“Creemos importante y prudente, no tomar resoluciones a escasos días del recambio institucional, y estamos convencidos de la necesidad de generar nuevos acuerdos para los tiempos que vienen”. Con esta frase, las entidades rurales se excusaron el lunes y pegaron un faltazo a la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agropecuario (CNTA) del gobierno de Alberto y Cristina, temerosos de que el Estado avale allí dos pedidos del gremio UATRE que despiertan mucha polémica: un bono de fin de año de 150 mil pesos y un aporte excepcional para la obra social del sindicato.
La saga fue así: el último 28 de noviembre hubo reunión entre los representantes de los empleadores y los trabajadores, y allí se discutieron infinidad de asuntos. A último momento, según relataron fuentes que estuvieron en esa reunión a Bichos de Campo, el gremio salió a plantear estos dos asuntos, así como la declaración de “zona desfavorable” para el trabajo rural al Alto Valle de Río Negro y Neuquén, lo que encarecería los costos laborales en dicha región.
Con la excusa de que debían exponer sus argumentos los sectores involucrados en esta última discusión, la de la zona desfavorable para la producción de manzanas y peras, se acordó que habría una nueva reunión el lunes 4 de diciembre. Pero a primera hora de la mañana las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria) más la CAME enviaron a las autoridades de la CNTA una nota pidieron una prórroga de dicho encuentro hasta después del 10 de diciembre.
“Nuestro pedido se funda en la necesidad de respetar el período de transición institucional que culmina el próximo domingo 10 de diciembre y poder conocer de manera certera, los lineamientos del próximo gobierno, así como la designación de autoridades en los distintos ministerios, que serán los interlocutores naturales tanto para las entidades como para el sindicato en esta mesa de negociación tripartita que
conformamos”, fue la explicación de las patronales agropecuarias, que directamente presentaron esta nota y decidieron no ir a la cita convocada en el Ministerio de Trabajo.
El motivo fue la sospecha de que la UATRE, conducida por José Voytenco, iba a intentar forzar allí, antes del cambio de gobierno, la aprobación de un bono especial de fin de año, semejante al que ya se estableció en años anteriores y que es resistido por las organizaciones agropecuarias porque implica un pago extra al margen de los acuerdos paritarios negociados entre sindicalistas y empleadores. En este caso, los sindicalistas reclamaron como para empezar la discusión una suma de 150 mil pesos por trabajador registrado.
El bono de fin de año fue una costumbre que instaló Voytenco desde que asumió en la UATRE, pero que ha venido siendo resistido por las entidades del campo desde fines de 2022, luego de que el sindicato y los representantes del Estado en la CNTA pactaran, sin presencia de ruralistas, un bono especial de 50 mil pesos, que era del doble del que recibirían el resto de los empleados de la economía formal. En ese caso, a partir de febrero pasado, el bloque empresario apeló la decisión en la justicia, aunque muchos productores finalmente pagaron el adicional a sus empleados.
En este caso, además de instalar la necesidad de un bono que triplicaría la suma del año anterior, la UATRE venía con un pedido adicional: un aporte extraordinario del 2% sobre el salario de cada empleado para destinarlo a la obra social del gremio, para aliviar sus padecimientos financieros.
Ambas pretensiones gremiales fueron blanqueadas en un comunicado de la Sociedad Rural de Río Cuarto, muy crítico de esta ofensiva. “Sin mediar el más mínimo aviso ni análisis, el Gobierno nacional y la UATRE quieren avanzar en un paquete de medidas que incluye dos grandes temas y varios que irían enganchados por detrás: un bono de fin de año de 150 mil pesos para los trabajadores y un plus del 2% en los haberes para financiar la obra social que, según admiten las autoridades, padece una situación financiera compleja”, alertaron los ruralistas.
Un representante de las entidades rurales ante al CNTA confirmó esta situación, que devino en el faltazo generalizado de los representantes de los empleadores ante esta Comisión, como para neutralizar la ofensiva del sindicato. “Nosotros consensuamos una nota porque este no es el momento dada la transición política en el país y las circunstancias económicas actuales. Por eso presentamos el pedido de prórroga”, indicó.
-Pero faltan varios días para el cambio de gobierno. ¿Qué pasa si el Estado y el gremio avanzan en soledad e imponen ambas cosas, como ya sucedió en otras ocasiones?
-Si lo votan habrá que judicializarlo- fue la respuesta.
El dirigente consultado cree que ni el bono de fin de año (que no está previsto en la paritaria) ni el aporte excepcional a la obra social deberían prosperar sin una larga discusión previa. Respecto de ese 2% adicional para rescatar Osprera, recordó que nunca antes hubo un pago semejante, que no correspondería. Y recomendó prudencia a Voytenco en sus peticiones: “No sabemos cómo vamos a jugar con reglas nuevas a partir de la semana que viene, entonces no podemos sentarnos a discutir este tipo de cosas ahora”, indicó.
Esta es la nota de las entidades que justificó el faltazo a la última reunión de la CNTA de la era Alberto y Cristina.
Para los ruralistas cordobeses, el faltazo de los empleadores a la última reunión de la CNTA fue correcto, ya que lo que el gobierno saliente pretendía fue “intentar trasladar, en connivencia con el sindicato, una dificultad financiera de la obra social sin siquiera tomarse el tiempo necesario para analizar los motivos de esa situación. ¿Por qué la obra social está en rojo? ¿Y si el resultado de una auditoría asegura que se debe al mal manejo o administración, por qué los productores deben cubrir eso?”
Se sigue en el problema del campo que se meten a los productores chicos con los famosos pules que ganan millonadas de dolares y el chiquitaje sigue pariendo las leyes y decretos que quieren y hacen los craneos del gobierno