La industria elaboradora de alimentos se cansó de los aprietes del gobierno y advierte que ya no es viable seguir vendiendo productos con precios que no cubran los costos

Funcionarios del gobierno nacional, en su afán de intentar controlar la inflación generada por una emisión monetaria desmedida, están incrementando las presiones sobre las empresas elaboras de alimentos básicos, las cuales, finalmente, decidieron rebelarse.

“A pesar de que la industria de alimentos y bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable”, señaló este miércoles La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

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“Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”, remarcó por medio de un comunicado.

El gobierno argentino, cuya gestión está en manos del ministro Sergio Massa, anunció que en el presente mes de agosto los alimentos básicos deben registrar un ajuste de hasta el 5%, mientras que los costos de producción ajustaron entre un 15% y un 30% luego de la devaluación instrumentada la semana pasada. Adicionalmente, se viene una nueva negociación de paritarias con pedidos de ajuste del orden del 140%.

“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”, advirtió Copal.

“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, añadió.

Pero no es el único problema: el gobierno está “pisando” la aprobación de permisos de importación de insumos y alimentos que no se elaboran en el país, lo que complica por demás a muchos sectores agroindustriales, los cuales, para poder concretar compras en el exterior, en muchas situaciones deben recurrir a dólares obtenidos en el mercado externo.

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“Se suman los descalces financieros y la deuda comercial fruto de los extensos plazos asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones”, apuntó el comunicado.

“En ese sentido, el contexto se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos y se ven en la necesidad de requerir de forma urgente a las autoridades, un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción”, alertó.

Copal representa a 34 sectores que en conjunto agrupan a unas 14.500 empresas elaboradoras de alimentos y bebidas en todo el territorio argentino.