No debe haber mejor forma de festejar el día del periodista agropecuario, este 1° de septiembre, que sintiendo que lo que hacemos resulta útil para algo.
Luego de que Bichos de Campo difundiera la existencia de un proyecto de ley que pretendía excluir a las entidades rurales y a las universidades del Consejo Directivo del INTA, y que luego entrevistáramos a una de las autoras de esa iniciativa, la diputada salteña del Frente de Todos Alcira Figueroa, que reconoció ahí mismo que su propuesta original tenía errores, esta legisladora ingresó al Congreso un nuevo proyecto de su autoría vinculado con este tema.
¿Acaso se vienen más intentos de recorte de la participación de las instituciones del sector productivo en la conducción del INTA? Increíblemente no. Se trata de una iniciativa que dialoga directamente con la anterior, en la que la legisladora se tomó el trabajo de dejar bien en claro lo que días atrás le dijo a este medio: que su intención no era sacar al campo del Consejo sino sumarle nuevas áreas de trabajo y añadir otros representantes.
De esta forma el proyecto reitera en su Artículo 1 la intensión de modificar el artículo 6° del Decreto-Ley N° 21.680 que define la composición del Consejo Directivo, pero aclara punto por punto quiénes serán sus miembros.
Si la iniciativa prospera, la conducción ejecutiva del INTA tendrá un presidente, un vicepresidente y un vocal en representación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, que será elegido por esta entidad. Es decir, como hasta ahora.
Luego habrá cinco vocales “en representación de los productores agropecuarios designados a partir de ternas que elevarán las entidades agropecuarias de acuerdo con las disposiciones vigentes”. Hoy ocupan esas cinco sillas los representantes de Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural, CRA y AACREA.
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A eso se le sumará 1 vocal por la Facultad de Agronomía y uno por la de Veterinaria “o instituciones similares de estudios universitarios equivalentes de las distintas Universidades Nacionales, propuestos directamente por aquéllas de acuerdo a las disposiciones vigentes”. Es decir que también el sector académico conservará sus lugares.
A continuación la legisladora sumó el supuesto ítem que generó el mal entendido. Propuso incorporar “un vocal en representación de las organizaciones de productores familiares de alcance nacional, el cual debe ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
Mirá el proyecto completo acá:
Con estas aclaraciones, la propuesta entonces es dejar al Consejo Directivo con una conformación de 11 miembros, uno más que en la actualidad. Según el texto del nuevo proyecto “deberán durar 4 años en sus funciones, renovándose los vocales por mitades cada dos años y por sorteo la primera vez y podrán ser redesignados”.
“El Consejo Directivo funcionará con un quórum de seis miembros con derecho a voto y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate”, agrega el articulado, que esta vez fue presentado en soledad por la salteña Figueroa. El proyecto original que provocó tanto debate había sido firmado también junto a la fueguina Mabel Caparrós,
En este punto se puede observar que el interés señalado por la diputada Figueroa de sumar a un miembro del Ministerio de Ambiente al Consejo quedó desestimado, ya que no se fue considerado en la repartición de lugares. Tampoco se reserva una silla para el Senasa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las provincias.
“El INTA hoy trabaja con el sector productivo agrario sin distinguir la escala de producción, ya que orienta sus políticas tanto a los sectores de producción agropecuarios de gran escala como así también a los sectores productivos de mediana escala y de la agricultura familiar. Mediante la incorporación del Consejo de la Agricultura familiar se estaría dando un paso estratégico en valorizar y promover el desarrollo territorial de la agricultura familiar campesina e indígena”, afirmó Figueroa en los fundamentos del proyecto.
La nueva iniciativa será girada a las Comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento.
