El gobierno nacional se encamina hacia un nuevo intento de ajustar y reformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y le presentó a las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace, que conforman el Consejo Directivo del organismo, su nueva propuesta de achique.
Este intento de reformar el INTA viene luego de las duras derrotas en el ámbito legislativo y judicial que enfrentó el gobierno, a su intento previo por desmantelar el organismo de ciencia y técnica, sobre todo en lo que tiene que con la venta de tierras y edificios, despidos de trabajadores y cierres completos de líneas de investigación. El plan no excede a la propuesta oficial sobre la ciencia que Javier Milei propone para su gestión presidencial.
Esta nueva propuesta contempla el desprendimiento de 42 mil hectáreas, retiros voluntarios masivos, y el cierre de muchos de los centros regionales que posee el INTA pasando a estar bajo nuevas “macrorregiones”, como temas principales.
Resistido por los trabajadores e investigadores de APINTA, este plan fue puesto sobre la mesa ante los presidentes de la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, quienes conforman (además de la Mesa de Enlace) el Consejo Directivo del organismo. Sin el consenso y los votos de los representantes de las entidades, ningún cambio será posible. CRA no participó de la reunión ya que espera la designación formal de su delegado.
Al finalizar la reunión, los miembros de las entidades gremiales manifestaron sus pareceres, y fue Andrea Sarnari quien se mostró más dura y mas “opositora” a este plan oficial. De acuerdo a la presidenta de Federación Agraria Argentina, comienza ahora el proceso de debate interno dentro de cada entidad, y se irán manteniendo reuniones hasta que en abril se tenga un resultado definitivo, y quede conformado este nuevo INTA, consensuado entre las entidades y el gobierno.
En diálogo posterior al encuentro, explicó que la reunión se desarrolló como una instancia de trabajo, en la que el Gobierno presentó “seis o siete puntos” de reestructuración y se abrió una ronda de opiniones entre los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. “Pedimos tiempo para analizar porque hay propuestas que de entrada no compartimos y, además, falta información clave para poder tomar decisiones”, resumió.
Uno de los ejes centrales fue la intención oficial de reorganizar los actuales centros regionales del INTA en un esquema de “macrorregiones”, lo que implicaría la desaparición administrativa de las quince regiones vigentes. Según Sarnari, aunque desde el Gobierno se planteó que el cambio no afectaría la presencia territorial, desde la Federación Agraria la lectura es opuesta. “Para nosotros la territorialidad está en riesgo. Si se avanza, tiene que ser con un trabajo muy fino, sin tocar la presencia del INTA en el territorio”, advirtió.
En ese punto, la dirigente subrayó que no se trata solo de una discusión administrativa entre el Estado y las entidades rurales, sino de una decisión que involucra a los actores locales. “El diálogo tiene que ser con quienes están en el territorio. La propuesta oficial pretendía avanzar rápido y con una definición cerrada; ahí nos opusimos y logramos que ese tema se trabaje con más tiempo”, explicó.
Otro de los capítulos más sensibles fue el de las tierras. Si bien el plan oficial volvió a mencionar el universo de unas 42.000 hectáreas, Sarnari aclaró que, al menos por ahora, no se habló explícitamente de ventas. “Se está planteando una evaluación para determinar si hay tierras productivas o no productivas para el INTA. Desde la Federación Agraria empezamos un relevamiento y, hasta ahora, lo que vemos son tierras clave para el desarrollo tecnológico”, señaló. En las regiones ya analizadas, especialmente en la zona pampeana, aseguró que no se detectaron campos improductivos, sino predios ocupados por proyectos en marcha.
Aun así, dejó abierta la discusión sobre el destino que podrían tener esos activos si se comprobara que no cumplen una función estratégica. “No estamos de acuerdo con la venta ni con desarticular herramientas del Estado, pero sí entendemos que, si alguna tierra no es útil para el INTA, podría tener otro uso dentro del Estado. Eso requiere estudio y tiempo”, remarcó.
La posible desarticulación de las cooperadoras y operadoras del organismo fue otro punto de fricción. Sarnari reconoció que existen experiencias que no funcionan adecuadamente, pero defendió el rol de aquellas que sí lo hacen y que, además, articulan con otros actores locales. “Necesitamos organización territorial para manejar recursos. Se están analizando alternativas para ordenar eso sin destruir lo que hoy funciona”, explicó.
En materia de investigación, el foco estuvo puesto en la agricultura familiar. El documento oficial propone revisar líneas y programas, e incluso plantea la eliminación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF). Allí la posición de la Federación Agraria fue categórica. “Estamos de acuerdo en revisar y redireccionar investigaciones, pero no en cerrar el CIPAF. Los productores de menor escala necesitan acceso a tecnología y eso hoy lo garantiza ese centro”, afirmó. Según Sarnari, la entidad ya comenzó a evaluar los avances logrados y las áreas que deberían fortalecerse, como la incorporación de nuevas tecnologías adaptadas a pequeña escala.
Más allá de los rechazos, la dirigente destacó que se acordó un cronograma de trabajo. Hasta abril del año próximo habrá reuniones periódicas entre las entidades y el Gobierno, además de los encuentros formales del Consejo Directivo. “La idea es llegar a abril con definiciones consensuadas, o al menos con decisiones que se puedan implementar de manera gradual, sin perjudicar al instituto. Todo lo que sea para mejorarlo, bienvenido”, sostuvo.
Una mirada más moderada aportó Lucas Magnano, presidente de Coninagro. Para el dirigente cooperativista, uno de los consensos iniciales fue la necesidad de fijar plazos concretos. “Lo que presentó el Gobierno no es inamovible; está abierto a intercambios. Pero es clave poner fechas para avanzar en lo que se va acordando, porque si no, se dilata”, señaló.
Desde su perspectiva, el debate de fondo pasa por recuperar el rol del INTA como herramienta tecnológica para el productor. “Queremos que vuelva a ser un instituto de tecnología agropecuaria. En los detalles puede haber discusiones, pero el objetivo general es ese”, afirmó.
Respecto del relevamiento territorial, admitió que la situación es heterogénea. “Hay lugares donde aparecen predios que no se usan y otros donde todavía falta ir al territorio y hablar con la gente. Para la mayoría de esos trabajos ya hay fechas, que apuntan al primer cuatrimestre del año que viene”, indicó. En ese sentido, confirmó que la decisión final se proyecta para abril, cuando se evalúen los avances y se cierre el proceso.
Magnano insistió en que el espíritu de la propuesta oficial apunta a una mayor eficiencia en el uso de los recursos y a un perfil más experimental del organismo. Sin embargo, reconoció que el contexto genera incertidumbre en el personal. “En el medio están los que trabajan en el territorio, con dudas sobre presupuestos y ejecución. Por eso es importante avanzar rápido en lo que hay acuerdo y seguir discutiendo lo demás”, concluyó.
