campo y el ambiente”, sintetizó Rodríguez”, sino un problema de gestión pública. “El Estado tiene que decidir qué quiere hacer con esos terrenos y de qué manera integrar a quienes los sostuvieron durante años. No se resuelve con desalojos, sino con reglas claras, aseguró”.
Mientras la Cámara revisa el expediente, Enzo Mariani sigue trabajando en sus campos, a la espera de una definición. “Nosotros no somos enemigos de nadie. Solo queremos seguir produciendo donde siempre lo hicimos. Lo que pedimos es una solución justa, que contemple todo el esfuerzo de estos años”, concluyó.
El desenlace del caso marcará un precedente para otros productores del delta que atraviesan situaciones similares. Y, en última instancia, servirá para medir cómo el Estado argentino administra un recurso tan sensible como las tierras públicas del humedal.
