La justicia federal ordenó al Ministerio de Agricultura, y más precisamente a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), que suspenda de inmediato la matrícula que habilita a operar a la empresa Díaz & Forti. La orden ya fue cumplida y complica una vez más a la firma cerealera del Grupo Olio que maneja, entre otros negocios, las dos plantas de molienda del grupo Vicentin en San Lorenzo y Ricardone.
La decisión emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 echa por tierra el recurso de amparo que había obtenido Díaz & Forti del mismo juzgado el 18 de diciembre, y que le había permitido recuperar su matrícula ante el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). El juez Enrique Regueira revisó su decisión a partir de un informe presentado por Agricultura el 22 de diciembre. Allí se confirmaron las irregularidades atribuidas al grupo empresario.
Por eso la justicia volvió a reclamar su inhabilitación.
“El Juzgado interviniente, con fecha 28 de diciembre 2020, dictó formal sentencia que, en lo que aquí importa, rechazó la medida cautelar pretendida”, informó el departamento de asuntos jurídicos del Ministerio de Agricultura. De inmediato, la matrícula de Díaz & Forti volvió a ser dada de baja.
Esta es la tercera vez que la ex ONCCA, a cargo de Marcelo Rossi, da de baja la matrícula de este operador clave para el futuro de las plantas aceiteras de Vicentin, las que maneja desde abril pasado gracias a un contrato de fasón. La primera vez, el 20 de noviembre, se le imputaron presuntas irregularidades vinculadas a sus operaciones de exportación de soja con otros operadores, Cofco y Renova, por un total de 57.691 toneladas que habrían sido declaradas como subproductos pero se habrían exportado sin procesar, como poroto, tributando así menos retenciones. Esa sanción fue levantada a los pocos días, en la medida en que la firma fue presentando su descargo.
Pero a partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores de la ex ONCCA fue requerir información adicional de otros organismos. La respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”, informó esa entidad, dando pie a una segunda suspensión de inmediato, a principios de diciembre.
Esa fue la exclusión del RUCA que primero la justicia ordenó dar marcha atrás, pero que ahora ratifica rechazando la medida cautelar, y luego de haber tomado nota de los argumentos oficiales.
Luego de quince días supendida, Díaz&Forti podrá volver a operar gracias a un recurso de amparo
“Importa destacar que en el marco de su informe la demandada (por el Ministerio de Agricultura) afirmó -acompañando asimismo la debida documentación respaldatoria-, que la baja de la firma actora del RUCA es consecuencia de la sanción que emitió el BCRA”, explicó ahora el juez Regueira, al revertir su decisión inicial de conceder el amparo a la cerealera.
“En dichas actuaciones se determinó que el exportador ha desplegado conductas en presunta vulneración del régimen vigente en los términos de la Ley 19.359 Art. 1º incisos: e) y f)”, se amplió. Se trata del Régimen Penal Cambiario.
Desde el vamos, el CEO del Grupo Olio, Fernando Jurado, atribuyó a una “mano negra” la decisión oficial, insinuando que a muchos operadores del mercado de granos le resultaba provechosa la suspensión de Díaz & Forti y el consecuente cese de sus actividades en las plantas aceiteras de Vicentin en San Lornezo y Ricardone. El cerealera del grupoi Olio tiene intereses comerciales además sobre el puerto Barranqueras, en el Chaco.
“El día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), envía tres notas del Banco Central (BCRA). Ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, denunciaba entonces Jurado en una entrevista con Bichos de Campo. El ejecutivo, de todos modos, no desmintió la demora en ingresar las divisas que reclamaba el BCRA. En todo caso, solo atinó a decir que eran cifras algo menores.
Ahora la justicia avaló la actuación de Rossi, que en ambos casos actuó con la misma celeridad en la ejecución de la suspensión de la matrícula frente a posibles irregularidades.
