La empresa aceitera y fábrica de biodiésel Viluco, ubicada en la localidad de Frías, en Santiago del Estero, cesó por completo su actividad productiva la semana pasada y acaba de ser bloqueada por gremialistas de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de República Argentina (URGARA), a raíz del fracaso en las negociaciones en la cartera laboral de la provincia.
La empresa, inaugurada en 2009 y propiedad del grupo tucumano Lucci, presentó días atrás un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), mediante el cual busca despedir a 55 trabajadores de ese gremio abonando solo el 50% de las indemnizaciones y en cuotas, algo que fue rechazado por el sindicato.
Tal como había anticipado Bichos de Campo, y a pesar de la desmentida de la empresa, Viluco vive una crisis económica casi terminal, que terminó llevándola a presentar ante la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero el pedido de aprobación de un PPP. Inicialmente su idea era despedir a 117 trabajadores de distintos sectores, pagando indemnizaciones al 50% de su valor y en cuotas.
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Como este conflicto no se pudo resolver a favor de la compañía, desde la semana pasada la aceitera procedió a suspender a los otros 83 empleados restantes, que continuaban desempeñándose en el sector encargado de la producción de biodiesel, por lo que son 200 los puestos de trabajo que en este momento peligran.
“La empresa comunicó que presentarán una oferta superadora en cuanto a las indemnizaciones, pero no especificaron cuál es porcentaje real superior al 50% que ellos plantean. Además, están vaciando la planta y los puestos de trabajo de la totalidad de los compañeros peligran”.explicó el delegado local del sector de Acopios de URGARA, Hugo Toledo, que teme que Viluco cierre completamente su planta sin haber resuelto antes esta negociación.
Así las cosas, la planta ahora bloqueada por el sindicato quedó totalmente parada desde la semana pasada. La carga de camiones con transporte de biodiesel continuaba hasta este martes, pero ahora fue interrumpida por la medida de fuerza de URGARA y Aceiteros, los dos gremios involucrados.
“Queremos una solución real y definitiva a nuestro conflicto. Se trata de un proceso fraudulento que intenta vulnerar nuestros derechos como trabajadores”, señaló Toledo.
