La discusión por las distancias de aplicación de fitosanitarios en Entre Ríos volvió a escalar, esta vez en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia provincial, donde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos decidió presentarse como amicus curiae para defender la constitucionalidad de la ley vigente. Pero el eje de su exposición fue productivo y, sobre todo, alimentario.
En un comunicado difundido tras la audiencia ante el STJ, la entidad sostuvo que declarar inconstitucionales artículos centrales de la norma que regula las aplicaciones podría implicar la pérdida de 33.700 toneladas de trigo y maíz en la provincia. Traducido en términos más directos, según los cálculos de la propia Bolsa, ese volumen equivale a más de 112.300.000 platos de comida elaborados a partir de harinas de trigo y maíz que dejarían de integrarse a la cadena alimentaria.
La ley en cuestión fue sancionada luego de un proceso que, según recuerda la Bolsa, se inició tras un fallo judicial de 2019 que obligó a la provincia a establecer reglas claras sobre distancias de exclusión para aplicaciones terrestres y aéreas. A partir de allí se abrió un trabajo legislativo que incluyó a actores técnicos, productivos y académicos, y que terminó en una norma que, según la entidad bursátil, se construyó con consenso y respaldo científico.
El debate judicial actual gira en torno a los parámetros de distancia. En antecedentes previos se habían fijado restricciones de hasta 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aéreas en torno a escuelas rurales. La Bolsa advierte que generalizar criterios de ese tipo sobre todo el territorio productivo implicaría sacar de producción superficies significativas, con impacto directo sobre cultivos extensivos clave para la provincia.
En su presentación ante el máximo tribunal entrerriano, la entidad incorporó un análisis territorial sobre la afectación potencial bajo escenarios de exclusión ampliada. Allí sostiene que la merma productiva no es un dato abstracto, sino que repercute en la oferta de granos básicos que alimentan cadenas industriales y, en última instancia, el consumo interno.
La discusión no es nueva en Entre Ríos, una provincia donde la tensión entre producción agrícola y regulación ambiental lleva años de litigios y pronunciamientos judiciales. En esas tierras se iniciaron procesos por malas aplicaciones y pobladores contaminados por ello. Pero la intervención formal de la Bolsa ante el STJ introduce un elemento que busca correr el foco y pasar del conflicto normativo al impacto concreto en la producción de alimentos.
Para la entidad, el punto central es que la ley vigente ya establece resguardos y controles, y que modificar su estructura por vía judicial podría generar un escenario de incertidumbre normativa con consecuencias económicas y sociales. El mensaje ante los jueces fue que no se trata sólo de metros de exclusión, sino de toneladas de granos que sostienen cadenas de valor y millones de raciones de comida.
Ahora la decisión queda en manos del Superior Tribunal de Justicia. Lo que defina no sólo marcará el marco regulatorio de las aplicaciones en Entre Ríos, sino que también enviará una señal hacia otras provincias donde el debate por los fitosanitarios sigue abierto.
