Tras el pedido del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, de la unidad santafesina, el juez Aurelio Cuello Murúa dispuso finalmente el procesamiento de dos ex directivos de la láctea Sancor, acusados de apropiarse de aportes patronales por sumas millonarias.
Se trata de Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez. Ambos fueron presidentes del Consejo de Administración de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas y habían sido acusados por el Ministerio Público Fiscal por la “apropiación indebida de más de 1600 millones de pesos de los trabajadores de la empresa destinados al Sistema Único de la Seguridad Social”. Como los hechos ocurrieron entre 2020 y 2024, a cifras de hoy el monto es mucho mayor.
Ese delito de evasión agravada, previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), prevé penas que van de los 3 a los 9 años de prisión. Con el procesamiento ya confirmado, tras el rechazo del juez a los recursos presentados, ambos ex directivos deberán ahora afrontar el juicio oral que decida su futuro.
La causa, que fue unificada en el Juzgado Federal de Rafaela, en realidad se inicia por dos denuncias casi simultáneas. Una de ellas, hecha por trabajadores de la planta de Sunchales a principios de 2024 y otra presentada por operarios de la planta de Don Torcuato. En ambos casos, se acusaba a los responsables de no depositar las sumas retenidas en concepto de aportes jubilatorios.
Tras la investigación judicial en la audiencia del pasado 12 de noviembre se les había notificado a ambos ex directivos las cifras que se les acusa haberse apropiado.
Mientras presidió el Consejo de Administración de Sancor -entre febrero de 2020 y octubre de 2022-, José Pablo Gastaldi es un presunto responsable de siete hechos correspondientes a los siguientes períodos y montos: Febrero de 2020: $14.563.950,52, Marzo de 2020: $14.343.169,85, Abril de 2020: $14.576.589,51, Septiembre de 2020: $17.290.408,66, Agosto de 2021: $22.821.855,36, Septiembre de 2021: $22.785.901,23, Octubre de 2021: $22.359.807,98.
Por su parte, Alberto Eduardo Sánchez ejerció la presidencia con posterioridad, y se le imputan dieciséis hechos comprendidos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, en el mismo carácter de presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.
En ese entonces, ambos imputados decidieron no hacer uso de la palabra, mientras que su abogado defensor, Pablo Francisco Salvatori, había señalado que “no basta con que se acredite que no se ingresaron a las arcas del fisco determinadas sumas de dinero imputables a un impuesto concreto y a un período fiscal específico”.
Por su parte, según difundió el medio El Litorial, el juez rechazó la posibilidad de la “probation” o suspensión de juicio a prueba y expresó que “tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar), es decir en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial, teniendo especialmente en cuenta en este punto, que la suma total evadida asciende a $1.644.440.882,68”.
Tras la reciente decisión judicial, desde el gremio Atilra dejaron trascender que los trabajadores perjudicados ampliarán la denuncia penal, pues aseguran que dicha maniobra, “persiste en la actualidad”, con la modalidad de fijar como remunerativo en los recibos de haberes sólo el equivalente a un salario mínimo. Dicho sea de paso, señalan que acumulan varios meses de atraso en el pago.
Asimismo, fuentes de la entidad también señalaron que “el delito de evasión fiscal persistente en el tiempo impacta directamente en la situación actual de la empresa y ponen a SanCor de cara a un posible concurso fraudulento”, el mismo que Atilra había rechazado meses atrás.
Lo esperable es que, de ahora en más, se unifiquen las causas radicadas por evasión fiscal y la correspondiente al concurso de acreedores, pues con este último en marcha no es posible cubrir el esquema de pagos de la empresa y, por ende, las deudas anteriores.
“Desde Atilra consideramos terminada esta etapa judicial, pero nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos, continuaremos buscando las alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales en el caso de que se produzca la liquidación de la empresa”, agregaron, en lo que ha sido uno de los varios años complejos que atraviesa esta histórica firma. Ahora también, con ex directivos procesados en la Justicia.
