Este martes, los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal avanzaron en la Legislatura bonaerense con la firma de los respectivos dictámenes, que habilitan posiblemente una votación para el próximo miércoles 26. En este marco, dos de las principales entidades rurales plantearon algunos reparos por el impacto que este paquete fiscal podría tener sobre la espalda de los productores bonaerenses.
Por caso, la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó en un comunicado que el proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobierno de Axel Kicillof ofrece un tratamiento vidrioso respecto del Impuesto Inmobiliario Rural que se cobraría el año que viene. “Advertimos que el proyecto traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”, observó.
La principal crítica de este sector radica en que el Artículo 133 habilita al Ejecutivo provincial a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo. Es decir, no se ha consultado a las instituciones locales y la comunidad productiva, como otros años.
“Por otro lado, el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”, indicó la SRA, que considera además que “el esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”.
Un documento elaborado por Carbap (Confederación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa) consideró que “La Ley Fiscal 2026 y el Presupuesto Provincial, proyectan un incremento general de la presión tributaria, que se vuelve aún más gravoso para los productores rurales al compararlo con el esquema vigente en 2025”.
Es decir, los ruralistas creen que la gestión Kicillof, “lejos de avanzar hacia un sistema más equilibrado y previsible, profundiza la carga sobre un sector que ya viene golpeado por tres años de sequía, inundaciones actualmente, pérdida de capital productivo y una infraestructura rural en deterioro”.
Las observaciones planteadas por Carbap, que a nivel nacional integra la CRA, ante el Parlamento bonaerense incluyen “alternativas viables para fortalecer la
equidad del sistema, mejorar la asignación de recursos y garantizar la sostenibilidad del interior productivo bonaerense”.
En ese sentido, sobre el Impuesto Inmobiliario y complementario Rural, se afirma que “el proyecto prevé aumentos cercanos al 120%, sobre todo para las parcelas más chicas, un despropósito teniendo en cuenta que en 2024 ya se aplicó un incremento muy por encima de la inflación, sumado a una cuota extra en 2024 y 2025 equivalente al 25% anual”.
También se critica el mencionado artículo 167, que autoriza a ARBA a actualizar las cuotas durante el año.
Tampoco se contempla el descuento del 20% para la Zona Sudoeste (Ley 15.479), históricamente reconocido por su condición agroclimática desfavorable.
En materia de Ingresos Brutos, Carbap asegura que “el tope propuesto de 142.944.165 pesos para 2026 (tramo 4 de las escalas reducidas) para mantener la exención (actividades agropecuarias) resulta claramente insuficiente. Sufrió un aumento del 40% respecto de los topes del 2024, claramente muy por debajo de la inflación acumulada”, se critica.
“Desde CARBAP sostenemos que debe adoptarse el mismo criterio que utiliza AFIP para categorizar empresas: Hoy, una MicroPyME agropecuaria factura hasta $661 millones anuales y ese debería ser el valor de referencia para definir el Tramo 4”, consideró.
La entidad remarcó que “con el criterio actual, miles de productores quedarían injustamente alcanzados por Ingresos Brutos pese a tener estructura y escala de MicroPyME”.
También aparecieron objeciones referidas al tratamiento del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (más conocido como “Herencia”). En ese caso se consideró que el tributo debe ser “eliminado”, ya que las escalas propuestas para pagarlo son además “irrisorias” y la recaudación es irrelevante: aporta apenas el 0,1% al 0,15% de los recursos provinciales.
Carnap coincidió con la SRA en cuanto “advertimos que las emergencias amplias y genéricas otorgadas al Poder Ejecutivo representan facultades extraordinarias que desdibujan los controles institucionales y abren la puerta a decisiones discrecionales”.
