Hace un mes contábamos como una nueva iniciativa gremial retomaba la afección a Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
La láctea que transita un concurso de acreedores desde hace un año, y que tiene ahora una coadministración judicial, para ordenar datos y cuentas, enfrenta ahora un nuevo parate en su historia reciente.
Una crisis de dos décadas, que se complicó en 2017, pero se profundizó a fines de 2023 con un bloqueo gremial de diez meses, fue lo que determinó la presentación en la Justicia comercial el año pasado, en un intento para salvar a una empresa insignia del sector lechero que no sólo da pelea contra las malas decisiones internas sino que además siempre es empujada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), en su intención de hacerla caer a pesar del impacto laboral que esto puede tener a nivel social.
Lentamente en 2025 la Cooperativa fue consiguiendo acuerdos con terceros, para poder reactivarse y con ello cumplir al menos con el pago de salarios. Esto le había permitido llegar a tener en marcha a todas sus plantas, incluida la de San Guillermo, que había logrado un respiro en 2023 con quesos para otra firma y fue la primera en cerrarse con el aquel extenso bloqueo.
Siempre entre rumores que intentan complicar más el caso es que SanCor arrancó este año con una coadministración dispuesta por el Juez Marcelo Gelcich, para agilizar el manejo de números, en cuanto a deudas y pagos. El mayor impacto fue que, a fines de enero, el sindicato denunció ante el Ministerio de Capital Humano que las empresas que operan en las plantas de la cooperativa, Elcor SA, Punta del Agua SA y La Tarantela/Failar SA, debían ser consideradas responsables solidarias de los salarios adeudados, amparándose en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La intención gremial era que las tres empresas que tienen contratos de fasón, al utilizar instalaciones y personal de Sancor, asuman obligaciones laborales que incluyen aportes de seguridad social y eventuales indemnizaciones. Es así que se obligó a los trabajadores a mandar telegramas intimando a estas otras industrias lácteas para cancelar los haberes pendientes, mientras se apuesta al inicio de demandas laborales contra las sociedades comerciales.
Era sabido que esto tendría consecuencias inmediatas y por supuesto, muy negativas.
En estas semanas, no sólo que se paralizó la producción en esas plantas, sino que a la vez las empresas que producían quesos y manteca, principalmente, retiraron de las plantas implementos, insumos y dejaron de remitir leche cruda y crema para su proceso. Incluso envases con las marcas de terceros se sacaron de las plantas, principalmente Devoto, Balnearia y San Guillermo.
El objetivo de Atilra se va cumpliendo, sin ningún tipo de impedimento en esta intervención que ya le pega de lleno a las mismas víctimas de siempre, los trabajadores.
Con un ingreso mínimo de materia prima en las plantas, el movimiento económico se recorta y así se alteraron desde la semana anterior lo que ya era una manera irregular de cumplir con el pago de salarios para más de 900 trabajadores involucrados.
Fue el segundo viernes de febrero que desde el fideicomiso y la administración se informó un inconveniente por el que no se pudo hacer el pago semanal. Recién se cumplió el miércoles pasado, en una semana corta, pero en lugar de depositar 450 mil pesos, como correspondía, el pago fue por 250 mil.
Este último viernes de los pagos semanales no hubo novedades en las cuentas de la gente. Hasta última hora de la noche, que se supo que se habría hecho un nuevo depósito en las cuentas por 390 mil pesos.
Además, las presiones gremiales no se diluyeron ante quienes no acompañan sus ideas. Entonces algunos trabajadores se encontraron con amenazas del corte de servicio de salud al no querer acompañar la manifestación frente al Congreso de la Nación, durante la primera jornada de tratamiento de la reforma laboral en el Senado. No puede Atilra discontinuar la atención de Ospil, a pesar de estar intervenida a nivel nacional, pero esta es una práctica habitual que se sigue repitiendo para no ceder poder.
El juez concursal intervino SanCor ante una catarata de incumplimientos de la empresa láctea
Los trabajadores de Sancor viven hace años una crisis que todo el tiempo se renueva y complica, y ya acumulan seis meses de demora en el pago de salarios, además de deudas históricas que entraron en el concurso. Pero lo que es constante es un gremio que intenta cumplir con su objeto de hacerse de la empresa, con prácticas que todos rechazan, pero que pocos se animan a contar por las represalias consabidas.
Sin posibilidad de intervención por parte de los gobiernos provinciales o nacional, el silencio en la Cooperativa es parte de su estructura, la falta de reacción contra la iniciativa gremial es lo que la trajo a la situación en la que está, mientras la gente sufre un día a día cada vez más indefinido.
